Por los veedores, la Nación aún espera la carta que Posse firmó hace 10 días

El presidente del alto tribunal de Tucumán había firmado la respuesta el viernes 1 de este mes. La Corte Suprema tampoco resolvió si dará audiencia a los abogados designados para practicar la observación de más de 30 expedientes que se sustancian en el fuero local.

10 Dic 2017
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REMISIÓN. El 1 de este mes, Daniel Posse firmó la carta que remitió al área de Justicia de la Nación. la gaceta / foto de jose nuno

Mientras en Tucumán impera un estado de alarma o de expectativa, según cómo y con quién se lo mire, ante la decisión de la Nación de observar una serie de procesos judiciales, en la Ciudad de Buenos Aires esperan al cartero.

Fuentes próximas a Alejandro Collia, el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos que pidió permiso a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para “tomar vistas y extraer copias”, sostienen que aún no llegó la respuesta de Daniel Posse, presidente del alto tribunal. El 1 de diciembre, este había firmado la carta dirigida a Collia donde le informaba que los abogados designados para esta tarea, Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles, debían dirigirse a los jueces y fiscales que controlan las causas de su interés. Posse había añadido que, para la hipótesis de rechazo, quedaban abiertas las vías de superintendencia.

En la Corte manifiestan que la contestación salió de inmediato hacia la capital. La demora del correo llama la atención sobre todo porque, después de mandar la nota, el propio Posse viajó a Buenos Aires y esta semana se entrevistó con Santiago Otamendi, secretario de Justicia de la Nación: el jefe del alto tribunal precisó que hablaron sobre los cambios procesales pretendidos para la provincia, pero no acerca de la veeduría. En el entorno de Collia expresaron que, con la respuesta en la mano, definirán y eventualmente comunicarán la estrategia de la observación.

Los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación implicados en el asunto se mantuvieron en silencio todo este tiempo, y postergaron la atención de las diversas consultas que formuló LA GACETA. Tanto Colombres Garmendia, que es delegada de Derechos Humanos de la Nación en la provincia, como Robles, abogado litigante y dirigente de la Unión Cívica Radical, manifestaron que no iban a hacer comentarios públicos hasta no tener instrucciones de sus superiores sobre cómo manejar la respuesta de la Corte. En el entorno de ambos aguardan no sólo las órdenes para empezar a materializar las observaciones, sino también la contestación del alto tribunal al pedido de audiencia que articularon el mismo 17 de noviembre.

Desde el ingreso de la nota de Collia pasaron ya más de 20 días y a este ritmo es posible que la implementación de la veeduría quede para febrero del año próximo. En la Nación toman las especulaciones con calma. Distintos interlocutores subrayaron que durante estas semanas recibieron todo tipo de planteos oficiales y extraoficiales dirigidos a frenar la iniciativa, pero que las quejas no surtieron el efecto buscado. Concretamente el 27 de noviembre, dos representantes del Gobierno de Juan Manzur, las secretarias Carolina Vargas Aignasse (Gobierno) y Érica Brunotto (Derechos Humanos) exigieron a Otamendi que revisara la pretensión de observar causas en Tucumán durante la sesión del Consejo Federal de Justicia en Mendoza. Antes, Vargas Aignasse había opinado que la veeduría avasallaba la independencia de los Tribunales tucumanos.

La ansiedad cunde

“Nosotros seguimos firmes y tranquilos. Ellos están nerviosos”, comentó una fuente del Ministerio que encabeza Germán Garavano. En la Nación incluso deslizaron que habían recibido un número significativo de solicitudes para ampliar el listado original de causas detallado por Collia. Esa nómina abarca 33 procesos de la Justicia provincial: 19 pertenecen al fuero penal e involucran -con la calidad de denunciados- a altos funcionarios públicos, autoridades judiciales incluidas. Entre ellos constan el expediente abierto por los gastos sociales que el Poder Legislativo hizo en 2015, que controla la Fiscalía de Instrucción Nº 2 a cargo de Claudio Bonari, y la causa “Teves”, donde Robles interviene como defensor y donde existe una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: ese proceso comenzó en 2009 y está desde 2015 en poder de la fiscala de Instrucción Nº8, Adriana Giannoni. Diez expedientes del subconjunto de casos con repercusiones institucionales fueron iniciados a partir de denuncias penales del peronista disidente Oscar López, quien este año solicitó a la Corte que, por vía de superintendencia, audite el estado de las actuaciones, sin poder acceder a la información (ver nota aparte).

Aunque existe una experiencia previa de observación de la Nación (practicada en 2013 en la causa “Lebbos”) y justamente por los resultados de esa actividad -fue determinante para la renuncia con fines jubilatorios del ex fiscal Carlos Albaca y de su ex jefe, el ministro público Luis De Mitri-, dentro y fuera de Tribunales cunde la ansiedad por conocer cómo se articulará esta veeduría y por dónde empezará. Otra incógnita es la posición que adoptará cada magistrado frente al pedido de acceso a la información. El miércoles, alrededor de 30 jueces, fiscales y defensores oficiales exteriorizaron su desacuerdo con el formato del control en la asamblea a puertas cerradas que convocó la Asociación de Magistrados de Tucumán. Una minoría de asambleístas defendió la postura que la Corte manifestó por medio de Posse (se informa por separado).

