Hay dos iniciativas peronistas de reforma parcial

Con autoría peronista, se presentaron en la Legislatura dos proyectos de ley para habilitar una reforma parcial de la Constitución y, consecuentemente, derogar la norma sancionada el 20 de febrero de 2002, que posibilita una modificación total.
El último en ingresar lleva la firma de los legisladores José Alberto Cúneo Vergés, Sergio Miranda, Oscar Godoy y Angélica Manzanedo. Esa iniciativa permite a la Convención Constituyente establecer la autarquía del Poder Judicial, dar rango constitucional al Ministerio Público y crear la Policía Judicial, la carrera y la escuela de la Justicia y el jurado de enjuiciamiento. También podrá jerarquizarse al Tribunal de Cuentas, la Ley de Partidos Políticos, y el régimen de Iniciativa Popular, Referéndum y Plebiscito.
En materia de tutela judicial eficaz figuran la inclusión en la Carta Magna del amparo (individual y colectivo); el hábeas corpus; el hábeas data; la protección de intereses colectivos; los derechos de las comunidades aborígenes y los derechos de defensa de usuarios y consumidores, de la ecología y el medio ambiente.
El congresal nacional del PJ Antonio Guerrero destacó que esta iniciativa surge de la propuesta impulsada por el PJ desde 2000. "Hubo un amplio cambio de opiniones -aseveró-. Como ministro de Gobierno integré entonces una comisión que consultó a la UCR, al Frepaso, a Cambio 2000, a la Democracia Cristiana y FR, entre otros partidos. Se dialogó también con el Tribunal de Cuentas, la UNT, la Unsta y los colegios de profesionales. No omitimos darle una amplia difusión social, académica y profesional", puntualizó.
El otro proyecto fue elevado por Raúl Hadla (es el presidente de la bancada del Frente Fundacional) y por Regino Amado. Esta propuesta no se contradice con la anterior. Complementariamente, habilita la creación de una auditoría general de la provincia y de un consejo de Estado provincia, como órgano consultivo del Gobierno. También se impulsa un Consejo General del Poder Judicial. Se propicia, además, la eliminación del Tribunal Constitucional.
Se propicia la reelección inmediata para los cargos electivos y se recrea el Consejo Asesor de la Magistratura, con rango constitucional. Se modifica la fórmula de juramento del gobernador y del vicegobernador, permitiendo que jure por Dios y la patria, pero no por los Santos Evangelios.
Se sugiere la modificación de las secciones electorales, estableciendo la representación parlamentaria por departamentos y se busca reducir a 40 días la transición entre la salida de un gobierno y la asunción del siguiente. Se garantiza, además, la autonomía de las municipalidades.