El Gobierno encontró ayer una solución para conflicto que mantiene con los empleados de la Sanidad por el incremento de salarios, que facilitó el levantamiento de la medida de fuerza en los hospitales, y cerró con un avance una semana marcada por el endurecimiento del reclamo por parte de los gremios estatales.
El acuerdo fue consensuado por el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri, quien se ofreció como nexo entre la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa) y el titular del Ejecutivo. Las conversaciones entre ambos funcionarios derivaron en un ofrecimiento que fue aceptado por el secretario general del gremio Raúl Quinteros y avalado por Juan Carlos Navarro, secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa).
Navarro y Quinteros cerraron los detalles del acuerdo con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y posteriormente se entrevistaron con el gobernador para garantizar la suspensión del conflicto.
ATSA aceptó acatar la conciliación obligatoria decretada por la Secretaría de Trabajo y levantar la medida de fuerza en los hospitales hasta el próximo 10 de junio. A cambio, el Gobierno redefinirá el presupuesto de salud para que, con fondos generados por el propio sistema se garantice el pago de un básico testigo de $ 155, además de los $ 50 no remunerativos. Actualmente el ingreso mínimo es de $ 100,8. Con el nuevo piso del sector, se modificarían los valores según el sistema de índice del personal hospitalario. Quinteros explicó que lo acordado no implica abandonar el reclamo de los $ 350, pero dijo que es un principio de solución. "No se puede vivir en conflicto permanentemente", afirmó Navarro.
Con el resto de los trabajadores estatales no hubo acercamientos. Jiménez anticipó que, desde el lunes, comenzará a dialogar con cada uno de los gremios en forma separada. "Hay reclamos diferentes a los que podemos ir dándoles respuesta, a pesar de la limitaciones reconocidas por el gobernador", afirmó el ministro.
El mensaje del Ejecutivo no fue bien recibido por el frente de gremios, que ayer realizó una nueva jornada de protesta. Al mediodía, el plenario de esa organización que agrupa a ATE, ATEP, Vialidad provincial y a un sector de los municipales de la capital y del interior, ratificó la continuidad de las medidas de fuerza previstas para la próxima semana con una marcha el 27. Luis Arroyo (ATE) anticipó que aceptarán la invitación a dialogar del Gobierno, pero sólo si la negociación es con todo el Frente. "No iremos uno por uno a la Casa de Gobierno", afirmó. Los estatales quieren evitar que se quiebre una posición que ayer mostró sus primeras grietas.
ATE, docentes, viales y municipales del interior ratificaron sus protestas
El frente de gremios estatales ratificó la continuidad de las medidas de fuerza iniciadas por el salario básico de $ 350. Sin embargo, la protesta realizada durante la jornada de ayer tuvo un menor acatamiento que la del miércoles, porque el pago a los municipales de la capital de los $ 50 otorgados por el Ejecutivo apaciguó los ánimos en las distintas reparticiones.
En la dirección de Obras Públicas, por ejemplo, los trabajadores realizaron una asamblea a las 9 y resolvieron continuar con el plan de lucha. Sin embargo, la confirmación del pago hizo suspender el corte de calle anunciado para las 10, para que el personal pudiera dirigirse a cobrar.
La protesta sí se hizo sentir en las direcciones provinciales de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y del Agua, donde el personal realizó asambleas callejeras y cortó la circulación de vehículos durante casi tres horas. Daniel Osores, delegado de ATE, aseguró que los trabajadores esperan alguna respuesta del Gobierno. "Por ahora, las autoridades sólo reconocen la legitimidad de nuestro reclamo, pero el aumento no aparece", dijo desde el piquete ubicado en la intersección de La Rioja y Bolívar.
Por su parte, Luis Arroyo (ATE) acusó al Poder Ejecutivo de tener un doble discurso. "Por un lado convocan al diálogo y, por el otro, nos acusan de tener intereses políticos", aseveró.
Como en anteriores jornadas, la fuerza de la protesta se concentró en el interior. Los trabajadores municipales y de comunas rurales cortaron la ruta en ocho puntos distintos. El piquete más duro se registró en la ruta 38, a la altura del río Chico, donde la circulación de vehículos fue interrumpida en forma total durante varias horas, generando largas colas de vehículos. Los estatales estuvieron acompañados por las organizaciones piqueteras Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados ( MIJD) y el Polo Obrero.
