Por ahora, Tucumán no atrasará la hora

"Al huso horario no lo toco. Espero que ustedes definan qué harán con la hora oficial del país y luego Tucumán decidirá al respecto". Desde este modo, el gobernador José Alperovich le comunicó al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, que la provincia no atrasará su hora. La charla telefónica entre Alperovich y De Vido se realizó el viernes, pasadas las 20.30.
Paralelamente a esta decisión, el propio mandatario, por decreto, decidió que Tucumán se adhiera al Plan de Uso Racional de Energía impulsado por la administración nacional, y dejó para más adelante la eventual modificación del huso horario.
Así, el Gobierno descartó, momentáneamente, el cambio de hora en la provincia que, en principio, iba a regir a partir del 30 del corriente. "En los próximos diez días, el Gobierno nacional tomará una decisión respecto del huso horario", indicó el gobernador en diálogo con LA GACETA.
Una de las alternativas que tiene la gestión del presidente Néstor Kirchner es la de modificar el horario (atraso de una hora) entre el mes próximo y el primer domingo de octubre, con el fin de ahorrar energía en todo el país.

Sostener la industria
Después de consultar a expertos universitarios, de los órganos reguladores, de empresas distribuidoras y de entidades empresarias, el Poder Ejecutivo decidió adherirse al Plan de Uso Racional de Energía para incentivar el ahorro en la población y, de este modo, mejorar las condiciones de abastecimiento de gas natural y de energía eléctrica en Tucumán.
"Los saldos energéticos se destinarán al uso en las industrias que incrementaron la demanda debido al crecimiento de sus niveles de actividad económica, lo que, a su vez, garantiza la fuente laboral y el crecimiento del empleo", dicen los considerandos del decreto del Poder Ejecutivo.
"Durante el período enero-abril pasado, hubo un aumento de la demanda mayorista de energía eléctrica del 10,12% respecto de igual período de 2003", expresa el informe oficial.
Respecto de los premios y de los recargos económicos dispuestos por la Nación, "la estructura tarifaria de Tucumán ya los tiene incorporados, en razón de tener una tarifa creciente y progresiva, que brinda premios al que menos consume", agrega el diagnóstico.
El Gobierno -dice el decreto- racionalizará el uso de energía (luz y calefacción, entre otros) en todas sus dependencias, e invita a los otros poderes y a los municipios a tomar idénticas medidas. A su vez, se procurará que EDET distribuya entre sus clientes residenciales folletos ilustrativos sobre el correcto uso de la energía.
Por razones de seguridad, no se comprometerá el normal funcionamiento del alumbrado público. Finalmente, se invita a las cámaras empresarias a promover acciones para incentivar el ahorro.

Mermarían penas a los que más consumen
El Gobierno nacional comenzó a analizar la posibilidad de disminuir las penas a aquellos usuarios que incrementen el consumo de energía durante el invierno respecto de 2003. La idea tiende a no perjudicar a la población considerada como usuario residencial.
La decisión fue adoptada por el presidente Néstor Kirchner, quien instruyó a los técnicos de la Secretaría de Energía a que los castigos sean inferiores al 100% previsto originalmente con la aplicación del Plan de Uso Racional de Energía (PURE).
Ese programa establecía penas para aquellos usuarios que excedieran el consumo de 600 kilowatts/hora (KwH) por bimestre y, en consecuencia, no ahorren un 5% respecto de igual período del año pasado. La pena económica llegaría al 56% del valor de la factura. El sistema de premios y castigos del plan federal será publicado mañana en el Boletín Oficial de la Nación, según indicaron funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.
En cuanto a los comerciantes, el incremento oscilaría entre el 22% y el 50%, según su categoría (G1 a G3). En cuanto al gas, si el consumo excede el 95% respecto de lo utilizado el año pasado, el aumento será de entre el 35% y el 40% en el valor del metro cúbico (para usuarios que demandan más de 1.000 m3). La Nación, a su vez, sostiene que cada provincia tendrá autonomía para disponer las medidas de ahorro, siempre y cuando se mantengan los parámetros de racionalización que, en el caso de la electricidad, establece un mínimo del 5% de ahorro respecto de 2003. (Especial)