06 Enero 2018
TIEMPO. El Poder Ejecutivo no envió al Congreso la prórroga de la medida que le daba mayores atribuciones para incidir en la economía.
BUENOS AIRES.- Luego de 16 años de emergencia económica, el Gobierno decidió no renovar la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario que había sido sancionada el 6 de enero de 2002, y con ella quedaron atrás facultades delegadas al Ejecutivo.
El origen se remonta a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando la pobreza había aumentado del 35,4% al 49,7% de la población y la indigencia pasó del 12,2% en 2001 al 22,7% en 2002. El desempleo, según el Indec, había saltado al 40,2%.
La “emergencia” delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica, todos esquemas de poder más afines con las políticas anteriores que con las actuales.
El Congreso había quedado atado a la discrecionalidad presidencial mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional para la delegación legislativa.
“Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”, dice el artículo 76.
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