Fuerzan el retiro de empleados judiciales

A fines de este mes, la Morgue Judicial y el Cuerpo Médico Forense quedarían virtualmente acéfalos, debido el retiro forzado de cuatro de sus miembros. La decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Gandur, de exigir la jubilación a Horacio Jiménez, Antenor Rojas Paz, Antonio Pacheco y Eduardo Coria, podría afectar el funcionamiento de esa área del Poder Judicial.
El magistrado advirtió que, de no concretar los trámites previsionales, se los podría dejar cesantes. Los funcionarios judiciales resisten la medida.
El año pasado iniciaron una acción en la Justicia Federal para que se determine cuál ley jubilatoria se debe aplicar. Ocurre que, mientras Gandur afirma que está vigente el Régimen Previsional Diferencial tucumano, los afectados aseguran que esa norma perdió vigencia cuando se decidió el traspaso del sistema a la Nación, y que les corresponde retirarse de sus cargos cuando cumplan 65 años (les faltaría más de una década para acogerse al beneficio jubilatorio).
La acción declarativa de certeza está para la resolución del juez federal Felipe Terán, quien ya rechazó un pedido de no innovar de los funcionarios, que solicitaron una orden judicial para frenar los trámites jubilatorios ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Luego, los paralizaron por su propio pedido.
En ese organismo nacional también pidieron que se precise cuál norma es la que corresponde ser aplicada en este caso especial.
La resolución de Gandur alcanza al director del Cuerpo Médico Forense, al prosecretario, al jefe de despacho y al encargado principal de la oficina, quienes ya iniciaron recursos de reconsideración administrativa de sus situaciones, aún sin respuesta. Por su parte, el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, consideró que todo el expediente debía suspenderse hasta tanto se expida Terán.