Koltan dice que aún no fue notificado

"Aún no me notificaron nada. Cuando eso suceda, diré lo que corresponda". Esta fue la única declaración que ayer quiso hacer a LA GACETA el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan, luego de que el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, pidió que lo sometan a un juicio oral junto al subinterventor del organismo, Medardo Benítez, y a otros tres empleados de la institución.
Gallo consideró que Koltan y Benítez habrían cometido administración fraudulenta calificada en dos oportunidades por el aporte de $ 27.627 que se otorgó a la familia del empresario Oscar Macías, pese a que este no es afiliado a la obra social oficial (Subsidio de Salud). Eduardo Jatib (ex jefe de Contabilidad General), José Carullo (gerente administrativo) y Gerardo Tripolone (protesorero) fueron imputados como partícipes necesarios.
Salvo Jatib, los otros protagonistas guardaron silencio. A primera hora, Koltan y Benítez analizaron el caso junto a su abogado, Jorge Posse. Luego, el interventor recibió una llamada de la Casa de Gobierno. Funcionarios próximos a él deslizaron que no tiene pensado renunciar, pese a ser el primer hombre de la gestión de José Alperovich en ser imputado por la Justicia.
"Es injusto que mezclen a todos en la misma bolsa. Hubo una orden de las autoridades de la entidad que debía ser cumplida. En el área contable no nos podíamos negar a firmar los cheques. A otros sectores les correspondía determinar si Macías era afiliado al Subsidio", manifestó Jatib.
El ex contador recordó que Koltan le asignó otra función: cobrador de obras sociales. "Recurrí judicialmente ese cambio e interpuse la tutela sindical. El interventor culpa al gremio de que haya salido a la luz esta situación, pero la responsabilidad la asumió el gobernador primero y la conducción después", dijo.
La Asociación Tucumana de Empleados de Previsión y Seguridad Social (Atepyss) no se pronunció, pese a que Jatib y Tripolone son directivos, y pese a que existe un reconocido enfrentamiento con Koltan.

Criterios diferentes
Los imputados tienen hasta el lunes, a las 10, para recurrir el requerimiento de Gallo. Luego, el fiscal remitirá la causa al juez que por turno corresponda. Tomaría como fecha cuando inició de oficio la investigación (3 de marzo), por lo que enviaría la causa al juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez.
Si el fiscal tuviera como referencia las fechas en que se emitieron la resolución o los cheques en favor de Macías (entre el 10 y el 12 de febrero), la causa pasaría al juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zotolli.

El fiscal hizo lo que debía, según Jiménez
"Lo importante está en que no es la Justicia la que está accionando o resolviendo un dictamen desfavorable contra (Mario) Koltan, sino que se trata de la acción propia de un fiscal y que le corresponde por su función". Así lo expresó ayer el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, al aludir a la decisión del fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, de sustanciar el juicio oral contra el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) por la entrega de $ 27.627 al empresario Oscar Macías.
Jiménez minimizó el efecto de la medida al manifestar que en el esquema judicial el fiscal es el que acusa, el que persigue la condena. "Lo deben haber visto en las películas; es el que aporta las pruebas, el que pretende que se condene al involucrado", agregó. Indicó que eso es lo que hizo Gallo con Koltan. "Pidió que se eleve a juicio porque estima que hay elementos suficientes para presumir que pudo haberse cometido un delito", acotó.
¿No están dados esos elementos?, se le preguntó. "Es una decisión que debe tomar la Justicia", contestó. Apuntó que desconocía si Koltan había sido notificado y dijo que era posible que los defensores del funcionario recurran la medida ante el juez, "que es el que tiene que decidir".
Además, Jiménez descartó que el proceso involucre al gobernador José Alperovich por haber firmado un decreto. "No está dentro de lo judiciable", afirmó.

Niegan que Macías haya carecido de medios económicos
El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, no duda de que se cometió un delito cuando el Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) libró $ 27.627 en favor del empresario Oscar Macías, quien no es afiliado al Subsidio de Salud (depende del IPSS). "No carecía de recursos y gozaba de los beneficios de la obra social de la UNT", afirmó el funcionario judicial al considerar que el interventor y el subinterventor del IPSS, Mario Koltan y Medardo Benítez, respectivamente, incurrieron en administración fraudulenta calificada en dos oportunidades.
Gallo calificó de irrisorios los argumentos del defensor de los dos principales imputados (Jorge Posse). También aclaró que Eduardo Jatib (ex jefe de Contabilidad General), José Carullo (gerente administrativo) y Gerardo Tripolone (protesorero), por sus altos cargos, debieron haber controlado previamente al acto administrativo. El fiscal requirió un juicio oral para los cinco.
"El IPSS se vio perjudicado con el obrar doloso de sus representantes al ejecutar la disposición patrimonial que produjo un perjuicio efectivo, concreto y real. Carece de importancia que haya sido posteriormente reparado", concluyó Gallo. Este interpretó que la irregularidad se cometió, pese a que el Poder Ejecutivo restituyó luego el aporte de $ 27.627 al IPSS. A su vez, la familia Macías hizo lo mismo con el Estado.
Gallo aseveró que Koltan y Benítez emitieron resoluciones sin sustento. "Dispusieron arbitrariamente de dinero público cuya administración les fue confiada por mandato legal, dándole un uso o destino diferente para el cual habían sido habilitados. Se dispuso el desplazamiento de fondos en favor de una persona que no es ni era en ese momento afiliado de la obra social". Esto afirmó el fiscal sobre el dinero que se otorgó a Macías para que fuera trasladado (en avión) e internado en la Capital Federal.