Alperovich se declaró conforme con los cambios de la ley de Activo por Activo

Insisten en cuestionar el programa. Los trabajadores de prensa no podrán ser obligados a revelar la identidad de sus fuentes.

El gobernador José Alperovich se declaró conforme con la ampliación de la ley de Activo por Activo que sancionó la Legislatura en la sesión del miércoles pasado, la cual, tras un cuarto intermedio, se completó ayer.
"Estoy satisfecho con la norma que dictó la Cámara", le dijo el mandatario a LA GACETA, quien, de paso, dio un anuncio. "Jamás se pensó en vender el edificio del ex Banco Provincia y nunca figuró en el anexo de inmuebles del proyecto. Quiero que allí vaya la sala de sesiones de la Legislatura, sobre lo cual converso con el vicegobernador (Fernando Juri) para ver qué remodelaciones hacen falta", manifestó.
Otra fue la impresión de la "coordinadora en defensa del patrimonio", que repudió la medida legislativa. "La modificación de la ley de Activo por Activo hipoteca, cuando no sacrifica, nuestro patrimonio económico histórico y cultural, en el altar de un inmenso negocio inmobiliario", condena un documento.
"Asistimos a una función ya vista en la anterior Legislatura: los que dicen representarnos, actúan como dueños de la cosa pública", cuestiona el texto. Lo firman Alberto Nicolini, Celia Terán, Guillermo Oliver, Elsa Moreno, Adolfo Poliche, Clímaco de la Peña, Teresa Piossek Prebisch, Ana María Chambeaud, Carlos Aschero, Alfredo Bolsi, Jorgelina García Azcárate, Jaime Powell, Silvia Rossi, Ricardo Viola, Olga Paterlini de Koch, Andrés Nicolini, Marta Beatriz Silva, José María Posse, Josefina Racedo, Alfredo Grau, Daniela Moreno, Liliana Signorelli de Aráoz, Eduardo Ribotta, Isabel Requejo, Ricardo Esteban Sanz, Sara Vallejo y Beatriz Silva.
"Esta ley vulnera normativas constitucionales consagradas en el artículo 124 de la Constitución provincial -puntualizaron-. La norma vuelve sobre inmuebles que ya habían sido dejados de lado en la anterior ley de 2001 y avanza sobre otros en una contradanza macabra".

El secreto periodístico fue garantizado
El secreto profesional de los trabajadores de prensa quedó ayer incorporado al Código Procesal Penal, luego de ser sancionado por unanimidad en la Cámara. El proyecto fue presentado en forma conjunta por Beatriz Avila (PJ) y por la Asociación de Prensa de Tucumán.
Con esta reforma, los periodistas no podrán ser obligados, ni siquiera por orden judicial, a decir quién fue la persona que le brindó determinada información que luego fue difundida.
"Este es el momento más oportuno para aprobar esta modificación, con la cual se anhela la plena protección de la información obtenida por los periodistas en el ejercicio de su trabajo -sostuvo Avila-. Es una respuesta a la demanda social de tener una prensa veraz e independiente".
La legisladora reconoció que hubo prejuicios sobre esta iniciativa. "Muchos pensaron que los periodistas pretendían tener impunidad. Por el contrario, se quiere proteger a la fuente de la información y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Esta es una prerrogativa de excepción en defensa de la comunidad, porque el periodista no oculta la información sino que ampara a su fuente y defiende el pacto ético de no revelar quién le dio un dato preciso y concreto que fue publicado", afirmó.
Su par Sisto Terán apoyó la iniciativa, pero reclamó que el periodista tenga responsabilidad sobre la veracidad de lo informado. "Tan respetable como la información es el derecho de los ciudadanos a que no se vulneren su buen nombre y honor. Es una normativa lógica, que condice con la Constitución nacional. La preservación de la fuente debe ser sagrada", sostuvo.

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