Tucumán está en emergencia en 10 aspectos, que van desde las finanzas hasta la inseguridad

La declaración del estado de excepción es una herramienta que data de los 70, pero su aplicación se hizo habitual a partir de los 90. Rigen las emergencias económica; hídrica y social; eléctrica; en clubes; en lo agropecuario; por femicidios; en seguridad, adicciones y cárceles; y en materia vial.

16 Oct 2017
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PERDIERON TODO. La inundación en Graneros motivó la emergencia. la gaceta / foto de osvaldo ripoll

La Real Academia Española (RAE) define la expresión compuesta “estado de emergencia” como aquella situación “oficialmente declarada de grave peligro por conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones”. En Tucumán, son 10 las causales llevaron a establecer un marco administrativo excepcional.

Además, a partir de las inundaciones del verano pasado, en cuatro departamentos -Simoca, Graneros, La Cocha y Alberdi- rigen leyes que apuntan a brindar herramientas para afrontar la crisis sufrida por los vecinos.

En el Registro Oficial de Leyes y Decretos, la palabra “emergencia” aparece por primera vez en 1973, durante la gobernación del peronista Amado Juri. El cuerpo legislativo, que entonces era bicameral, autorizó un impuesto excepcional “a las actividades lucrativas” para ser destinado a “enseñanza pública” y “turismo”.

En 1986, en la gestión del también justicialista Fernando Riera, se aprobó la ley de emergencia en lo social, lo económico y lo financiero. Y con el correr de las décadas, esta herramienta normativa comenzaría a ser más utilizada. De hecho, a partir de los 90, las arcas estatales comenzaron a contar permanentemente con este tipo de “blindajes” que, en la mayoría de los casos, perseguían la protección de los recursos provinciales por sobre otros intereses. En la actualidad, sin embargo, la emergencia no sólo atañe a las finanzas.

Por los accidentes

El miércoles pasado, el Poder Legislativo se reunió con el único fin de renovar la ley de “triple emergencia” (en seguridad pública, recuperación de adictos y políticas carcelarias), ya que la norma vigente desde octubre de 2016 había caducado días antes por falta de tratamiento.

Pero además de ese estado de excepción, originado en la avanzada del delito en la provincia, los representantes del pueblo habilitaron la emergencia en seguridad vial. El texto aprobado no detalla los alcances de esta disposición, aunque se descarta que se apuntará a la puesta en marcha de acciones tendientes a reducir la gran cantidad de accidentes de tránsito registrados en Tucumán (fue el cuarto distrito con más siniestros trágicos en el país en 2016, según la Asociación Civil Luchemos por la Vida). La peronista Stella Maris Córdoba afirmó en el recinto que se puede avanzar con esos aspectos esenciales a través de la reglamentación de la norma -desde el Ejecutivo- o a través de la sanción de una ley complementaria.

Mientras tanto, con la inclusión de la inseguridad vial ya suman 12 las emergencias dictadas en términos generales en suelo tucumano. La temática es amplia. En ese listado se inscribe, por ejemplo, la violencia contra la mujer -vigente desde febrero pasado y hasta 2019-, motivada por la alta tasa de femicidios registrada en los últimos años. Más atrás en el tiempo aparece, entre otras, la emergencia en “el sistema eléctrico de transporte por distribución troncal”, que rige desde 2010 (gestión de José Alperovich) y fue prorrogada en al menos tres ocasiones.

¿Qué implican estas leyes de “excepción”? Cuando se trata de cuestiones que ameritan acciones inmediatas, se puede habilitar la compra de bienes y servicios mediante las vías no contempladas en la Ley de Administración Financiera, como compras directas sin licitación o a través de cotejos de precios.

En caso de catástrofes, como las producidas por las inundaciones de verano en el sur tucumano, el Estado puede establecer beneficios tributarios para los damnificados, además de comprometer la entrega de subsidios.

