Enriquecimiento ilícito: la primera condena cae sobre un ex juez, que deberá devolver $ 1,7 millón

El Tribunal Oral puso fin a 14 años de proceso al considerar que el ex juez Felipe Terán cometió el delito de enriquecimiento ilícito: nunca antes se había emitido una condena por esta figura delictiva en Tucumán. En la Ciudad de Buenos Aires y también por la existencia de bienes injustificados, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó al camarista federal Eduardo Freiler

18 Nov 2017
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EX JUEZ FEDERAL DOBLEMENTE CONDENADO. Felipe Terán y su defensor público, Ciro Lo Pinto, en el juicio de ayer. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

Un magistrado que debía controlar que los funcionarios públicos no se enriquecieran a costa de su poder terminó recibiendo la primera condena por enriquecimiento ilícito emitida en la provincia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) volvió a fallar contra el ex juez federal N°2, Felipe Federico Terán: tres años antes le había aplicado una pena de ejecución condicional por su participación en las maniobras con títulos públicos, que aún no está firme. Este viernes, los camaristas Gabriel Casas (presidente), Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga trataron a Terán con mayor dureza al condenarlo a cinco años de prisión y al ordenarle que devuelva el fruto del delito, $ 1,7 millón, a la comunidad (ver “Detalles...”). La sentencia es inédita por la prolongación del proceso (14 años); la entidad y los antecedentes del imputado; el delito atribuido y la decisión de decomisar el producto de la corrupción.

Hasta el último minuto Terán confiaba en lograr la absolución. “Toda mi vida luché para que mi hija y mi nieto puedan vivir bien, pero jamás pensé en apropiarme de lo que no era mío”, reflexionó a modo de palabras finales. Después de la sentencia se mostró desencantando con los ex pares que lo juzgaron. “Yo también voy a denunciarlos a ellos por enriquecimiento ilícito”, amenazó enojado. Terán carga con este proceso desde 2003, cuando Héctor Abraham Musi, ex fiscal provincial destituido por su implicación en la causa de las camionetas todoterreno robadas, denunció que el juez nombrado por Carlos Menem vivía por encima de sus posibilidades. Pero, según el defensor público Ciro Lo Pinto, la denuncia de enriquecimiento ilícito recién empezó a moverse luego de que Terán fuera destituido, en 2006, por las maniobras con títulos en default.

El tiempo hizo su tarea en más de un sentido. Para empezar, el incremento patrimonial no justificado de $ 550.000 (o U$S 183.000) a diciembre de 2005 luce poco relevante en el presente. Pero Pablo Camuña, fiscal federal N°2 (y subrogante ante el TOF), se encargó de insistir que, debidamente actualizado, el aumento era “grosero y mayúsculo” (ver “Alegatos...”). “Sin participar en la ola punitivista, es innegable la afectación a la Justicia que produce el involucramiento de un juez federal en actos de corrupción”, dijo Camuña, quien incluso solicitó la prisión preventiva de Terán, petición que no prosperó. Tampoco fue acogida la pretensión de los codefensores oficiales, Lo Pinto y Pamela Tenreyro, de que se declarara inconstitucional el artículo 268 (2) del Código Penal que describe la conducta del enriquecimiento ilícito y exige al denunciado la justificación del aumento patrimonial detectado. “La política criminal de lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos no debe soslayar el principio de la presunción de inocencia y la exigencia de superioridad ética que tiene el Estado, que no se puede ‘comer al caníbal’”, dijo Tenreyro. Lejos de la inconstitucionalidad, ayer fue un día de confirmación intensa de la figura delictiva del enriquecimiento ilícito: Terán recibió una condena penal horas después de que, por otro incremento de bienes sin causa, el Jurado de Enjuiciamiento echara al camarista federal porteño, Eduardo Freiler.

DETALLES DE LA RESOLUCIÓN 
LOS JUECES DARÁN LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDENA A TERÁN EL 27 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS
Gabriel Casas (presidente), Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), deliberaron durante casi dos horas y media antes de aplicar la segunda condena a Felipe Terán, ex juez federal N°2, en este caso por enriquecimiento ilícito cometido en el período 1999-2005. A las 15.22 de ayer, el TOF reanudó la audiencia para imponer al ex juez imputado la pena de cinco años de prisión (en disidencia, Noli consideró justos tres años); inhabilitación absoluta durante el plazo de una década y costas. Casas, Noli y Reynaga rechazaron los planteos de la defensa y algunos de la acusación, y ordenaron asimismo el decomiso de             $ 1,7 millón, suma que, con el ajuste correspondiente, será devuelta a la comunidad. Además y con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia, dispusieron la inhibición general de bienes de Terán por el monto mencionado. Los fundamentos de la resolución serán brindados el 27 de noviembre a las 20: a partir de entonces comenzará a correr el plazo para impugnarla. Si el pronunciamiento quedara firme (el trámite de la casación puede extenderse hasta un lustro), Terán, de 72 años, será privado de la libertad. Al respecto y en minoría, Reynaga votó a favor de que la pena fuera cumplida efectivamente mediante la detención inmediata del acusado. 
DETALLES DE LA RESOLUCIÓN 
LOS JUECES DARÁN LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDENA A TERÁN EL 27 DE NOVIEMBRE A LAS 20 HORAS

Gabriel Casas (presidente), Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), deliberaron durante casi dos horas y media antes de aplicar la segunda condena a Felipe Terán, ex juez federal N°2, en este caso por enriquecimiento ilícito cometido en el período 1999-2005. A las 15.22 de ayer, el TOF reanudó la audiencia para imponer al ex juez imputado la pena de cinco años de prisión (en disidencia, Noli consideró justos tres años); inhabilitación absoluta durante el plazo de una década y costas. Casas, Noli y Reynaga rechazaron los planteos de la defensa y algunos de la acusación, y ordenaron asimismo el decomiso de $ 1,7 millón, suma que, con el ajuste correspondiente, será devuelta a la comunidad. Además y con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia, dispusieron la inhibición general de bienes de Terán por el monto mencionado. Los fundamentos de la resolución serán brindados el 27 de noviembre a las 20: a partir de entonces comenzará a correr el plazo para impugnarla. Si el pronunciamiento quedara firme (el trámite de la casación puede extenderse hasta un lustro), Terán, de 72 años, será privado de la libertad. Al respecto y en minoría, Reynaga votó a favor de que la pena fuera cumplida efectivamente mediante la detención inmediata del acusado. 

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