Por Redacción Política
07 Mayo 2004
Seguir en 
La Legislatura sancionó ayer una serie de normas con las que endureció las disposiciones del Código Procesal Penal. A partir de que entren en vigencia las propuestas presentadas por Daniel Heredia (PJ), se aplicará la prisión preventiva efectiva para los acusados de delitos aberrantes. Se entiende así los ilícitos (robos, secuestros, violaciones) seguidos de muerte.
Igual suerte correrán los mayores que utilicen a menores de 18 años para delinquir; quienes perpetren crímenes en banda, y quienes los cometan con armas de fuego. Esta medida se aplicará, también, "cuando se considere que existen razones fundadas para entender que el detenido representa un peligro cierto de nueva lesión de bienes jurídicos o de reiteración delictiva".
Se aprobó, también, la acumulación en un despacho de las distintas causas penales en las que esté acusada la misma persona. Hoy, cada expediente se radica en la fiscalía o juzgado que por turno corresponde. Heredia mencionó, como ejemplo, el caso de Gerardo Artaza, quien tiene diseminadas 50 causas en distintos despachos, vinculadas con la comercialización de vehículos.
Los fiscales tendrán un plazo de 24 horas para resolver los pedidos de detención y allanamiento efectuados por la Policía.
Se dispuso, a la vez, la designación de una fiscalía en capital y de otra en Concepción para atender de manera exclusiva el robo y hurto de ganado.
La polémica
La iniciativa fue objetada inicialmente por el radicalismo. "Este proyecto conculca libertades fundamentales y garantías constitucionales", señaló Juan Robles. "Pretenden trasladar los problemas irresueltos del poder político a una Justicia que no tiene la culpa de que se haya aumentado el delito", aseveró.
"Las modificaciones son un cheque en blanco a la Policía, que sin autorización judicial puede requisar bienes o pedir tanto para dejarte ir. Este es el caso de Alberto El Khalil; de la Policía que tortura presos, que detiene por portación de cara", advirtió. Luego, el PJ anunció la supresión del aumento de facultades para la fuerza de seguridad.
"Parece que el delincuente es la encarnación del bien y la Policía, del mal", resaltó Sisto Terán (PJ). "En el mandato del Presidente más progresista, la gente tiene miedo y no entiende que un violador goce de beneficios extramuros y reincida", aseveró.
Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) dijo que antes, los ladrones eran profesionales. "Hoy, salen de una masa crítica de 10 millones de indigentes. Somos hipócritas. No hay trabajo y el movimiento obrero fue reemplazado por piqueteros y desocupados", indicó, y anunció su rechazo al proyecto.
Según Antonio Raed (PJ), las reformas al Código son legítimas. "Hay que dotar a la Justicia de las normas que necesite para reprimir al delincuente y prevenir el delito", explicó. Desde el bussismo, Carlos Canevaro reclamó al Ejecutivo una política seria en seguridad, al señalar que los cambios legales no alcanzarán para mejorar la situación general. El peronista Juan Eduardo Rojas aseguró que nadie le teme al derecho penal, sino a la impunidad.
El radical José Cano reclamó salarios dignos para los policías, como una prioridad del Estado. La propuesta de Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) de que el paquete de leyes volviera a comisión, no prosperó.
En 65 minutos dieron sanción a 11 proyectos
La Legislatura trabajó ayer a un ritmo verdaderamente febril. En el último tramo de la sesión, se aprobaron 11 proyectos de ley en tan sólo 65 minutos.
A las 14.30 se dejó firme la prohibición de la quema de caña de azúcar en el territorio provincial. A las 14.37 habían prosperado, además, la adhesión al régimen nacional de gestión ambiental (ley 25.688) y a la Ley General del Ambiente (25.675), y la creación del Consejo de Coordinación de Seguridad Ciudadana. A las 14.43, el programa "Un arma menos, una esperanza más" también era ratificado. Y a las 14.44 pasaba lo mismo con la extensión del pago del subsidio de escolaridad a los padres de chicos que estudien hasta el noveno grado de EGB 3.
A las 14.47 avalaron la expropiación de un inmueble de Mercedes (Lules) y a las 14.50 declararon expropiables propiedades, también luleñas, para construir un canal colector pluvial.
A las 14.58 estaban sancionados el proyecto que cede en comodato un predio de "La Bombilla" para que se instale un complejo deportivo, y el que obliga a los cíber a poner filtros informáticos para que los menores no accedan a contenidos pornográficos ni de violencia.
