Secesionistas presionan a Puigdemont

Rajoy le dio plazo hasta mañana a Cataluña para que confirme, o no, la independencia. El Gobierno español está dispuesto a aplicar la Constitución contra la región catalana, y disponer su intervención.

15 Oct 2017
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MADRID.- Los sectores secesionistas más radicales aumentaron ayer la presión sobre el Gobierno regional de Carles Puigdemont para que confirme la independencia unilateral de Cataluña antes de mañana, el ultimátum que le fijó el Gobierno español para aclarar su postura. “Exigimos que la respuesta sea nítidamente afirmativa y acompañada necesariamente de un acto de solemnidad”, reclamó Núria Gibert, miembro del partido antisistema la CUP, que apoya al Gobierno de Puigdemont en el Parlamento regional, dando ya por “imposible” el diálogo con Madrid.

La formación viene amenazando con retirarse del “Parlament” si no hay independencia, lo que podría dejar sin apoyo a Puigdemont y forzar un adelanto de elecciones. Pero no fue el único partido que pidió aplicar los resultados del polémico referéndum del 1 de octubre y dar el paso definitivo a la proclamación de la “república catalana”.

“Cumpliremos el mandato del 1 de octubre y lo haremos a través del diálogo para evidenciar ante la comunidad internacional quién quiere dialogar y quién no”, prometió Oriol Junqueras, vicejefe del Gobierno catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al pedir unidad para “culminar el camino a la república”.

Incluso desde el PDeCAT, partido de Puigdemont, un grupo de 30 miembros firmó un manifiesto pidiendo dar por hecho que Cataluña es ya un país soberano y dejar por eso “sin respuesta” el requerimiento de Mariano Rajoy.

Puigdemont anunció la independencia el martes en el “Parlament” catalán pero la suspendió de inmediato para abrir espacio al diálogo con Madrid. Al día siguiente, el Gobierno de Rajoy le dio plazo hasta mañana para aclarar si declaró o no la independencia. Si Puigdemont confirma la declaración o no responde al requerimiento, tendrá un nuevo plazo hasta el jueves para volver a la legalidad.

En caso de que no cumpla ese segundo ultimátum, el Gobierno de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite forzar a una región a cumplir con sus obligaciones adoptando las “medidas necesarias” e intervenir o suspender a sus autoridades. Según la prensa española, Puigdemont podría responder al requerimiento enviando a Madrid una copia del discurso que pronunció en el “Parlament”, pero el Gobierno central insiste en que solo aceptará un “sí” o un “no” a su pregunta.

“Si contesta con alguna ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y el Gobierno tendrá que aplicar las medidas que corresponda”, dijo ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una entrevista con la radio Cadena COPE. “Si dice que sí, se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley” y “habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo ofrecía con sinceridad”, sostuvo.

Los analistas apuntan que el objetivo principal sería convocar elecciones, una competencia reservada de otro modo al Gobierno regional, pero Xavier García Albiol, líder del Partido Popular (PP) de Rajoy en Cataluña, pidió intervenir a largo plazo la Policía autonómica (Mossos d’Esquadra) y la educación, usada sobre todo en algunos puntos del interior de Cataluña para “enseñar a odiar a España”. (DPA)

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