Las emergencias, por otra parte, suelen tener una fecha de caducidad, aunque también se puede establecer su vigencia hasta tanto se haya superado la crisis que había motivado la norma. Hoy rigen las emergencias: 1) económica; 2) hídrica y social; 3) eléctrica; 4) en entidades sociales y deportivas; 5) agropecuaria; 6) en violencia contra la mujer; 7) en seguridad pública; 8) adicciones; 9) cárceles; y 10) seguridad vial.

Ley 8.981 
Una vía para fortalecer la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
En 2016 se aprobó el estado de emergencia por violencia contra la mujer, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta ley apunta al fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y lucha de los femicidios y otros delitos contra la mujer. Además, crea la “Mesa Institucional por la Emergencia Provincial en Violencia contra la Mujer” y fija un cupo mínimo de casas del Instituto de la Vivienda para víctimas de violencia de género. Más allá de las acciones previstas, agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer relativizan el posible éxito de esta normativa. 
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Ley 8.826
Un sistema que, desde 1998, evita que los fondos públicos puedan ser embargados
El estado de emergencia económica en Tucumán se encuentra operativo desde 1998 (gobernación de Antonio Domingo Bussi) y distintas gestiones de la Legislatura fueron prorrogando la norma, que caduca el 31 de diciembre de 2017. “Decláranse inembargables los recursos genuinos provenientes de los cobros de tributos, como aquellos emergentes de la coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y ayudas extraordinarias o cualquier otro tipo de ingresos”, indica el texto vigente. Con esto, se creó un sistema de “blindaje” para las cuentas públicas de la Provincia, los municipios y las comunas.
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Ley 8.931 
La “triple emergencia” que perdió vigencia por falta de tratamiento en la Legislatura
En septiembre de 2016, la Legislatura desestimó un cuestionado DNU del gobernador, Juan Manzur, y dictó el estado de emergencia en seguridad pública, adicciones y políticas carcelarias. La intención de esta normativa era habilitar vías de contratación para fortalecer la lucha contra el delito, colaborar cib el tratamiento de quienes tratan de salir de las drogas y mejorar las condiciones de detención en Tucumán. La ley 8.931 perdió vigencia el mes pasado por falta de tratamiento en la Legislatura, por lo que se convocó a una sesión de urgencia para renovarla. Ahora, el PE debe promulgarla otra vez.
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Ley 8.818 
Una norma que desde hace 10 años regula el estado de excepción en lo hídrico y social
A partir de enero de 2007, en la Provincia rige el estado de emergencia hídrica y social, motivada por situaciones críticas derivadas de desastres climáticos. Fue prorrogada en diversas ocasiones, y rige hasta el mes en curso, según la ley 8.818. “Durante la vigencia (de la norma) y a los fines de solucionar los problemas financieros que surjan como consecuencia de dicha situación, el Poder Ejecutivo queda facultado a tomar créditos garantizando los mismos con fondos provenientes del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, indica la ley original. Habilita además a subsidios a personas.
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Ley Sin número 
Expectativas por un mecanismo que apunte a disminuir la cantidad de siniestros viales
Junto con la sanción de la nueva ley de emergencia en seguridad pública, adicciones y políticas carcelarias, los legisladores incluyeron un nuevo estado de excepción, esta vez motivado por la inseguridad vial y la gran cantidad de accidentes de tránsito registrados cada año en Tucumán. Resta ver si esta cuestión es convalidada por el gobernador, Juan Manzur, cuando defina si veta o promulga este aspecto (por eso, aún se desconoce qué número se le asignaría). La ley sancionada debería ser complementada a través de una nueva norma o mediante una eventual reglamentación, desde el Ejecutivo.
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Ley 8.942   
La situación del sistema eléctrico derivó en una norma especial para su fortalecimiento
La Legislatura aprobó en 2010 la ley que declaró el estado de emergencia del “Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal”. El texto, renovado en diversas ocasiones, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. “Decláranse prioritarios los estudios y la inversión en la Provincia, vinculados con la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables aplicadas al servicio público, como asimismo el reemplazo de la generación aislada, contribuyendo de este modo a la estructuración de una oferta que aporte al desarrollo económico y social sustentable de la Provincia”, reza la ley.
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Ley 8.958 
beneficios extraordinarios para productores que afrontaban un período deficitario
En septiembre de 2015, la Legislatura convalidó el DNU que un mes antes había firmado el gobernador, Juan Manzur, para declarar el estado de emergencia agropecuaria en la provincia, debido a la sequía y a la crisis que atravesaba el sector. Ante esto, desde el gobierno se habilitaron beneficios impositivos para “los inmuebles afectados a las actividades de producción de caña de azúcar, de granos de soja, de maíz y de poroto”. Mediante una norma posterior, la Cámara puso en vigencia además la suspensión de la ejecución por juicios contra la Provincia sobre esos bienes hasta diciembre de este año.
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Ley 8.898 
Los clubes y demás entidades sociales sin fines de lucro tienen sus bienes “blindados”
A partir de 2008 y hasta 2020 rige en Tucumán el estado de emergencia económica y social para entidades deportivas y sociales sin fines de lucro. Al igual que sucede con los recursos provinciales, este sistema establece un “blindaje” sobre los recursos de esas entidades. “Decláranse inembargables e inejecutables los bienes inmuebles que estén afectados a fines deportivos, recreativos, artísticos, culturales y sociales, que sean propiedad de entidades deportivas sin fines de lucro”, establece la norma. Incluye además en ese régimen los subsidios estatales y otros ingresos de los clubes.
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Ley 8.995 
Cuatro departamentos afectados por las inundaciones necesitaron atención especial
Cuatro departamentos fueron declarados en emergencia hídrica, social, comunitaria y agropecuaria por las graves inundaciones que se registraron en el verano pasado. Alberdi, La Cocha, Graneros y Simoca cuentan con este régimen de excepción a partir de marzo de 2017, cuando el gobernador Juan Manzur dictó un DNU que luego fue ratificado en todos sus términos por la Legislatura. A los damnificados se les entregaron subsidios en efectivo y créditos blandos. Además, se establecieron sistemas de contratación directa para reconstruir los daños que habían provocado las crecidas de ríos y de arroyos. 

