La Legislatura no acepta dar facultades especiales al PE

El proyecto de modificación a la Ley de Activo por Activo, retrotrae los argumentos de la discusión política a comienzos de 2001. Aunque con menos tensión, la iniciativa impulsada por José Alperovich -primero como ministro de Economía y ahora como gobernador- despierta hoy similares reparos a los que generó cuando tomó estado público en los primeros tiempos de la gestión de Julio Miranda.
En la propuesta originalmente presentada por Alperovich, se preveía un régimen por el que el Estado se desprendería de algunos bienes a cambio de otros que serían entregados por los empresarios dispuestos a invertir. Las objeciones llegaron cuando se conoció que se habilitaba la venta de escuelas, de edificios históricos y de acciones de sociedades -como Canal 10- en las que la Provincia tiene participación empresaria. Por otra parte, los legisladores observaron que la propuesta otorgaba una autorización general para que la Provincia dispusiera de sus bienes.
Después de fuertes discusiones, la Legislatura aprobó la propuesta en junio de 2001, pero con importantes modificaciones. La ley 7.142 creó un sistema alternativo de pago de infraestructura pública, que funcionaría con tres opciones: las operaciones de canje de activo por activo; la generación de fondos con la venta de activos depositados en cuentas especiales o la constitución de un fondo fiduciario con préstamos gestionados ante entidades financieras.
La norma incluyó, entre sus anexos, un extenso listado de bienes que podrían incluirse en las operatorias de canje e impuso al Ejecutivo la obligación de pedir autorización para cada venta que quisiera realizar.
Ese listado, al igual que la ley, aún está vigente pero el sistema nunca fue utilizado. El gobernador propone, esta vez, una modificación para habilitar la creación de un fondo fiduciario para obras de infraestructura y otro anticrisis para atender eventuales emergencias financieras.
La iniciativa amplía la nómina de inmuebles que podrían ser transferidos y fija al agente fiduciario - la Caja Popular- la obligación de comunicar a la Legislatura los contratos que se realicen. Este punto y algunos de los inmuebles a ceder son objetados, al igual que 3 años atrás. Habría acuerdo para insistir en que el PE debe pedir autorización antes de concretar cada operación. También para excluir de la venta a locales considerados parte del patrimonio histórico provincial.