01 Agosto 2017
La polémica que se desató por los vicios procesales en la investigación de la desaparición de Daiana Garnica va aumentando. El juez de instrucción Víctor Manuel Rougés cuestionó con dureza al fiscal Diego Bonari, quien lo había denunciado por no haber estado en su despacho para que firmara una orden de allanamiento que pidió hacer; la medida se realizó sin autorización.
La semana pasada, el fiscal Bonari se presentó en la Corte Suprema de Justicia para informar que denunciaría penalmente a los jueces Rougés y al secretario Carlos López por no haber estado en sus despachos para autorizar el allanamiento que realizó al día siguiente de la desaparición de la menor. El investigador dijo que se amparó en el artículo 207 del Código Procesal Penal que lo habilita a realizar esta medida sin autorización de un magistrado.
Rougés, que no suele realizar declaraciones a la prensa, emitió un comunicado donde advirtió: “El domingo 7 el fiscal Bonari no envió para su resolución por el juez de turno la causa en donde se investigaba la desaparición de la joven, con el propósito de obtener la orden de allanamiento de domicilio pese a que sí lo hizo con otras seis causas judiciales que fueron diligentemente despachadas esa jornada por el suscripto”.
“Es para dudar la idoneidad del fiscal interviniente en la investigación de la desaparición de la adolescente si, como manifiesta, no puede localizar al Juez de Instrucción de turno un día domingo en su domicilio particular”, sentenció el magistrado en el parte.
Por otra parte, Julieta Jorrat, defensora del principal sospechoso y de sus familiares, confirmó que continuará adelante con los planteos de nulidad por considerar que el allanamiento ordenados por el fiscal no cumple con los requisitos exigidos por el Código. Si le dan la razón, sus defendidos quedarán libres.
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