El proyecto del Poder Ejecutivo de crear un multimedios sigue sumando críticas de la oposición, en tanto que desde el bloque oficialista de la Legislatura prospera la intención de introducir modificaciones a la iniciativa del Gobierno. Este asegura que se trata de una agencia productora de contenidos periodísticos y propagandísticos que se denominará "Tucumán nueva imagen".
El legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) se pronunció en contra de la iniciativa oficial para crear la agencia. "El Estado no debe atender cuestiones en las cuales los particulares pueden ser eficientes", señaló. El dirigente bussista consideró que el Estado debe fomentar pero no competir en la actividad privada.
"La alternativa es el rechazo de la propuesta de ley y que el PE monte un departamento dentro de la Secretaría de Prensa y Difusión para hacer videos, documentales y placas propagandísticas. Tiene el presupuesto para poder hacerlo, porque los recursos de esa área fueron incrementados de $ 1,7 millón en 2003 a $ 4,5 millones en el actual ejercicio presupuestario", destacó.
Sin supervisión
El republicano advirtió que no habrá control alguno por parte del Estado si la empresa es aprobada bajo el régimen de las Sociedades del Estado. "No podrá actuar el Tribunal de Cuentas y se perderá absolutamente la supervisión porque todos los dineros públicos quedarán exentos del control de los organismos provinciales", añadió.
"Este asunto no puede ser soslayado por quien quiera ejercer con responsabilidad sus obligaciones administrativas como legislador. En el texto, la agencia de contenidos no tiene ningún limite para participar en otras sociedades periodísticas, por lo cual puede colonizar otras empresas comprando acciones y puede llegar a producirse un monopolio exclusivo y excluyente de parte del Estado en la difusión de las noticias", resaltó.
Padilla mencionó especialmente que la iniciativa del Gobierno contempla que todas las contrataciones de personal se harán mediante la ley de Contrato de Trabajo, no bajo el régimen del Estatuto del Periodista.
De Jerez
Por su parte, el diputado nacional Esteban Jerez presentó un proyecto para que se derogue el decreto ley 1.214, que dispuso la remoción de los obstáculos legales que impedían a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión.
Jerez indicó que aquellos obstáculos eran un lógico valladar a los poderes constituidos para el manejo de la información pública. "No debemos olvidar las nefastas consecuencias que trajeron en la historia mundial los discrecionales manejos de la información por parte de las autoridades estatales al frente de medios de comunicación de su pertenencia", subrayó.
Mencionó que el decreto nacional atenta contra la libre competencia que debe existir en un servicio de la magnitud de la radiodifusión.
El legislador Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) se pronunció en contra de la iniciativa oficial para crear la agencia. "El Estado no debe atender cuestiones en las cuales los particulares pueden ser eficientes", señaló. El dirigente bussista consideró que el Estado debe fomentar pero no competir en la actividad privada.
"La alternativa es el rechazo de la propuesta de ley y que el PE monte un departamento dentro de la Secretaría de Prensa y Difusión para hacer videos, documentales y placas propagandísticas. Tiene el presupuesto para poder hacerlo, porque los recursos de esa área fueron incrementados de $ 1,7 millón en 2003 a $ 4,5 millones en el actual ejercicio presupuestario", destacó.
Sin supervisión
El republicano advirtió que no habrá control alguno por parte del Estado si la empresa es aprobada bajo el régimen de las Sociedades del Estado. "No podrá actuar el Tribunal de Cuentas y se perderá absolutamente la supervisión porque todos los dineros públicos quedarán exentos del control de los organismos provinciales", añadió.
"Este asunto no puede ser soslayado por quien quiera ejercer con responsabilidad sus obligaciones administrativas como legislador. En el texto, la agencia de contenidos no tiene ningún limite para participar en otras sociedades periodísticas, por lo cual puede colonizar otras empresas comprando acciones y puede llegar a producirse un monopolio exclusivo y excluyente de parte del Estado en la difusión de las noticias", resaltó.
Padilla mencionó especialmente que la iniciativa del Gobierno contempla que todas las contrataciones de personal se harán mediante la ley de Contrato de Trabajo, no bajo el régimen del Estatuto del Periodista.
De Jerez
Por su parte, el diputado nacional Esteban Jerez presentó un proyecto para que se derogue el decreto ley 1.214, que dispuso la remoción de los obstáculos legales que impedían a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión.
Jerez indicó que aquellos obstáculos eran un lógico valladar a los poderes constituidos para el manejo de la información pública. "No debemos olvidar las nefastas consecuencias que trajeron en la historia mundial los discrecionales manejos de la información por parte de las autoridades estatales al frente de medios de comunicación de su pertenencia", subrayó.
Mencionó que el decreto nacional atenta contra la libre competencia que debe existir en un servicio de la magnitud de la radiodifusión.