Aún así, la reacción podría variar de fuero en fuero y de oficina en oficina, y la mayor resistencia se anticipa por el lado de quienes manejan las denuncias de corrupción. “No puedo opinar sobre el tema porque no recibí nada oficialmente”, había dicho el 21 de noviembre Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal. Mientras se preparan y miden las próximas jugadas en uno y otro lado del tablero, algunos magistrados ya están pergeñando salidas creativas. Por ejemplo, en el fuero de familia evalúan que facilitarán los expedientes -que involucran a niños y adolescentes- con participación de la Defensoría de Menores y siempre que al menos una de las partes del conflicto autorice la observación externa.

LA CONVOCATORIA.- La Asociación de Magistrados de Tucumán deliberó el miércoles con motivo de la veeduría pretendida por la Nación sobre un listado original de 33 procesos. A la asamblea extraordinaria -a puertas cerradas- celebrada en el salón de actos del Palacio de Justicia asistieron menos de 40 jueces, fiscales y defensores oficiales, pero 10 se retiraron antes de la votación, ya que la discusión previa de las mociones se extendió. La reunión debía comenzar a las 18 y concluyó pasadas las 21.30. Tras un debate acalorado, la mayoría se pronunció en contra de los veedores: la declaración elaborada dice que el trabajo de la Justicia debe ser controlado por vías respetuosas de la autonomía provincial. El grupo que se impuso se apoyó en la declaración de la Federación Argentina de la Magistratura, que la semana pasada había recordado que las partes disponían de mecanismos institucionales para corregir las irregularidades que advirtiesen en el proceder judicial. Un sector minoritario se encolumnó con la posición de la Corte de Tucumán que manifestó el presidente Daniel Posse, quien redirigió a los observadores a los jueces y fiscales que controlan las causas de su interés.

ORADORES.- Según pudo reconstruir este diario, las tesituras más extremas fueron sustentadas por los magistrados Mario Velázquez y Enrique Pedicone, quien participó de la asamblea pese a no estar afiliado a la Asociación, intervención que provocó un choque con la fiscala Adriana Giannoni. En el medio hubo posturas intermedias. También reproches: trascendió que el camarista Dante Ibáñez recibió críticas por haber anticipado en este diario que los veedores eran bienvenidos en su tribunal, la Sala III de la Cámara Penal de la capital. Ese estrado juzgará a los acusados del caso “Lebbos”, uno de los expedientes incluidos en el listado de la veeduría.

NÚMEROS.- Al momento de la votación había menos de 30 magistrados presentes, alrededor del 15% del plantel total de la judicatura. Los números son imprecisos. Un sector asegura que votaron 27 asambleístas mientras que otro sugiere que lo hicieron 29: ambos incluyen en esa cifra al camarista Pedicone.

CASOS PARTICULARES.-Entre los asistentes hubo magistrados que, eventualmente, deberán decidir si dejan que los observadores de la Nación accedan a los expedientes de su interés, como Ibáñez, Caramuti, Giannoni, Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg, Valeria Brand y Rossana Martínez. También deliberaron jueces que aparecen en el listado de causas con pedido de vista con la calidad de denunciados, como Liliana Vitar y Eudoro Albo. Vitar quedó implicada en una causa penal junto a Roberto Paz, ex presidente de la Asociación de Magistrados, a propósito de la acusación que formuló en 2015 contra los auditores del ex fiscal Guillermo Herrera. Primero, ambos actuaron invocando su carácter de representantes de la entidad, pero, después, asumieron la denuncia a título personal. El defensor oficial Paz había anticipado que no iba a ir a la asamblea y que estaba de acuerdo con la veeduría ya que no tenía nada para esconder.

LA VOTACIÓN.- Este diario intentó infructuosamente acceder a información oficial sobre cómo habían votado los asambleístas Albo, Vitar, Raúl Bejas, Augusto Ávila, Ivonne Heredia, Alicia Carranza, Eduardo Dip Tártalo, Martínez, Brand, Hernán Molina, Guillermo Acosta, Ernesto Salas López, Caramuti, Arce, Freidenberg, Andrea Segura, Silvio Maza, Inés Hael, Guillermo Kutter, Mónica García Targa, Roberto Guyot, Mariana Rey Galindo, Estela Giffoniello, Marcela Ruiz, Giannoni, Velázquez, Pedicone e Ibáñez. Ruiz, presidenta de la Asociación, explicó este jueves que motivos personales la obligaban a resguardarse durante unos días. Según se supo, los magistrados votaron levantando la mano y, en principio, sólo se habría constatado cuál idea resultaba ganadora. Aparentemente no hubo registro de quienes suscribieron las distintas mociones, pero sí trascendió que los camaristas Pedicone (que también votó pese a no estar asociado), Ibáñez, Caramuti, Arce y Freidenberg quedaron en minoría: para ellos, el pedido de vistas no implicaba una lesión a la independencia judicial, y, por ende, no había que emitir un pronunciamiento sino dejar que cada juez o fiscal actuara según su sentido del deber y de la transparencia.

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