El tiempo político comenzó a correr en contra de la mayoría de los gobernadores. Lejos de administrar provincias con autonomía real, hoy sobreviven asfixiados financieramente, condicionados por un modelo económico centralista que concentra recursos y distribuye disciplinamiento. Muchos eligieron el camino del alineamiento con el gobierno de Javier Milei, aun cuando ese rumbo golpea de lleno a sus propias provincias. A cambio de oxígeno fiscal, acompañan en el Congreso reformas que deterioran el consumo, profundizan la depresión salarial estatal y paralizan las economías regionales. No es convicción: es necesidad o especulación. Mientras tanto, el relato oficial -respaldado por los datos del Indec y amplificado por un ejército de perfiles digitales- insiste en mostrar una inflación en descenso. Pero en las calles la realidad es otra: suben los combustibles, los alimentos y los impuestos; los salarios pierden poder adquisitivo y el Estado provincial absorbe el malestar social que genera la política nacional. Los gobernadores no pueden colgarse de la estrategia comunicacional de la Casa Rosada. No son protagonistas del modelo, son fusibles. La ciudadanía empieza a preguntarse por qué acompañan en el Congreso medidas que afectan directamente a sus pueblos. Y esa pregunta, tarde o temprano, se transforma en costo político. La historia argentina demuestra que cuando el ajuste se profundiza, el desgaste no se concentra únicamente en el poder central. Las provincias son el primer termómetro social. Y hoy ese termómetro marca fiebre alta.
Williams Fanlo
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