El Ejecutivo da marchas atrás con el multimedia

En Casa de Gobierno se realizarían las modificaciones y la propuesta volvería a enviarse a la Legislatura. Dudas sobre el futuro control del Tribunal de Cuentas.

Por Redacción Política 27 Abril 2004
El Poder Ejecutivo (PE) intentará finalizar la polémica desatada por su proyecto de crear una agencia oficial de noticias, con la introducción de cambios sustanciales a la idea original para intentar su sanción en la Cámara.
Desde la Casa de Gobierno trascendió que el PE retirará la iniciativa que está siendo analizada en la Legislatura y presentará una nueva moción. Esta suprime la posibilidad de conformar una empresa multimedia del Estado y limita el accionar de la futura sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) a una productora de contenidos periodísticos y propagandísticos, manteniendo el nombre de "Tucumán nueva imagen".
Esta alternativa comenzó a barajarse ante la ola de críticas que tuvo el proyecto. El oficialismo parlamentario había adelantado su oposición.
La empresa que se propone fundar el Gobierno tendría el control de toda la pauta publicitaria del Estado, que sería cautiva. Así, sus directores podrían distribuir los aportes entre los distintos medios de comunicación y manejar el circuito de los recursos públicos destinados a propaganda oficial, pese a que sería una Sapem.
Esta eventualidad ya ha generado nuevos cuestionamientos y previsiones en la Legislatura (tanto en el peronismo como en la oposición). Ocurre que la transferencia de responsabilidades en la contratación de espacios publicitarios y el pago de las boletas de los medios de comunicación a través de la Sapem excluiría estas operaciones de los controles preventivo y definitivo del Tribunal de Cuentas, y quedarían sujetas a las normas contables privadas. De producirse este cambio, no sería aplicable la ley de Administración Financiera. Los legisladores, en tanto, avanzarán en el estudio de los proyectos de secreto profesional de los periodistas (de modo que no sean obligados a revelar su fuente) y de libre acceso a la información pública, para que cualquiera obtenga datos de una oficina del Estado.

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