El presidente se desliga de un pedido de información

Posse giró el asunto a Edmundo Jiménez, el jefe de los fiscales.

10 Dic 2017
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DANIEL POSSE. En su primer día. LA GACETA/ ARCHIVO

El cambio de mando en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán supuso un cambio de criterio relevante en el manejo de los casos de superintendencia. Daniel Posse, quien a finales de noviembre reemplazó a Antonio Gandur en la jefatura del alto tribunal, notificó que los pedidos de control disciplinario relativos a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa deberán formularse ante el titular de esos órganos, Edmundo Jiménez, como este quería. Posse materializó el giro el 4 de diciembre en la actuación que había iniciado el peronista disidente Oscar López en septiembre respecto de una serie de causas con repercusiones institucionales intensas, entre ellas 10 incluidas en el listado que presentó Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, al manifestar la intención de la Nación de observar expedientes en la Justicia de Tucumán (se informa por separado).

Como consecuencia de la iniciativa de López, Gandur había pedido datos a siete fiscalías, pero dos meses después y según el denunciante, sólo tres fiscales los habían facilitado: Claudio Bonari (N°2); Adriana Giannoni (N°8) y Jorge Carrasco (N°2 de Monteros).

Posse fundó su decisión en las reformas legales que a comienzos de este año dividieron el Ministerio Público, y emanciparon a las instituciones resultantes (una para acusar y otra para defender) de los controles presupuestarios y disciplinarios que ejercía el alto tribunal: si bien desde mayo o junio Jiménez maneja sus fondos, y hace contrataciones y designaciones de personal de manera autónoma, la separación de los órganos no se concretó todavía puesto que el Poder Ejecutivo aún no nombró al ministro público de la Defensa. Esta normativa fue cuestionada por la oposición porque la Constitución de Tucumán otorga a la Corte la superintendencia del Poder Judicial y, a diferencia de la Nación, el Ministerio Público forma parte de aquel.

Pero no prosperó la judicialización de la enmienda que dio a Jiménez poderes semejantes a los de Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación renunciante. Y todavía permanece abierto el debate sobre si la Corte provincial puede o no intervenir de algún modo o en algún momento en la fiscalización interna de los ministerios públicos.

“Este cambio de posición de Posse me desconcierta porque mi pedido de control no sólo incluye causas penales que inicié contra Jiménez y su entorno, sino que, días antes y frente al silencio del Ministerio Público, había vuelto a pedir que se investigue al jefe de los fiscales por su reticencia a dar acceso a la información. Este movimiento no hace sino bloquear toda posibilidad de conocer por qué los casos no avanzan y agrava la situación delicada de la Justicia”, advirtió López, quien adjuntó copias de la denuncia penal que por este motivo articuló el 29 de noviembre pasado (esa presentación debería ser instruida por un fiscal). En las actuaciones de superintendencia consta que, ante las solicitudes que Gandur envió directamente a los fiscales, Jiménez dijo que todo requerimiento debía ser canalizado por su intermedio, y anunció que iba a dar curso a las peticiones en función de lo que considerara conveniente y del estado procesal de las causas.

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