No destituyeron al edil que repartió 400 planes sociales

El Concejo Deliberante de Concepción sesionó en la madrugada. El republicano Ibarra seguirá en el cargo.

SE SALVO. Ibarra logró mantener la banca, pero los resultados de la investigación se girarán a la Justicia.
SE SALVO. Ibarra logró mantener la banca, pero los resultados de la investigación se girarán a la Justicia.
Por Redacción Política 29 Abril 2004
CONCEPCION.- El intento de destituir al edil republicano Edgardo Ibarra, acusado de haber beneficiado a su propia esposa con un plan "Jefas y Jefes de Hogar Desocupados", fracasó ayer en el Concejo Deliberante a causa de las disidencias internas del bloque peronista. Fueron decisivos los rechazos a la destitución formulados por los peronistas Jorge Olea y Carlos Chocobar, también investigados por el mismo tema.
Contra la destitución votaron los concejales Jorge Fiol (UCR), Juan Carlos Sarachaga (UCR), Beatriz Peluffo (Partido Municipal) y Carlos Tarulli (UCR). A favor del pedido se inclinaron Raúl Albarracín (Concepción para Todos) y los justicialistas Raúl Flores (presidente del cuerpo), Julio Flores y Ramón Mendoza. Se abstuvieron Ibarra y Horacio Esterman (FR).
La acusación contra Ibarra se basó en el hecho de que el concejal reconoció haber favorecido a su esposa con un plan "Jefas y Jefes de Hogar Desocupados" -cuando se desempeñó como comisionado comunal de Gastona Norte-, porque con $ 800 no le alcanzaba para vivir, según reconoció en una publicación de LA GACETA.

Hasta una falsificación
El pronunciamiento se concretó luego de que una comisión especial elevó los informes sobre la investigación que realizó en torno de las conductas de Ibarra, de Esterman, de Olea y de Chocobar. Los tres últimos tenían a sus esposas como beneficiarias del plan social y había sospechas de que estas siguieron cobrando el beneficio después de que sus maridos asumieron en el cargo.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante consideró que no había méritos para sancionar a ninguno de los cuatro ediles. Olea y Chocobar presentaron documentaciones que acreditarían que sus cónyuges renunciaron al plan cuando ellos juraron como concejales. Esterman acreditó papeles que certificarían que su cónyuge, si bien no renunció al beneficio por un descuido, dejó de cobrar en octubre los $150.
Los pagos realizados por el Banco del Tucumán -agente financiero de la provincia- habrían sido percibidos por un desconocido que falsificó su firma. Este desliz le costó el puesto a un empleado de la entidad crediticia.
"Luego de escuchar los informes de la comisión, más que nunca me embargó la certeza de que Ibarra tenía que ser expulsado. Pero nuestros propios compañeros no nos acompañaron. Fue una traición", dijo Flores con notable enfado.

Picos de alta tensión
El Concejo decidió poner a disposición de la Justicia (del fiscal federal, Carlos Brito) los resultados de la investigación practicada a los cuatro ediles. La larga sesión extraordinaria tuvo picos de alta tensión. Hubo gritos e insultos, e Ibarra intentó agredir al edil Albarracín. (C)

"Fue una vergüenza", dijo un comerciante
CONCEPCION.- El frustrado intento de expulsión del edil Edgardo Ibarra generó indignación entre los vecinos de esta ciudad.
"Lo que hicieron en el Concejo Deliberante fue una vergüenza. El cuerpo tuvo la ocasión de reivindicarse ante la sociedad, pero no hizo más que dejar sentado otro triste precedente en la pobre labor que viene desplegando", condenó el empleado de comercio Carlos Cáceres.
"Ibarra debería haber sido expulsado no sólo por estar comprometido en la adjudicación de un plan social para su propia esposa, sino también por haber entregado centenares de esos beneficios a personas de este municipio, y por haber dejado desprotegidas a familias muy humildes de Gastona -agregó-. Solo respondió a sus propios intereses".
El vecino Enrique Juárez, a su turno, aseguró que la actitud del cuerpo deliberativo fue ajena a los anhelos de mucha gente. "Queríamos ver en la práctica medidas ejemplares contra los que se valen de cargos políticos para maniobrar contra los intereses de la comunidad", afirmó.
"Alguna medida tendría que haberse adoptado -sostuvo-. Pero, como siempre, el escándalo quedó en la nada. Sólo resta esperar acciones por parte de la Justicia", aseveró a LA GACETA.
"Que alguien confiese que con $ 800 no puede vivir, justificando el aprovechamiento de un plan social en su propio beneficio, cuando hay miles de personas que no tienen ni un peso para darles comida a sus hijos, es algo deplorable", criticó Angela Reinoso. "Merece la reprobación y la sanción de quienes tenemos conciencia solidaria y cristiana. Lo sucedido no puede quedar en la nada", concluyó.

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