Por Redacción Política
16 Mayo 2004
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En los últimos días, el termómetro oficial osciló entre la gran expectativa de ingresos previstos para este año y el endurecimiento de los planteos sindicales por mejoras salariales en el sector público. Ante esa situación, el ministro de Economía, Jorge Jiménez explicó que los excedentes de la recaudación tienen un destino específico: el pago de la deuda, cuyo capital e intereses crecerán a partir de 2005, y la obra pública para mejorar los servicios del Estado. En diálogo con LA GACETA, el ministro dijo que es necesario "dejar de vivir del exitismo y prever el resultado fiscal de mediano plazo".
¿Cómo se conjuga el fuerte crecimiento de ingresos con los planteos de aumento salarial?
-La recaudación no sólo se usa para pagar salarios, sino también para apuntalar el plan de gobierno (educación, salud y seguridad). La explosión de ingresos es transitoria, ya que el país no crecerá al ritmo actual del 7% anual. Un aumento de sueldos le significa al Estado $ 120 millones anuales (el 10% del Presupuesto). Si no recaudamos ese dinero, la manifestación del viernes será un juego de niños al compararlo con lo que puede llegar a suceder en caso de que resintamos el pago de los sueldos. No es bueno llegar a los extremos con las protestas y hay que comprender que sólo estamos frente a una coyuntura fiscal positiva.
¿Cuál es entonces el destino de esos excedentes?
-Hay un plan de obras con una inversión que, mínimamente, rondará los $ 70 millones. Esto generará mano de obra y contribuirá a bajar la desocupación en Tucumán. Los estatales tienen razón en reclamar la mejora salarial, pero también tienen que observar la disponibilidad de caja. El problema no son los salarios, sino los desempleados a los que hay que darles trabajo.
¿Existen posibilidades de que Tucumán se adhiera al decreto nacional que fija en $ 350 el salario mínimo vital y móvil?
-Allí está la diferencia. El aumento es sobre el mínimo, en el que la mayoría de los estatales tucumanos llega a los $ 350, y no en el básico, que hoy resulta imposible incrementar.
¿El aporte no remunerativo de $ 50 continuará pagándose después de fin de año?
-La idea del Gobierno es sostenerlo en el futuro y si es posible mejorarlo, en tanto el Gobierno nacional nos ayude financieramente. Uno entiende la necesidad de la gente. No es que los funcionarios vivamos en Marte, pero hay que ver lo que es factible dar como aumento.
Buenos Aires le pedirá a la Nación que le envíe parte de los excedentes fiscales para pagar el aumento...
-Eso lo pediremos todos, pero no quiere decir que la Nación nos los dará. La idea del gobernador (José Alperovich) es negociar el tema lo mejor posible sin llegar a una pelea con el poder central. La dependencia económica de Tucumán es mucho mayor que la de Buenos Aires, pero en las decisiones del Gobierno nacional las provincias aparecemos como convidados de piedra.
- Más allá de estos reclamos salariales, ¿cómo observa el desarrollo de la economía provincial?
-Está creciendo, pese al contexto de crisis energética que embarga al sector productivo. Desde el punto de vista del sector público, estamos incentivando el consumo con el aporte a los estatales. Pero además, estamos tratando de reactivar la obra pública, que es uno de los caminos más directos para el crecimiento de la economía. Tucumán, como el resto del país, está mejorando. Tenemos dos industrias fuertes, como la azucarera y la citrícola; y además, los granos. Ultimamente, las fábricas hicieron algo de inversiones. Creo que el problema energético es una variable externa que sí está afectando al arco productivo. Pero, según me dijeron algunos empresarios, en estos días comenzó a aparecer gas, aunque a precios diferenciales. Creo que, de a poco, esa crisis irá cediendo sin poner en riesgo a la economía tucumana.
