Por nota, piden al PE la intervención

Un grupo de vecinos de Famaillá comenzó una campaña de recolección de firmas para exigir la intervención del municipio que conduce José Fernando Orellana.
En ese marco, entregaron un petitorio en Casa de Gobierno en el que denuncian al jefe municipal de haberse apropiado de los bienes públicos. "Posee valiosas propiedades, automóviles exóticos, y varios negocios a nombre de testaferros, quienes deberían ser investigados", dijeron en la misiva.
El escrito, dirigido al gobernador José Alperovich, ingresó por mesa de entradas al Poder Ejecutivo el miércoles pasado.
Además, pidieron que se investigue un crédito de U$S 5 millones adquirido en bancos privados en la primera gestión de Orellana (1995-99). "Ese dinero no se invirtió en la ciudad, por lo que consideramos que fueron tomados ilícitamente por él, que aumentó su patrimonio, mientras el municipio tiene una deuda de U$S 17 millones", dijeron.

Drogas y mafias
"Señor gobernador -dice el texto-, Famaillá es una ciudad con una juventud sana e inteligente, pero hoy vemos cómo los hijos de este pueblo corren el terrible riesgo de caer en el vicio de la droga y Orellana está sospechado de haber introducido este mal, de ser el jefe de una mafia y del saqueo de la institución municipal".
Los vecinos remarcaron que el Pacto para el Crecimiento que firmó la Municipalidad con el Gobierno, le concede a este último las herramientas para velar por el patrimonio del Estado municipal.
"Gobernador, interceda; no condene a este pueblo a vivir bajo el yugo de este personaje. Interceda porque la paciencia tiene un límite", advirtieron.

Aparecen más planes sociales mal otorgados
Cada vez, surgen más casos de planes sociales para desocupados que involucran a ex y a actuales funcionarios de la intendencia de Famaillá.
En esa ciudad, el actual coordinador de Hacienda, Rubén Pereyra, quedó al descubierto al detectarse que su esposa está inscripta en el programa "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados". Se trata de Mirta Liliana Valdez, quien comenzó a cobrar los $ 150 en noviembre de 2002.
Es decir que la mujer ya retiró un total de $ 2.750 durante 18 meses consecutivos. Incluso está autorizada a retirar los fondos correspondientes a este mes, según el registro oficial de la Nación.
En otro caso similar, el ex coordinador de Hacienda, Lorenzo Tula, durante la gestión municipal de Enrique Orellana (actual legislador), fue involucrado en un beneficio que recibe Silvia Elizabeth Brito. La mujer sería concubina de Tula, quien es empleado del legislador. Estos casos se suman a otros publicados en LA GACETA desde marzo.