Nuevo planteo en el Poder Judicial contra la reforma

La normativa que habilita la reforma de la Constitución de la provincia acaba de sumar una nueva objeción judicial. En 2002, el entonces legislador Julio César Díaz Lozano planteó la inconstitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de la enmienda, votada en la madrugada del 20 de febrero de ese año. Sostuvo que no se incluyeron en ella las calidades de los convencionales constituyentes. Ante esa omisión, la anterior Legislatura sancionó el 27 de diciembre de 2002 una ley complementaria, en la que fijó los requisitos que deben reunir quienes se postulen para ejecutar la modificación de la Carta Magna. Ahora, el ex parlamentario pidió a la Justicia que declare nula esa norma.
En su nueva presentación, el dirigente justicialista plantea que la ley que establece las condiciones para ser convencional no fue aprobada con los dos tercios de la Cámara (27 votos), lo que, según Díaz Lozano, era indispensable para dar sanción a una medida de esta categoría.
Díaz Lozano puntualiza que el artículo 128 de la Carta Magna impone que la ley que tenga por objeto permitir el cambio de la Ley de Leyes "deberá ser sancionada con dos tercios de votos del número total de miembros de la Legislatura". Y apunta que el artículo 131 señala que "la ley determinará las calidades" que debe tener el convencional. "Las calidades exigidas son de la misma trascendencia política e institucional y tienen idéntica calificación constitucional que la declaración de necesidad y alcance de la reforma", argumenta.
Sostiene que en la sesión del 27 de diciembre, a la hora de votar esta ley, no había 21 legisladores. Tras convocar a los parlamentarios al recinto, afirma, se hizo votar la norma sin hacer constar presentes y ausentes, cantidad de votos favorables, en contra ni abstenciones. Así figura en la versión taquigráfica que adjuntó a la presentación.