Ley 8.981 
Una vía para fortalecer la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer

En 2016 se aprobó el estado de emergencia por violencia contra la mujer, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta ley apunta al fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y lucha de los femicidios y otros delitos contra la mujer. Además, crea la “Mesa Institucional por la Emergencia Provincial en Violencia contra la Mujer” y fija un cupo mínimo de casas del Instituto de la Vivienda para víctimas de violencia de género. Más allá de las acciones previstas, agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer relativizan el posible éxito de esta normativa. 

Ley 8.826
Un sistema que, desde 1998, evita que los fondos públicos puedan ser embargados

El estado de emergencia económica en Tucumán se encuentra operativo desde 1998 (gobernación de Antonio Domingo Bussi) y distintas gestiones de la Legislatura fueron prorrogando la norma, que caduca el 31 de diciembre de 2017. “Decláranse inembargables los recursos genuinos provenientes de los cobros de tributos, como aquellos emergentes de la coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y ayudas extraordinarias o cualquier otro tipo de ingresos”, indica el texto vigente. Con esto, se creó un sistema de “blindaje” para las cuentas públicas de la Provincia, los municipios y las comunas.

Ley 8.931 
La “triple emergencia” que perdió vigencia por falta de tratamiento en la Legislatura

En septiembre de 2016, la Legislatura desestimó un cuestionado DNU del gobernador, Juan Manzur, y dictó el estado de emergencia en seguridad pública, adicciones y políticas carcelarias. La intención de esta normativa era habilitar vías de contratación para fortalecer la lucha contra el delito, colaborar cib el tratamiento de quienes tratan de salir de las drogas y mejorar las condiciones de detención en Tucumán. La ley 8.931 perdió vigencia el mes pasado por falta de tratamiento en la Legislatura, por lo que se convocó a una sesión de urgencia para renovarla. Ahora, el PE debe promulgarla otra vez.

