El resultado de una auditoría de la Caja es clave para una investigación

El fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, espera con interés los resultados de la auditoría que ordenó el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Juan Carlos Veiga. Las conclusiones servirán para que el funcionario judicial avance en la investigación de la causa vinculada al presunto cobro de viáticos en forma irregular por parte de empleados de la entidad financiera.
La denuncia fue realizada por la institución crediticia oficial en febrero pasado contra cuatro empleados que presentaron comprobantes -serían falsos- para justificar gastos por $ 209.000. Los imputados son Raúl Bulacio, Luis Quinteros, Adrián Chehuán y Héctor Monasterio.
Ayer, el fiscal Gallo esperó infructuosamente que Quinteros se presentara a ampliar su declaración, tal como había anunciado su nuevo abogado defensor, Gustavo Morales.
Al expediente ya se incorporaron los documentos relacionados con las facturas presuntamente anómalas, así como los informes de la AFIP-DGI. Sólo restaría agregar el resultado de la investigación interna de la Caja para que el fiscal pueda tomar otras medidas.
No se descarta la posibilidad de librar exhortos a jueces de las provincias a las que pertenecen los hoteles que figuran en los recibos, presuntamente apócrifos. También se ampliaría la pesquisa sobre quienes autorizaron los pagos.

Aporte a un empresario
Gallo también tiene prácticamente resuelta la investigación vinculada al aporte de $ 27.627que el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan, otorgó al empresario inmobiliario Oscar Macías, para que este fuera trasladado en un avión sanitario a la Capital Federal e internado en el Instituto Fleni, pese a no ser afiliado a la obra social.
El abogado Jorge Posse pidió el sobreseimiento de Koltan y del subinterventor del IPSS, Medardo Benítez. Y el defensor oficial Hernán Molina haría lo propio con los otros tres imputados en la causa, los empleados de carrera del IPSS Eduardo Jatib, José Carullo y Gerardo Tripolone.
El fiscal anticorrupción también investiga las denuncias que por separado efectuaron los dirigentes peronistas Oscar López y Enrique Romero por el presunto cobro, por parte del interventor del IPSS, de un sobresueldo de $ 1.500.