Discriminación: las denuncias aumentaron el 76%

Según el Inadi local, entre 2015 y 2016 se triplicó el número de consultas: la mayoría de los casos refieren a discapacitados y a la escuela. La delegación tucumana del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) tiene cada vez más trabajo. Pero su responsable, Ramiro Granado, dice que ello obedece a que el problema tiene mayor exposición, y asegura que la sociedad clama por pluralismo e igualdad.

10 Sep 2017

Sólo en los últimos tres meses, LA GACETA publicó 60 noticias que contienen la palabra “discriminación”. Día tras día, episodios de segregación y violencia por motivos religiosos, sanitarios, étnicos, sexuales, socioeconómicos y de género se entremezclan con campañas de concientización sobre la igualdad y el trato justo, y reflexiones que desencadenan y frenan el odio. Paradójicamente, el fenómeno de la exclusión fundada en los prejuicios “iguala” a los pueblos que habitan este mundo, y plantea interrogantes sobre el estado de la lucha contra la persecución de las minorías y por su integración. Tucumán alimenta estas preguntas: sucede que entre 2015 y 2016, la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recibió el 76% más de denuncias.

En la sede local de aquella institución, y alrededor de una mesa donde hay mate y café, el delegado Ramiro Granado; Emilia Muñoz, responsable de Comunicación, y el abogado Sebastián Torres precisan que los casos que ingresan no reflejan todos los actos discriminatorios existentes porque esta patología social se refugia en la naturalización de las conductas violentas. “Las víctimas suelen no denunciar porque no identifican que están siendo discriminadas, porque no saben a dónde acudir o por miedo”, explica Muñoz. Pero así como sólo un pequeño número de discriminaciones termina dando pie a la apertura de un proceso en el Inadi, Granado también advierte que el incremento del volumen de denuncias no implica necesariamente que haya más violencia o más intolerancia. “Aumenta el volumen de casos porque aumenta la conciencia y la exposición del problema. La discriminación ganó visibilidad”, comenta el delegado.

Mujeres como felinos

No sólo subió el número de denuncias sino que se triplicaron las consultas. Sólo tres de 10 entrevistas iniciales se transforman finalmente en presentaciones formales que originan la actuación del Inadi. La tendencia al aumento se sostiene puesto que en lo que va de 2017 la delegación recibió la misma cantidad de consultas que en todo 2016.

“Nuestro trabajo en primer término consiste en contener y tranquilizar porque la primera reacción es la reclusión y el aislamiento”, observa Torres. Luego, el personal del Inadi ha de determinar si los hechos encajan en la definición legal de discriminar, que es impedir, obstruir, limitar o menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de una persona utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, orientación sexual, edad, capacidad o caracteres físicos, entre otras condiciones variables. Si la conducta entra dentro de la categoría descripta en la Ley 23.592, el Inadi pone en marcha un procedimiento que incluye una mediación entre las partes y, eventualmente, un dictamen que sirve como respaldo y prueba para ulteriores reclamos en la Justicia.

Si los hechos no son discriminatorios, el Inadi orienta sobre adónde ir para obtener la solución buscada. “Nuestras puertas están abiertas no sólo para investigar las denuncias, sino también para prevenir, sensibilizar y acompañar a los grupos vulnerables”, dice Granado. Y añade que en Tucumán la discapacidad es una temática crítica y recurrente, lo mismo que los conflictos en el ámbito escolar: “un caso típico sería el de un discapacitado que tiene dificultades para ser admitido en una escuela”.

También suelen ser frecuentes los casos de hostigamiento entre alumnos (bullying) y docentes. Algunos conflictos se arreglan con diálogo. Torres, Muñoz y Granado citan, por ejemplo, la disputa entre la organización no gubernamental ADN y la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por el docente que, en una clase, mostró imágenes de mujeres en poses insinuantes y las comparó con felinos silvestres de Sudamérica. La cuestión se resolvió a fines del mes pasado cuando, a instancias del Inadi, la Facultad pidió disculpas, y se comprometió a capacitar a su personal para contrarrestar el machismo y la misoginia.

En los últimos tiempos, el Inadi-Tucumán también expuso los supuestos de autoridades públicas que cometieron actos de discriminación. Granado recuerda que en marzo de 2016 la institución reprobó a la ex senadora Beatriz Rojkés de Alperovich por llamar “pedazo de animal y vago de miércoles”, y enrostrar “sus 10 mansiones” a Cristian Bulacio, un cosechero de limones de El Molino. Aquel mismo año, el Instituto dijo que el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga había discriminado al vecino Juan Carlos Yapura al espetarle “indio sucio”.

A estos casos locales emblemáticos se suman, este año, la resistencia de la comunidad educativa del Gymnasium (UNT) a recibir estudiantes mujeres. El rechazo quedó expuesto a partir de la denuncia en el Inadi que hizo una madre que había intentado infructuosamente inscribir a su hija en la escuela. Las partes acordaron abrir un debate y, como consecuencia de ello, las máximas autoridades universitarias terminaron removiendo los obstáculos para el ingreso de mujeres. “Esta es una experiencia muy interesante de inclusión”, opina Torres. Algo similar está intentando el organismo respecto de las empresas de transporte público de la provincia que colocan trabas para reconocer los pases libres a discapacitados y que no disponen de las rampas reglamentarias.

Últimamente también aumentó la exposición de las penurias que padecen travestis y transexuales: el rostro más crudo de esa realidad de exclusión social es el homicidio de Ayelén Gómez, cuyos restos fueron arrojados en el Parque 9 de Julio. En el Inadi reclaman medidas de protección para este colectivo y deploran que el 30 de agosto la Legislatura haya postergado el otorgamiento de un cupo laboral en el Estado. Pero también destacan la rápida tutela de los derechos de Natalia Lazarte, la transexual que quería practicar hockey como una jugadora más y lo logró, previa intervención del Inadi y de los Tribunales (se informa por separado). Muñoz acota que la expectativa de vida de estas minorías sexuales castigadas por la discriminación no supera los 40 años, pero, aún así, dice que en el presente hay más esperanza. “Estamos avanzando en la integración: recordemos que la Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad de su catálogo de enfermedades recién en 1990”. Torres asiente y Granado coincide: “debemos seguir dando la batalla cultural por la igualdad y la justicia. Más que una sociedad dispuesta a extremar la violencia y el dolor, nosotros vemos una sociedad que pide a gritos otro paradigma de convivencia”.


Escuela: es el ámbito donde, según el Inadi, ocurre el mayor número de actos discriminatorios.


Autoridades públicas: el Inadi consideró discriminatorios los comentarios insultantes de dos funcionarios.


Grupo vulnerable: las minorías sexuales enfrentan exclusiones desde la familia y están expuestas a la calle.


Discapacitados: el acceso al transporte público es desigual. Faltan rampas y reconocimiento de pases libres.

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