Un tribunal se resiste a juzgar una presunta compra de votos

Un video de 2010 muestra a un ex funcionario universitario ofreciendo contratos. Los jueces Casas y Jiménez Montilla se declararon incompetentes y giraron el expediente al juez Poviña. Apela el fiscal.

27 Ago 2017
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CÁMARA OCULTA. Ramiro Moreno fue filmado mientras ofrecía contratos de la UNT en un bar, 10 días antes de la elección de rector en 2010. CAPTURA DE VIDEO

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) determinó que no le corresponde juzgar a Ramiro Moreno, el ex funcionario de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) acusado de presunto intento de compra de votos en la elección de rector de 2010. El tribunal se declaró incompetente el 7 de agosto en un fallo dividido que aún puede ser impugnado: los camaristas Carlos Enrique Jiménez Montilla y Gabriel Casas votaron por la mayoría, mientras que Alicia Noli disintió. El fiscal federal Pablo Camuña adelantó que recurrirá la sentencia con la intención de que esta sea revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, estrado con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Los magistrados Jiménez Montilla y Casas resolvieron que la investigación por presunto cohecho volviera al Juzgado N° 2, a cargo de Fernando Poviña, porque el TOF no se consideró competente para juzgar delitos electorales. La defensa de Moreno había planteado ante el Tribunal que la conducta endilgada no se correspondía con ningún delito del Código Penal. En el voto de la mayoría, el Tribunal consideró que la conducta sí está descripta entre los delitos electorales del Código Electoral Nacional, por lo que el juez federal tiene que volver a tomar las riendas del caso. Si triunfara esta posición, no habrá juicio. Noli, en minoría, dijo que el juicio oral debía celebrarse.

El sábado 8 de mayo de 2010, 10 días antes de la conformación de la Asamblea Universitaria para elegir a la fórmula rectoral que iba a asumir al frente de la UNT entre 2010 y 2014, Moreno y el consejero estudiantil de la Facultad de Artes, Alejo Gallo, tomaban un café en el bar de un hotel de la zona del parque 9 de Julio. Un video tomado con una cámara oculta captó la conversación en la que el ex secretario de Bienestar Estudiantil le ofrecía a Gallo contratos en la universidad por $ 2.500 mensuales a cambio de que votara por la fórmula del entonces rector, Juan Alberto Cerisola (que buscaba la reelección), y la actual rectora, Alicia Bardón.

El acompañante de Gallo en esa reunión, el ex secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes, Gustavo Pedraza, había grabado la charla y luego se presentó ante la Justicia Federal, donde radicó una demanda contra Moreno y contra el no docente Damián Conde, que acompañaba a Moreno. “Lo que yo te ofrezco son contratos de 2.500 (...)”, dice Moreno en un pasaje del video.

En el requerimiento de elevación a juicio, firmado en febrero de 2015 por Poviña, se imputó a Moreno y a Conde de que “habrían ofrecido contratos a Gallo y a Pedraza con la finalidad de torcer o en su caso asegurar de manera ilícita la voluntad electoral de estos en los comicios de decano y rector de la UNT de 2010, es decir que se pretendió mediante la dádiva de contratos comprar votos para dichas elecciones”.

Jiménez Montilla y Casas destacaron en la sentencia que “resulta indudable que los hechos investigados tienen su especialidad en lo que corresponde a un proceso electoral cumplido en la UNT y de tal manera se encuentra dentro de los comportamientos punibles a los que el legislador, al hacer realidad legal su ponderación en materia política criminal, para adjudicarle relevancia merecedora eventualmente de sanción penal, lo ha hecho en el marco del Código Electoral Nacional”. E indicaron: “corresponde en consecuencia declararla incompetencia de este Tribual y remitir a conocimiento del Juzgado Federal (encabezado por Poviña)”.

Tres años de pesquisa

La difusión del video captado por una cámara oculta había provocado un escándalo durante la renovación de las máximas autoridades de la casa de Juan B. Terán. La fórmula oficialista Cerisola-Bardón derrotó finalmente a la dupla María Luisa Rossi de Hernández-Pablo Holgado, en medio de acusaciones de presuntas irregularidades.

Los acusados de la presunta compra de votos objetaron la filmación con el argumento de que la grabación violaba sus derechos constitucionales a la privacidad y a la no autoincriminación.

En abril de 2012, la Cámara Federal confirmó el rechazo del planteo resuelto el 3 de agosto de 2010 por Mario Racedo, ex magistrado subrogante del Juzgado Federal N°2. “En efecto, entendemos que correctamente el señor juez, en una resolución de muy destacada factura técnica, denegó el pedido de exclusión probatoria del DVD aportado por Pedraza al presentar la denuncia del 10 de mayo de 2010”, expresaron los camaristas Ricardo Mario Sanjuan, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino.

La Cámara entendió que los imputados sabían que estaban manifestando algo que podría comprometerlos, y que quienes recibían la información no tenían obligación legal de guardar secreto aunque no supiesen que estaban siendo filmados.

Cinco meses después, el tribunal integrado por Fernández Vecino, Daniel Bejas (juez federal N°1) y el conjuez Juan Carlos Reynaga ratificó el procesamiento de los imputados -con embargo de $ 40.000- que había dispuesto Racedo. “Podemos sostener que se encontraría prima facie acreditado que Moreno y Conde habrían ofrecido contratos a Pedraza y a Gallo con la finalidad de torcer o asegurar de manera ilícita la voluntad electoral de este último en los comicios de la UNT”, expresó el tribunal. En 2015, Poviña dictó el requerimiento de elevación a juicio, que ahora volvió a empantanarse.

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