El PE negó haber acordado un aumento con la sanidad

Ahora resulta que el Poder Ejecutivo no acordó ninguna mejora salarial con el gremio de la sanidad. Así lo afirmó ayer a LA GACETA el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, al referirse al encuentro que mantuvo el gobernador José Alperovich, el viernes pasado, con la cúpula de ATSA, y de la que la dirigencia sindical salió satisfecha por el presunto convenio con el PE para aplicar un sueldo de $ 155 en el sector. "Nada se acordó; hay una confusión", enfatizó Jiménez. Sostuvo que el conflicto en los hospitales se destrabó porque el gremio aceptó la conciliación obligatoria. "Hasta el 10 de junio se conversará con la buena voluntad de ambas partes", añadió.
"Por supuesto que hubo un compromiso, y salió del propio gobernador", replicó el secretario general de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Raúl Quinteros, al enterarse de los dichos del titular de la cartera política. "Se comprometió conmigo, delante de las autoridades nacionales del sindicato (Juan Carlos Navarro), a que se trabajaría para llegar al sueldo de $ 155, al margen de los $ 50 de suma fija", agregó, fastidiado, el dirigente a LA GACETA.
Según Quinteros, en la reunión con Alperovich se convino buscar los recursos para garantizar ese monto básico para el área de la salud, sobre el cual se aplicarían los índices del escalafón propio. "Si hasta el 10 de junio no nos confirman los $ 155, iniciaremos inmediatamente medidas de fuerza", advirtió el gremialista.
Pero el otorgamiento de esa posible mejora fue puesto en duda por Jiménez. "El gobernador dijo que dio lo que está dentro de las posibilidades", apuntó, dando a entender que en la negociación es casi improbable que llegue a convenirse un incremento salarial. "Deben comprender la situación de la provincia", señaló.

Amenazan con la instalación de carpas
Además del conflicto con el Gobierno por los sueldos, existen diferencias entre los propios dirigentes sindicales, que están sólo unidos en el reclamo de un básico de $ 350. Eso quedó evidenciado ayer, durante la marcha que realizó la Intersindical de Gremios Estatales, de la que participaron delegaciones de la Unión Docentes de Tucumán (UDA), del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado Provincial (Sutep), del Sindicato de Trabajadores de la Vivienda (Sitravi), del Sindicato Empleados del Casino y de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU).
"Con un asadito de domingo no nos convencerán", dijo Carlos Giménez (UDT) en la concentración frente a la Casa de Gobierno, al aludir al encuentro entre el gobernador José Alperovich y algunos sindicalistas. El dirigente docente advirtió que instalarán carpas en la plaza Independencia si el Poder Ejecutivo no otorga el incremento salarial. Además, señaló que el Gobierno miente cuando afirma que el sueldo promedio de un maestro es de $ 973.
Víctor Molina (Sutep) también cargó contra gremialistas que no mencionó. "Queremos la unidad, pero no con aquellos que se cansaron de comer asados con cuanto gobernador pasó por la provincia", dijo. Indicó que los estatales están hartos de que les digan que no hay plata. "Vamos a lograr que nos den los $ 350, aunque eso sea lo último que hagamos", manifestó. Finalmente, adelantó que se harán quites de colaboración en forma progresiva en las reparticiones estatales, hasta llegar a un paro general.
En la marcha se observó a los ex legisladores Gumersindo Parajón y Julio Díaz Lozano, quienes, desde la Multisectorial, apoyan las demandas gremiales.

Rechazan la persecución a sindicalistas
El ministro de Seguridad Ciudadana Pablo Baillo negó ayer ante la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que el Gobierno haya ordenado algún tipo de persecución contra dirigentes gremiales, sociales o políticos. "Ese tipo de maniobras no responde a decisiones del Estado", afirmó el funcionario quien concurrió a la Cámara acompañado por el secretario del área Osvaldo Nieva y por el jefe de Policía Pedro Ledesma.
La reunión fue motivada por las denuncias realizadas por distintas organizaciones, advirtiendo sobre la presencia intimidatoria de efectivos policiales en sus locales o siguiendo a sus dirigentes. El legislador José Cano, presidente de la comisión, informó que las presentaciones fueron realizadas por el Partido Socialista Popular, la Unión Docentes de Tucumán, Vialidad Provincial, Fotia y el dirigente de la sanidad Raúl Quinteros.
Baillo pidió a los legisladores que envíen la documentación al ministerio para que sean investigadas. En el encuentro se sugirió la posibilidad de que algún sector vinculado con las fuerzas de seguridad esté interesado en realizar este tipo de prácticas. "Espero que no, pero no descartamos nada", dijo el funcionario.
El legislador Alejandro Sangenis aprovechó la visita del ministro que formalice ante la Justicia la denuncia que advirtió sobre la presencia de micrófonos en el despacho del gobernador.