La polémica por la decisión del Gobierno de entregarle $ 27.627 al empresario Oscar Macías escaló un peldaño más con las últimas novedades judiciales.
El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, consideró probado que en la entrega del dinero se cometió administración fraudulenta calificada en perjuicio del Estado, según se supo extraoficialmente en Tribunales. Por este motivo, el viernes pidió que se sustancie juicio oral contra el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan; contra su segundo, Medardo Benítez; y contra tres empleados de la entidad: el ex jefe de Contabilidad General, Eduardo Jatib; el gerente administrativo, José Carullo; y el ex tesorero Gerardo Tripolone.
De este modo, Koltan se transformó en el primer integrante de la actual gestión que puede ser sometido a un proceso plenario ante un tribunal penal por un presunto delito. Como titular del IPSS, habría sido identificado por Gallo como el principal responsable al haber ordenado la entrega de los fondos a Macías, pese a no ser afiliado al Subsidio de Salud, la obra social estatal. En el mismo nivel de responsabilidad estaría Benítez.
Los otros mencionados en la causa también fueron alcanzados en el pronunciamiento fiscal porque firmaron libramientos, cheques o trámites internos para conceder el subsidio.
La situación que originó el proceso comenzó el 10 de febrero pasado, cuando el Poder Ejecutivo instruyó a Koltan para que ayude a Macías. Dos días después, el IPSS liberó los fondos solicitados, que luego fueron reintegrados a la entidad por la administración central. A su vez, los familiares del empresario devolvieron el aporte al Estado.
En su defensa, el interventor presentó el decreto 514, firmado por el gobernador José Alperovich; por el ministro de Salud, Juan Manzur, y por el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil. El 9 de marzo pasado, el mandatario reconoció haber sido quien decidió la entrega de los recursos, y asumió esa responsabilidad. Al día siguiente, la comisión de Juicio Político de la Legislatura archivó un pedido de destitución contra Alperovich, promovido por Gumersindo Parajón, por este tema.
Notificación
Los fundamentos de la resolución del fiscal anticorrupción aún no trascendieron, ya que los involucrados fueron notificados recién a última hora del viernes. El expediente habría sido remitido al juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, a quien le correspondería entender en la causa por el turno judicial. Puede acceder al pedido; rechazar los argumentos y archivar la causa; o devolver el expediente para que se profundice la investigación.
Gallo no habría abundado en la situación económico financiera de Macías, ni tampoco habría indagado si tenía otra obra social para atender su problema de salud (trascendió que está cubierto por la Acción Social de la UNT). Por el contrario, le habría bastado con confirmar que no era afiliado al Subsidio de Salud para determinar la presunta consumación de un delito.
El fiscal calificó lo ocurrido como administración fraudulenta calificada en dos oportunidades, ya que se emitieron dos cheques para cubrir los gastos médicos del empresario afectado por un problema vascular. Con el desembolso de $ 17.627 se pagó el viaje en avión sanitario de la empresa Medical Jet hasta la Capital Federal; y con el de $ 10.000, la internación en el sanatorio porteño Fleni.
Por estos libramientos, Koltan fue multado con dos meses de sueldo por el Tribunal de Cuentas. El ente de control le impuso luego una nueva sanción de tres meses de sueldo por haber efectuado denuncias falsas de anomalías en gestiones anteriores.
Inicialmente, se especuló con que el fiscal iba a dividir la causa, requerir el enjuiciamiento de los funcionarios políticos (Koltan y Benítez) y liberar de culpa al resto, que actualmente está enfrentado con la conducción del IPSS. Sin embargo, a todos les cupo la misma suerte.
El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, consideró probado que en la entrega del dinero se cometió administración fraudulenta calificada en perjuicio del Estado, según se supo extraoficialmente en Tribunales. Por este motivo, el viernes pidió que se sustancie juicio oral contra el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan; contra su segundo, Medardo Benítez; y contra tres empleados de la entidad: el ex jefe de Contabilidad General, Eduardo Jatib; el gerente administrativo, José Carullo; y el ex tesorero Gerardo Tripolone.
De este modo, Koltan se transformó en el primer integrante de la actual gestión que puede ser sometido a un proceso plenario ante un tribunal penal por un presunto delito. Como titular del IPSS, habría sido identificado por Gallo como el principal responsable al haber ordenado la entrega de los fondos a Macías, pese a no ser afiliado al Subsidio de Salud, la obra social estatal. En el mismo nivel de responsabilidad estaría Benítez.
Los otros mencionados en la causa también fueron alcanzados en el pronunciamiento fiscal porque firmaron libramientos, cheques o trámites internos para conceder el subsidio.
La situación que originó el proceso comenzó el 10 de febrero pasado, cuando el Poder Ejecutivo instruyó a Koltan para que ayude a Macías. Dos días después, el IPSS liberó los fondos solicitados, que luego fueron reintegrados a la entidad por la administración central. A su vez, los familiares del empresario devolvieron el aporte al Estado.
En su defensa, el interventor presentó el decreto 514, firmado por el gobernador José Alperovich; por el ministro de Salud, Juan Manzur, y por el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil. El 9 de marzo pasado, el mandatario reconoció haber sido quien decidió la entrega de los recursos, y asumió esa responsabilidad. Al día siguiente, la comisión de Juicio Político de la Legislatura archivó un pedido de destitución contra Alperovich, promovido por Gumersindo Parajón, por este tema.
Notificación
Los fundamentos de la resolución del fiscal anticorrupción aún no trascendieron, ya que los involucrados fueron notificados recién a última hora del viernes. El expediente habría sido remitido al juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, a quien le correspondería entender en la causa por el turno judicial. Puede acceder al pedido; rechazar los argumentos y archivar la causa; o devolver el expediente para que se profundice la investigación.
Gallo no habría abundado en la situación económico financiera de Macías, ni tampoco habría indagado si tenía otra obra social para atender su problema de salud (trascendió que está cubierto por la Acción Social de la UNT). Por el contrario, le habría bastado con confirmar que no era afiliado al Subsidio de Salud para determinar la presunta consumación de un delito.
El fiscal calificó lo ocurrido como administración fraudulenta calificada en dos oportunidades, ya que se emitieron dos cheques para cubrir los gastos médicos del empresario afectado por un problema vascular. Con el desembolso de $ 17.627 se pagó el viaje en avión sanitario de la empresa Medical Jet hasta la Capital Federal; y con el de $ 10.000, la internación en el sanatorio porteño Fleni.
Por estos libramientos, Koltan fue multado con dos meses de sueldo por el Tribunal de Cuentas. El ente de control le impuso luego una nueva sanción de tres meses de sueldo por haber efectuado denuncias falsas de anomalías en gestiones anteriores.
Inicialmente, se especuló con que el fiscal iba a dividir la causa, requerir el enjuiciamiento de los funcionarios políticos (Koltan y Benítez) y liberar de culpa al resto, que actualmente está enfrentado con la conducción del IPSS. Sin embargo, a todos les cupo la misma suerte.