Ley 8.818 
Una norma que desde hace 10 años regula el estado de excepción en lo hídrico y social

A partir de enero de 2007, en la Provincia rige el estado de emergencia hídrica y social, motivada por situaciones críticas derivadas de desastres climáticos. Fue prorrogada en diversas ocasiones, y rige hasta el mes en curso, según la ley 8.818. “Durante la vigencia (de la norma) y a los fines de solucionar los problemas financieros que surjan como consecuencia de dicha situación, el Poder Ejecutivo queda facultado a tomar créditos garantizando los mismos con fondos provenientes del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, indica la ley original. Habilita además a subsidios a personas.

Ley Sin número 
Expectativas por un mecanismo que apunte a disminuir la cantidad de siniestros viales

Junto con la sanción de la nueva ley de emergencia en seguridad pública, adicciones y políticas carcelarias, los legisladores incluyeron un nuevo estado de excepción, esta vez motivado por la inseguridad vial y la gran cantidad de accidentes de tránsito registrados cada año en Tucumán. Resta ver si esta cuestión es convalidada por el gobernador, Juan Manzur, cuando defina si veta o promulga este aspecto (por eso, aún se desconoce qué número se le asignaría). La ley sancionada debería ser complementada a través de una nueva norma o mediante una eventual reglamentación, desde el Ejecutivo.

Ley 8.942   
La situación del sistema eléctrico derivó en una norma especial para su fortalecimiento

La Legislatura aprobó en 2010 la ley que declaró el estado de emergencia del “Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal”. El texto, renovado en diversas ocasiones, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. “Decláranse prioritarios los estudios y la inversión en la Provincia, vinculados con la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables aplicadas al servicio público, como asimismo el reemplazo de la generación aislada, contribuyendo de este modo a la estructuración de una oferta que aporte al desarrollo económico y social sustentable de la Provincia”, reza la ley.

Ley 8.958 
Beneficios extraordinarios para productores que afrontaban un período deficitario

En septiembre de 2015, la Legislatura convalidó el DNU que un mes antes había firmado el gobernador, Juan Manzur, para declarar el estado de emergencia agropecuaria en la provincia, debido a la sequía y a la crisis que atravesaba el sector. Ante esto, desde el gobierno se habilitaron beneficios impositivos para “los inmuebles afectados a las actividades de producción de caña de azúcar, de granos de soja, de maíz y de poroto”. Mediante una norma posterior, la Cámara puso en vigencia además la suspensión de la ejecución por juicios contra la Provincia sobre esos bienes hasta diciembre de este año.

Ley 8.898 
Los clubes y demás entidades sociales sin fines de lucro tienen sus bienes “blindados”

A partir de 2008 y hasta 2020 rige en Tucumán el estado de emergencia económica y social para entidades deportivas y sociales sin fines de lucro. Al igual que sucede con los recursos provinciales, este sistema establece un “blindaje” sobre los recursos de esas entidades. “Decláranse inembargables e inejecutables los bienes inmuebles que estén afectados a fines deportivos, recreativos, artísticos, culturales y sociales, que sean propiedad de entidades deportivas sin fines de lucro”, establece la norma. Incluye además en ese régimen los subsidios estatales y otros ingresos de los clubes.

Ley 8.995 
Cuatro departamentos afectados por las inundaciones necesitaron atención especial

Cuatro departamentos fueron declarados en emergencia hídrica, social, comunitaria y agropecuaria por las graves inundaciones que se registraron en el verano pasado. Alberdi, La Cocha, Graneros y Simoca cuentan con este régimen de excepción a partir de marzo de 2017, cuando el gobernador Juan Manzur dictó un DNU que luego fue ratificado en todos sus términos por la Legislatura. A los damnificados se les entregaron subsidios en efectivo y créditos blandos. Además, se establecieron sistemas de contratación directa para reconstruir los daños que habían provocado las crecidas de ríos y de arroyos. 

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