Morelli tiene un nuevo contador, con el aval de los ediles que no perdieron sus bancas

CONCEPCION.- El Concejo Deliberante de esta ciudad, en una sesión secreta, aprobó ayer la designación de Ernesto Lépore como contador general municipal. Esa decisión implicó el desplazamiento de ese cargo de Fernando Alfredo Cadiñano.
Con la votación favorable, los concejales avalaron un viejo anhelo del intendente Osvaldo Morelli (UCR), quien intentó separar del cargo a Cadiñano en varias ocasiones, pero no lograba sumar las voluntades políticas de los ediles.
La votación del pliego de Lépore se dio en forma sorpresiva, un día después de que los concejales cercanos a Morelli y a algunos peronistas defendieron la banca de los ediles Edgardo Ibarra, Horacio Esterman, Carlos Chocobar y Jorge Olea, implicados en la distribución de planes sociales a sus propias esposas.
El desplazamiento de Cadiñano y la designación de Lépore se intentó durante cinco meses, pero se resolvió en sólo 24 horas. Incluso, Morelli aceleraba anoche el trámite administrativo a fin de que el nuevo contador asuma hoy mismo el cargo.

Idas y venidas
En enero pasado, la iniciativa fue devuelta por el cuerpo deliberativo, aduciendo que había un defecto formal en los datos del contador que se removía. Luego se lo reenvío corregido y pasó a comisión.
Hace 15 días el Departamento Ejecutivo Municipal pidió la restitución del pliego. Ayer lo presentó abruptamente, a fin de que sea tratado sobre tablas y cuando el cuerpo estaba en sesión ordinaria.
La iniciativa, en principio, no prosperaba por la falta de apoyo del peronismo. Ahora se respaldó con los votos de cuatro miembros de ese bloque. Se trata de Raúl Flores (presidente del cuerpo), Julio Flores, Jorge Olea y Ramón Mendoza.
A ellos se sumaron los votos de Beatriz Peluffo (Partido Municipal), Jorge Fiol (UCR), Carlos Tarulli (UCR) y Edgardo Ibarra (FR). En contra se pronunciaron Raúl Albarracín (Concepción para Todos), Horacio Esterman (FR), Juan Sarachaga (UCR) y Carlos Chocobar, único disidente del peronismo.
El decreto del Departamento Ejecutivo Municipal fue tratado en sesión secreta, ya que los concejales consideraron que había cuestiones reservadas que no podían ser debatidas ante el público. El propio Cadiñano, quien se encontraba dentro del recinto, abandonó el edificio visiblemente molesto por la decisión de sesionar en forma secreta.
Lépore es contador público nacional y tiene 59 años. Es secretario de las Fuerza Vivas de Concepción y, además, es profesor en la Universidad Santo Tomás de Aquino. (C)

"Fue un proceso irregular", dijo el funcionario que fue desplazado
CONCEPCION.- El contador municipal desplazado del cargo, Fernando Cadiñano, anunció que recurrirá a la Justicia para defender su puesto en la función pública. El profesional consideró que su alejamiento se concretó a través de un proceso al que definió como irregular.
Detalló que fundamentará su postura en un antecedente judicial. "Hay un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, avalado por la Corte Suprema de Justicia, que dice que el cargo de contador general no es funcional, sino que se trata de un órgano de contralor del municipio. Y, para que se instrumente la remoción del profesional que desempeña esa función, se debe aplicar el Estatuto del Empleado Público. Para ello tiene que haber causas justas, como sumarios administrativos", remarcó.

Un antecedente
"Fue una actitud injustificada. Este tema ya se viene ventilando desde el año pasado. Ahora confío en que la Justicia actúe del mismo modo como lo hizo con el contador general de la Municipalidad de Trancas, que, al sufrir una situación similar a la mía, fue restituido en cinco días en su cargo", indicó.
De ese modo, Cadiñano hizo referencia al caso que involucró al contador Juan Héctor Suárez, quien -tras el fallo judicial- fue restituido en el cargo, en marzo de 2001, durante la gestión municipal del peronista Julio Contino. (C)

El fiscal Marijuán tendrá la última palabra sobre los planes sociales
La documentación reunida en las actuaciones preliminares que realiza el fiscal federal Carlos Brito, para determinar si hubo delito en los planes "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados", viaja hacia la Capital Federal.
El funcionario judicial decidió remitir a la Unidad Fiscal Investigadora de Delitos contra la Seguridad Social (Ufises) los disquetes con el padrón completo de los empleados públicos de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados; los electos en los comicios provinciales de junio pasado (aportado por la Junta Electoral) y el listado completo de los beneficiarios del programa social entregado por la delegación local de la Gerencia de Empleo de la Nación.

Cruce de datos
La oficina está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán, y fue elegida por Brito para concretar el cruzamiento de los datos filiatorios entre trabajadores y beneficiarios y la detección de las irregularidades. Con el informe en la mano, el fiscal tucumano podrá determinar si se configura algún delito y abrir una causa penal por cada caso.
La Ufises ya efectuó estas tareas con los padrones de las provincias de Buenos Aires y de Santiago del Estero. Pero aparte de la experiencia previa, le garantizaría a Brito una extrema confidencialidad en la información y seguridad y precisión en el trabajo informático, que podría demorar más de una semana.