La ley que prohíbe el corte de las cloacas podría ser vetada

Las modificaciones introducidas al marco regulatorio del servicio sanitario pueden convertirse en un nuevo foco de conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Ayer, en la Casa de Gobierno tomó cuerpo la versión de que la norma sería vetada por el gobernador José Alperovich. Lo admitieron funcionarios que prefirieron el anonimato. Sin embargo, el fiscal de Estado, Antonio Estofán, lo negó al sostener que aún no se conoce el texto de la norma aprobada por la Cámara.
"El miércoles me enviaron una copia, pero luego recibí otra totalmente distinta. Esperaré la comunicación formal de la Legislatura para reunirme con el gobernador y resolver una decisión", afirmó Estofán. Ese paso se concretará la próxima semana.
La estrategia del Gobierno pasaría por evitar que la norma sea insistida -para lo que se necesita el voto de 27 legisladores-, lo que obligaría a Alperovich a promulgarla sin modificaciones. La intención del Ejecutivo es mantener firme el decreto que reconoce facultades para cortar los servicios sanitarios a la Sociedad Aguas del Tucumán.
El Gobierno entiende que no existen argumentos legales para cuestionar esa medida, pero la norma sancionada por los legisladores prohibió el corte de los desagües cloacales e impuso la obligación de realizar una notificación previa de 30 días para quienes adeuden el agua por dos períodos consecutivos o tres alternados. Las viviendas económicas y muy económicas fueron excluidas de esa posibilidad.
"El tema no debe ser politizado. El decreto prevé un proceso que empieza con la detección de la mora en el pago del agua y finaliza con el corte de las cloacas. Estamos seguros de que el decreto es muy claro en ese punto y que no hay inconstitucionalidad en la medida", afirmó Estofán.
A pesar de los dichos del fiscal, el clima se enrareció con la circulación en medios de prensa y en despachos oficiales de los estados de deuda de tres legisladores de la oposición con la empresa Obras Sanitarias de Tucumán. Sería parte de la estrategia del PE para presionar y obligar a la no insistencia por parte de los legisladores, en caso de vetar.
La nómina, que incluye a Alejandro Sangenis ( $ 1.226), Rodolfo Danesi ( $ 2.426) y Ramón Graneros ( $ 2.338), causó preocupación en la Cámara. Consultado por LA GACETA, Sangenis dijo que su esposa le informó que la deuda se origina en 2000, pero anticipó que la cancelará de contado porque "el Plan Amigable es un robo". Graneros y Danesi no pudieron ser localizados en sus teléfonos celulares.