Punto de vista
Mejorar el rendimiento del gasto público
Por Liliana Macián de Barbieri, PROFESORA DE ECONOMIA DE LA UNT
Desde mayo de 2003 y con la asunción de un nuevo gobierno constitucional en la Argentina, se asumió la necesidad, tanto en la Nación como en las provincias, de obtener superávit en las cuentas públicas. Actualmente, la discusión en las relaciones entre el poder central y los distritos del país pasa por cómo deberán repartirse estos excedentes. Es decir, entre incrementar el necesario gasto interno social y volver a la normalidad en el pago de intereses y del endeudamiento.
Es importante marcar que una buena parte de los excedentes se ha producido como consecuencia del default en la deuda pública y de sus intereses vencidos entre 2002 y 2003. El año pasado, y luego de ocho años de resultados deficitarios, las cuentas fiscales provinciales comenzaron a vislumbrar superávit. Este comportamiento, que se produce también en un año de cambio de autoridades en el Gobierno provincial, se ha generado como consecuencia de un mayor esfuerzo del sector privado de la economía, por el sacrificio de ingresos de asalariados, por la postergación en el pago de la mayor parte de los intereses de la deuda pública y por una muy baja o casi nula prestación de servicios públicos.
En el anterior ejercicio, Tucumán terminó con un superávit financiero (diferencia entre recursos y erogaciones totales) de $ 101 millones en las cuentas públicas. Además, el resultado primario (diferencia entre recursos y gastos netos de intereses de la deuda) arrojó un superávit de $ 167 millones en valores nominales.
Los desafíos
Durante 2003 se observaron recursos impositivos en aumento en un contexto de crecimiento económico y con un gasto público ajustado en aproximadamente 30% en términos reales. Las perspectivas para este año vienen siendo similares respecto del nivel de actividad económica y de recaudación de recursos.
Pero, será diferente respecto del gasto público. Es aquí donde las autoridades provinciales deberán lograr un equilibrio entre la demanda por incrementos salariales (recomposición de haberes) y atender los compromisos del fuerte endeudamiento provincial que habrá que renovar desde 2005 y en adelante.
Las nuevas autoridades enfrentan el desafío de mejorar el rendimiento del gasto y de los deteriorados indicadores socio-económicos que muestran a la provincia con un importante retraso relativo. Ante las demandas de incrementos en los sueldos (hay una pérdida real en el poder adquisitivo del salario público), se presenta la oportunidad de dar aumentos diferenciales, fortaleciendo áreas como salud, educación, justicia y seguridad, y postergando otras menos productivas y burocráticas.
¿Cómo se conjuga el fuerte crecimiento de ingresos con los planteos de aumento salarial?
-La recaudación no sólo se usa para pagar salarios, sino también para apuntalar el plan de gobierno (educación, salud y seguridad). La explosión de ingresos es transitoria, ya que el país no crecerá al ritmo actual del 7% anual. Un aumento de sueldos le significa al Estado $ 120 millones anuales (el 10% del Presupuesto). Si no recaudamos ese dinero, la manifestación del viernes será un juego de niños al compararlo con lo que puede llegar a suceder en caso de que resintamos el pago de los sueldos. No es bueno llegar a los extremos con las protestas y hay que comprender que sólo estamos frente a una coyuntura fiscal positiva.
¿Cuál es entonces el destino de esos excedentes?
-Hay un plan de obras con una inversión que, mínimamente, rondará los $ 70 millones. Esto generará mano de obra y contribuirá a bajar la desocupación en Tucumán. Los estatales tienen razón en reclamar la mejora salarial, pero también tienen que observar la disponibilidad de caja. El problema no son los salarios, sino los desempleados a los que hay que darles trabajo.
¿Existen posibilidades de que Tucumán se adhiera al decreto nacional que fija en $ 350 el salario mínimo vital y móvil?
-Allí está la diferencia. El aumento es sobre el mínimo, en el que la mayoría de los estatales tucumanos llega a los $ 350, y no en el básico, que hoy resulta imposible incrementar.
¿El aporte no remunerativo de $ 50 continuará pagándose después de fin de año?
-La idea del Gobierno es sostenerlo en el futuro y si es posible mejorarlo, en tanto el Gobierno nacional nos ayude financieramente. Uno entiende la necesidad de la gente. No es que los funcionarios vivamos en Marte, pero hay que ver lo que es factible dar como aumento.