Finalmente, a las 15.05, se dispuso que sea el PE, y no la Caja Popular, el que financie el programa Copa de Leche.
Igual suerte correrán los mayores que utilicen a menores de 18 años para delinquir; quienes perpetren crímenes en banda, y quienes los cometan con armas de fuego. Esta medida se aplicará, también, "cuando se considere que existen razones fundadas para entender que el detenido representa un peligro cierto de nueva lesión de bienes jurídicos o de reiteración delictiva".
Se aprobó, también, la acumulación en un despacho de las distintas causas penales en las que esté acusada la misma persona. Hoy, cada expediente se radica en la fiscalía o juzgado que por turno corresponde. Heredia mencionó, como ejemplo, el caso de Gerardo Artaza, quien tiene diseminadas 50 causas en distintos despachos, vinculadas con la comercialización de vehículos.
Los fiscales tendrán un plazo de 24 horas para resolver los pedidos de detención y allanamiento efectuados por la Policía.
Se dispuso, a la vez, la designación de una fiscalía en capital y de otra en Concepción para atender de manera exclusiva el robo y hurto de ganado.
La polémica
La iniciativa fue objetada inicialmente por el radicalismo. "Este proyecto conculca libertades fundamentales y garantías constitucionales", señaló Juan Robles. "Pretenden trasladar los problemas irresueltos del poder político a una Justicia que no tiene la culpa de que se haya aumentado el delito", aseveró.
"Las modificaciones son un cheque en blanco a la Policía, que sin autorización judicial puede requisar bienes o pedir tanto para dejarte ir. Este es el caso de Alberto El Khalil; de la Policía que tortura presos, que detiene por portación de cara", advirtió. Luego, el PJ anunció la supresión del aumento de facultades para la fuerza de seguridad.
"Parece que el delincuente es la encarnación del bien y la Policía, del mal", resaltó Sisto Terán (PJ). "En el mandato del Presidente más progresista, la gente tiene miedo y no entiende que un violador goce de beneficios extramuros y reincida", aseveró.
Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) dijo que antes, los ladrones eran profesionales. "Hoy, salen de una masa crítica de 10 millones de indigentes. Somos hipócritas. No hay trabajo y el movimiento obrero fue reemplazado por piqueteros y desocupados", indicó, y anunció su rechazo al proyecto.
Según Antonio Raed (PJ), las reformas al Código son legítimas. "Hay que dotar a la Justicia de las normas que necesite para reprimir al delincuente y prevenir el delito", explicó. Desde el bussismo, Carlos Canevaro reclamó al Ejecutivo una política seria en seguridad, al señalar que los cambios legales no alcanzarán para mejorar la situación general. El peronista Juan Eduardo Rojas aseguró que nadie le teme al derecho penal, sino a la impunidad.
El radical José Cano reclamó salarios dignos para los policías, como una prioridad del Estado. La propuesta de Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) de que el paquete de leyes volviera a comisión, no prosperó.
La Legislatura trabajó ayer a un ritmo verdaderamente febril. En el último tramo de la sesión, se aprobaron 11 proyectos de ley en tan sólo 65 minutos.
A las 14.30 se dejó firme la prohibición de la quema de caña de azúcar en el territorio provincial. A las 14.37 habían prosperado, además, la adhesión al régimen nacional de gestión ambiental (ley 25.688) y a la Ley General del Ambiente (25.675), y la creación del Consejo de Coordinación de Seguridad Ciudadana. A las 14.43, el programa "Un arma menos, una esperanza más" también era ratificado. Y a las 14.44 pasaba lo mismo con la extensión del pago del subsidio de escolaridad a los padres de chicos que estudien hasta el noveno grado de EGB 3.
A las 14.47 avalaron la expropiación de un inmueble de Mercedes (Lules) y a las 14.50 declararon expropiables propiedades, también luleñas, para construir un canal colector pluvial.
A las 14.58 estaban sancionados el proyecto que cede en comodato un predio de "La Bombilla" para que se instale un complejo deportivo, y el que obliga a los cíber a poner filtros informáticos para que los menores no accedan a contenidos pornográficos ni de violencia.
Finalmente, a las 15.05, se dispuso que sea el PE, y no la Caja Popular, el que financie el programa Copa de Leche.
Lo más popular
Ranking notas premium
