Por Redacción Política
26 Abril 2004
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En el Concejo Deliberante de Banda del Río Salí pretenden ponerles un punto final a las irregularidades en el manejo de los programas sociales. Con ese objetivo, se intimó a aquellos empleados que figuran como beneficiarios del plan "Jefas y Jefes de Hogar Desocupados" a que renuncien de inmediato al aporte de $ 150 mensuales que abona la Nación.
Cuando salió a la luz, el caso del concejal Juan Manuel Jiménez generó un verdadero escándalo político en el cuerpo. El edil peronista figuraba como beneficiario de un plan social. Como agravante, su propia hija, María Eugenia Jiménez, también recibía ese beneficio, a pesar de que fue contratada por su padre como empleada con categoría 15. Su sueldo es, aproximadamente, de $ 280 mensuales.
El concejal actuó de igual manera al nombrar como personal contratado a Delia Beatriz Avalos, con escalafón y remuneración idénticos. La mujer también está incluida en la lista de beneficiarios del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Más involucrados
Luego se conoció el caso de dos empleados, Rosa del Valle Ormaechea y Mario Guillermo Flores, designados por el concejal Raúl Héctor Sosa.
El edil del Partido Justicialista reconoció a LA GACETA que tanto Ormaechea como Flores fueron nombrados cuando asumió en la función pública. Pero remarcó -en relación con su secretaria- que él no sabía que ella era beneficiaria de un plan social para desempleados.
Contra la normativa
Salió a la luz, además, la situación que involucra a la secretaria del Concejo Deliberante, Elizabeth del Valle Cabeza, cuyo esposo -Raúl Eduardo Paliza- es beneficiario de un plan social. La disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación impide que se otorgue el aporte social cuando uno de los cónyuges tiene un empleo.
"Fue un golpe duro, porque de alguna manera mancha a todos los concejales", comentó un edil que lamentó la situación. Por esa razón, las autoridades del Concejo Deliberante exigieron a los empleados que desistan de percibir el beneficio social, más allá de las disposiciones que pueda adoptar la Justicia Federal, a partir de la investigación que inició el fiscal Carlos Brito.
Cuando salió a la luz, el caso del concejal Juan Manuel Jiménez generó un verdadero escándalo político en el cuerpo. El edil peronista figuraba como beneficiario de un plan social. Como agravante, su propia hija, María Eugenia Jiménez, también recibía ese beneficio, a pesar de que fue contratada por su padre como empleada con categoría 15. Su sueldo es, aproximadamente, de $ 280 mensuales.
El concejal actuó de igual manera al nombrar como personal contratado a Delia Beatriz Avalos, con escalafón y remuneración idénticos. La mujer también está incluida en la lista de beneficiarios del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Más involucrados
Luego se conoció el caso de dos empleados, Rosa del Valle Ormaechea y Mario Guillermo Flores, designados por el concejal Raúl Héctor Sosa.
El edil del Partido Justicialista reconoció a LA GACETA que tanto Ormaechea como Flores fueron nombrados cuando asumió en la función pública. Pero remarcó -en relación con su secretaria- que él no sabía que ella era beneficiaria de un plan social para desempleados.
Contra la normativa
Salió a la luz, además, la situación que involucra a la secretaria del Concejo Deliberante, Elizabeth del Valle Cabeza, cuyo esposo -Raúl Eduardo Paliza- es beneficiario de un plan social. La disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación impide que se otorgue el aporte social cuando uno de los cónyuges tiene un empleo.
"Fue un golpe duro, porque de alguna manera mancha a todos los concejales", comentó un edil que lamentó la situación. Por esa razón, las autoridades del Concejo Deliberante exigieron a los empleados que desistan de percibir el beneficio social, más allá de las disposiciones que pueda adoptar la Justicia Federal, a partir de la investigación que inició el fiscal Carlos Brito.
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