Rechazan una intimación de la Corte Suprema

La Federación Judicial Argentina, que reúne a los gremios de 22 provincias, repudió que el personal que cumple tareas en la morgue de Tucumán haya sido intimado a jubilarse, en términos que fueron calificados como "lesivos desde la óptica económica".
La entidad, que conduce Jorge Alberto Izquierdo, reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia el archivo de ese expediente administrativo.
Tal como lo publicó LA GACETA, el presidente del superior tribunal, Antonio Gandur, exigió la jubilación a Horacio Jiménez, a Antenor Rojas Paz, a Antonio Pacheco y a Eduardo Coria, y advirtió que, de no concretar los trámites previsionales, se los podría dejar cesantes.
Los funcionarios judiciales resisten la medida. El año pasado iniciaron una acción en la Justicia Federal para que se determine cuál ley jubilatoria se debe aplicar. Ocurre que mientras Gandur afirma que está vigente el Régimen Previsional Diferencial tucumano, los afectados aseguran que esa norma perdió vigencia cuando se decidió el traspaso del sistema a la Nación, y que les corresponde retirarse de sus cargos cuando cumplan 65 años (les falta todavía más de una década para acogerse al beneficio jubilatorio).
Precisamente, en un comunicado oficial enviado a LA GACETA, la Federación Judicial Argentina, que integra la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), hizo hincapié en que se debe esperar el pronunciamiento judicial definitivo de la causa tramitada en el fuero federal. "Es posible aún acercar posiciones entre los afectados y la Corte, para no perjudicar a quienes durante más de 30 años prestaron tareas eminentemente perjudiciales para la salud y, ahora, son intimados a acogerse a una jubilación compulsiva que no contempla las lógicas expectativas de un digno retiro", agregó.
El reclamo surgió luego de una reunión con las filiales de Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Corrientes, Misiones, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Río Negro y San Juan.