Después de dos meses, el Gobierno habilita la jura de cinco jueces

El dolor de cabeza que genera la escasez de jueces tuvo un respiro ayer. La aspirina fue proporcionada por el Poder Ejecutivo, con la forma de la remisión de cinco designaciones aprobadas en diciembre por la Legislatura. Al recibir los decretos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso la quinta marcha y, como consecuencia de ello, los nuevos jueces magistrados en sus respectivos cargos el 20 de febrero.

Las incorporaciones a alivian a los tres centros judiciales de la provincia (San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros). En la capital, Victoria Gómez Tacconi se hará cargo del Juzgado de Documentos y Locaciones N°2 y Luis Morales Lezica asumirá como vocal de la Sala II de la Cámara Penal. En Concepción, Carolina Cano tomará el control de una vocalía de la Sala de Familia y Sucesiones de la Cámara de Apelaciones en Familia y Sucesiones y Documentos y Locaciones, y Cristian Andrés Velázquez, de un Juzgado en lo Penal de Instrucción. Eugenia María Posse, por último, será titular de la Fiscalía de Instrucción Penal N°3 de Monteros.

En una coyuntura delicada por la escasez de jueces, la demora en la remisión de los nombramientos había generado inquietud en el Poder Judicial. El domingo, este diario informó que, además de que uno de cada cuatro cargos de los Tribunales locales estaba acéfalo, 30 magistrados habían iniciado los trámites para jubilarse durante el último año. Al día siguiente, Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, se comprometió a mandar el 14 de febrero los nombramientos aprobados por el Poder Legislativo durante las sesiones del 5 y del 14 de diciembre.

Los papeles llegaron un día después, pero llegaron al fin: sin ellos, no era posible terminar de cubrir las vacantes judiciales en cuestión mediante la celebración del acto oficial de juramento. Amado informó que iba a entregar los decretos en el mismo momento en el que prometió que el gobernador Juan Manzur definirá en marzo las ternas de candidatos a juez acumuladas en el PE. Se trata de nueve propuestas confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) a partir de concursos de antecedentes y de oposición. Pero el ministro precisó que, debido a que los nombres de los finalistas se repetían, iban a tener que devolver dos ternas. Este anuncio sin precedentes en la historia institucional reciente de la provincia puso en peligro la cobertura de dos fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta capital, además de abrir todo un frente de conflicto.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo a hacer operativa la Ley de Subrogancias y a designar jueces cumpliendo con las facultades institucionales que le confiere la Constitución”, dijeron tres legisladores radicales (ver “Repercusión”). Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de la Capital manifestó que las omisiones del Gobierno constituyen un ejemplo de irresponsabilidad institucional (ver “El gobernador...”).

En este clima delicado, la Corte organizó en tiempo récord la ceremonia de incorporación de Cano, Velázquez, Morales Lezica, Posse y Gómez Tacconi. El juramento se vio facilitado por el hecho de que los cinco provienen del Poder Judicial y, por ello, no fue necesario practicar los exámenes preocupacionales. Posse se desempeña como relatora de la Cámara Penal y es hermana de María José Posse, camarista civil de Concepción. Morales Lezica trabaja en la Fiscalía de Cámara Penal de la capital que encabeza Marta Jerez de Rivadeneira. Velázquez es secretario en el Juzgado de Instrucción N°1 de Raúl Fermoselle y Gómez Tacconi, funcionaria de la Cámara en Documentos y Locaciones de la capital (es nuera de la ex jueza Noemí López Zigarán de Vigo). Cano presta servicios como defensora de Menores N°1 en Concepción y está casada con el fiscal Edgardo Sánchez. En este caso, el ascenso a camarista crea automáticamente una nueva vacante (hay 46 en trámite), que, hasta nuevo aviso, ha de ser cubierta con el procedimiento del concurso público de antecedentes y oposición que celebra el CAM.