Buenos Aires le pedirá a la Nación que le envíe parte de los excedentes fiscales para pagar el aumento...
-Eso lo pediremos todos, pero no quiere decir que la Nación nos los dará. La idea del gobernador (José Alperovich) es negociar el tema lo mejor posible sin llegar a una pelea con el poder central. La dependencia económica de Tucumán es mucho mayor que la de Buenos Aires, pero en las decisiones del Gobierno nacional las provincias aparecemos como convidados de piedra.
- Más allá de estos reclamos salariales, ¿cómo observa el desarrollo de la economía provincial?
-Está creciendo, pese al contexto de crisis energética que embarga al sector productivo. Desde el punto de vista del sector público, estamos incentivando el consumo con el aporte a los estatales. Pero además, estamos tratando de reactivar la obra pública, que es uno de los caminos más directos para el crecimiento de la economía. Tucumán, como el resto del país, está mejorando. Tenemos dos industrias fuertes, como la azucarera y la citrícola; y además, los granos. Ultimamente, las fábricas hicieron algo de inversiones. Creo que el problema energético es una variable externa que sí está afectando al arco productivo. Pero, según me dijeron algunos empresarios, en estos días comenzó a aparecer gas, aunque a precios diferenciales. Creo que, de a poco, esa crisis irá cediendo sin poner en riesgo a la economía tucumana.
Mejorar el rendimiento del gasto público
Por Liliana Macián de Barbieri, PROFESORA DE ECONOMIA DE LA UNT
Desde mayo de 2003 y con la asunción de un nuevo gobierno constitucional en la Argentina, se asumió la necesidad, tanto en la Nación como en las provincias, de obtener superávit en las cuentas públicas. Actualmente, la discusión en las relaciones entre el poder central y los distritos del país pasa por cómo deberán repartirse estos excedentes. Es decir, entre incrementar el necesario gasto interno social y volver a la normalidad en el pago de intereses y del endeudamiento.
Es importante marcar que una buena parte de los excedentes se ha producido como consecuencia del default en la deuda pública y de sus intereses vencidos entre 2002 y 2003. El año pasado, y luego de ocho años de resultados deficitarios, las cuentas fiscales provinciales comenzaron a vislumbrar superávit. Este comportamiento, que se produce también en un año de cambio de autoridades en el Gobierno provincial, se ha generado como consecuencia de un mayor esfuerzo del sector privado de la economía, por el sacrificio de ingresos de asalariados, por la postergación en el pago de la mayor parte de los intereses de la deuda pública y por una muy baja o casi nula prestación de servicios públicos.
En el anterior ejercicio, Tucumán terminó con un superávit financiero (diferencia entre recursos y erogaciones totales) de $ 101 millones en las cuentas públicas. Además, el resultado primario (diferencia entre recursos y gastos netos de intereses de la deuda) arrojó un superávit de $ 167 millones en valores nominales.
Los desafíos
Durante 2003 se observaron recursos impositivos en aumento en un contexto de crecimiento económico y con un gasto público ajustado en aproximadamente 30% en términos reales. Las perspectivas para este año vienen siendo similares respecto del nivel de actividad económica y de recaudación de recursos.
Pero, será diferente respecto del gasto público. Es aquí donde las autoridades provinciales deberán lograr un equilibrio entre la demanda por incrementos salariales (recomposición de haberes) y atender los compromisos del fuerte endeudamiento provincial que habrá que renovar desde 2005 y en adelante.
Las nuevas autoridades enfrentan el desafío de mejorar el rendimiento del gasto y de los deteriorados indicadores socio-económicos que muestran a la provincia con un importante retraso relativo. Ante las demandas de incrementos en los sueldos (hay una pérdida real en el poder adquisitivo del salario público), se presenta la oportunidad de dar aumentos diferenciales, fortaleciendo áreas como salud, educación, justicia y seguridad, y postergando otras menos productivas y burocráticas.
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