El dirigente Vicente Ruiz ratificó que no habrá marcha atrás con la marcha prevista para el próximo jueves. "Vamos a aceptar el diálogo, pero sin condiciones. La protesta se mantiene", concluyó.
El acuerdo fue consensuado por el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri, quien se ofreció como nexo entre la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa) y el titular del Ejecutivo. Las conversaciones entre ambos funcionarios derivaron en un ofrecimiento que fue aceptado por el secretario general del gremio Raúl Quinteros y avalado por Juan Carlos Navarro, secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa).
Navarro y Quinteros cerraron los detalles del acuerdo con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y posteriormente se entrevistaron con el gobernador para garantizar la suspensión del conflicto.
ATSA aceptó acatar la conciliación obligatoria decretada por la Secretaría de Trabajo y levantar la medida de fuerza en los hospitales hasta el próximo 10 de junio. A cambio, el Gobierno redefinirá el presupuesto de salud para que, con fondos generados por el propio sistema se garantice el pago de un básico testigo de $ 155, además de los $ 50 no remunerativos. Actualmente el ingreso mínimo es de $ 100,8. Con el nuevo piso del sector, se modificarían los valores según el sistema de índice del personal hospitalario. Quinteros explicó que lo acordado no implica abandonar el reclamo de los $ 350, pero dijo que es un principio de solución. "No se puede vivir en conflicto permanentemente", afirmó Navarro.
Con el resto de los trabajadores estatales no hubo acercamientos. Jiménez anticipó que, desde el lunes, comenzará a dialogar con cada uno de los gremios en forma separada. "Hay reclamos diferentes a los que podemos ir dándoles respuesta, a pesar de la limitaciones reconocidas por el gobernador", afirmó el ministro.
El mensaje del Ejecutivo no fue bien recibido por el frente de gremios, que ayer realizó una nueva jornada de protesta. Al mediodía, el plenario de esa organización que agrupa a ATE, ATEP, Vialidad provincial y a un sector de los municipales de la capital y del interior, ratificó la continuidad de las medidas de fuerza previstas para la próxima semana con una marcha el 27. Luis Arroyo (ATE) anticipó que aceptarán la invitación a dialogar del Gobierno, pero sólo si la negociación es con todo el Frente. "No iremos uno por uno a la Casa de Gobierno", afirmó. Los estatales quieren evitar que se quiebre una posición que ayer mostró sus primeras grietas.
El frente de gremios estatales ratificó la continuidad de las medidas de fuerza iniciadas por el salario básico de $ 350. Sin embargo, la protesta realizada durante la jornada de ayer tuvo un menor acatamiento que la del miércoles, porque el pago a los municipales de la capital de los $ 50 otorgados por el Ejecutivo apaciguó los ánimos en las distintas reparticiones.
En la dirección de Obras Públicas, por ejemplo, los trabajadores realizaron una asamblea a las 9 y resolvieron continuar con el plan de lucha. Sin embargo, la confirmación del pago hizo suspender el corte de calle anunciado para las 10, para que el personal pudiera dirigirse a cobrar.
La protesta sí se hizo sentir en las direcciones provinciales de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y del Agua, donde el personal realizó asambleas callejeras y cortó la circulación de vehículos durante casi tres horas. Daniel Osores, delegado de ATE, aseguró que los trabajadores esperan alguna respuesta del Gobierno. "Por ahora, las autoridades sólo reconocen la legitimidad de nuestro reclamo, pero el aumento no aparece", dijo desde el piquete ubicado en la intersección de La Rioja y Bolívar.
Por su parte, Luis Arroyo (ATE) acusó al Poder Ejecutivo de tener un doble discurso. "Por un lado convocan al diálogo y, por el otro, nos acusan de tener intereses políticos", aseveró.
Como en anteriores jornadas, la fuerza de la protesta se concentró en el interior. Los trabajadores municipales y de comunas rurales cortaron la ruta en ocho puntos distintos. El piquete más duro se registró en la ruta 38, a la altura del río Chico, donde la circulación de vehículos fue interrumpida en forma total durante varias horas, generando largas colas de vehículos. Los estatales estuvieron acompañados por las organizaciones piqueteras Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados ( MIJD) y el Polo Obrero.
El dirigente Vicente Ruiz ratificó que no habrá marcha atrás con la marcha prevista para el próximo jueves. "Vamos a aceptar el diálogo, pero sin condiciones. La protesta se mantiene", concluyó.







