Según la Corte, se lesionó su independencia

La relación formal entre el Poder Judicial y el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, Virgilio Daniel Heredia, quedó profundamente lesionada.
La Corte Suprema de Justicia denunció que el legislador peronista cometió "una inadmisible actitud lesiva de la independencia del Poder Judicial", y le devolvió por improcedentes dos notas que había remitido al ministro fiscal Luis de Mitri.
En la primera misiva, del 31 de marzo pasado, Heredia le solicitaba que realice auditorías en todas las fiscalías penales de la capital y de Concepción; en la restante, un mes después, el legislador reiteró su pedido y se quejó porque "ya se han excedido en demasía los términos legales" para una contestación.
Estos escritos indignaron al Tribunal Supremo, que emitió una acordada por unanimidad, en la cual destacó que el dirigente peronista "ordenó al ministro fiscal la realización de actos (auditorías) que sólo puede disponer, única y exclusivamente, este tribunal superior como titular del poder de superintendencia del órgano judicial". Su afirmación se sustentó en artículos de la Constitución provincial y de la Ley Orgánica de Tribunales.
La tensión se profundiza porque tanto Heredia como la Corte (a través de su vocal Héctor Eduardo Area Maidana) integran, con el Poder Ejecutivo, una mesa de diálogo para encontrar respuestas institucionales a la crisis de seguridad existente en la provincia.
La resolución fue firmada por los vocales Antonio Gandur, Alberto Brito, René Goane, Alfredo Carlos Dato y Area Maidana; y por el ministro fiscal De Mitri.

Situación irregular
El máximo tribunal reconoció que "la reiteración de la nota agravó la situación irregular, al invocarse incumplimientos y retardos inexistentes con aparentes fundamentos en la ley 6.571". Esa norma determina la obligación de las oficinas provinciales en emitir informes requeridos por la Legislatura en 15 días hábiles. El silencio puede ser interpretado como falta grave y se puede poner en conocimiento de un ministro o del gobernador.
Al respecto, los vocales se quejaron y remarcaron que el Ministerio Fiscal de la Corte no es una oficina provincial en el sentido de la ley 6.571. "Por el contrario, este tribunal es el máximo órgano de un poder del Estado, soberano e independiente en el ejercicio de sus atribuciones acorde al sistema republicano de Gobierno y con facultades propias de superintendencia", concluyeron.