Abogado insta a defender los Consejos de la Magistratura

El gobierno de José Alperovich suprimió el Consejo Asesor de la Magistratura (lo formaban representantes de la Corte Suprema, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y del Colegio de Abogados), pero la tendencia en el país apunta a consolidar órganos de este tipo, que aseguren que la selección de los jueces responda a criterios objetivos y no políticos. Esto aseguró Carlos Andreucci, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
"Hay que consolidar estos institutos, quitando la representación estrictamente politizada para afianzar la República con jueces bien elegidos", afirmó el letrado, quien asistió a la asunción del titular del Colegio de Abogados del Sur, Eduardo Fernández. También visitó al vicegobernador, Fernando Juri, a quien ofreció la ayuda de la FACA para elaborar proyectos de ley sobre seguridad, Justicia o reforma constitucional.
El dirigente pidió que se evalúe minuciosamente a los candidatos a jueces. "Esto no sólo deben ser técnicos bien calificados del Derecho, sino individuos integrados a la sociedad, que comprendan la situación sociocultural en la que deberán juzgan y que estén comprometidos con la realidad. Las provincias deben seguir la normativa vigente y examinar los institutos que hacen a la consolidación de la democracia", añadió.

Una respuesta parcial
Cuando se le consultó sobre una eventual reforma de la Constitución provincial, como quiere el oficialismo, destacó la necesidad de que haya acuerdos previos que abarquen a toda la sociedad. "Toda modificación debe ser muy cuidadosa y no puede excluir a ningún sector, por minoritario que sea. El pueblo debe estar representado en los debates. Sólo así se recuperará el prestigio y la credibilidad. Un texto elaborado por un grupo dominante en un momento no tiene inserción en la sociedad y tiene corta vida", advirtió.
Además, Andreucci defendió la estabilidad de los jueces, en tanto garantía de los ciudadanos y de la independencia de la Justicia, más allá de cualquier reforma. "Este principio no se debe confundir con actitudes de quietismo", expresó el titular de la FACA.
El endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal, como medio para combatir la inseguridad, es una solución parcial, según el abogado. "Si se cumplieran las leyes vigentes, no se necesitarían nuevas normas. Cuando un juez interviene es porque el delito ya se cometió y el Estado llegó tarde", explicó.
El profesional aseguró que el caso paradigmático de Axel Blumberg fue un detonante de la estructura del sistema de Justicia, más que de la situación particular del fiscal Jorge Sica.

Camaristas denuncian intentos de colonizar el Poder Judicial
Un grupo de camaristas y de jueces denunciaron que en la provincia está en marcha un proceso destinado a concentrar el poder y a colonizar la Justicia. Invocaron como prueba la supresión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el establecimiento de una cámara única de apelaciones en el fuero penal y los rumores sobre una posible puesta en comisión del Poder Judicial como consecuencia de una eventual reforma constitucional.
La filial de la Red Argentina de Justicia para la Democracia se quejó por entender que muchos cambios se hicieron sin consultar a las autoridades del Poder Judicial o, si se hicieron, no se canalizaron mediante un procedimiento público. Esto último molestó a algunos vocales de la Corte Suprema, que consideran agraviante la nota, por considerar que ellos defendieron la consolidación del CAM y la inamovilidad de los jueces.
La modificación más criticada fue la de concentrar en la sala VII de la Cámara Penal la facultad de resolver las apelaciones, como propuso el Poder Ejecutivo. Aquel tribunal es integrado por Elva Jiménez (hermana del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez), Liliana Vitar y Eudoro Albo.
"No podemos callar ante lo que se presenta públicamente en los medios de comunicación como un intento de colonizar el Poder Judicial, sometiéndolo a la influencia de un determinado sector en desmedro de los derechos de la comunidad", concluyeron los camaristas Pedro Roldán Vázquez, María Poliche de Sobrecasas, Carlos Norry, Miguel Iácono y Gladys Ríos; el fiscal de Cámara, Manuel López Rougés, y la defensora oficial Teresa Carnival de Davio.