Las tragamonedas mueven $ 26 millones

La polémica iniciada en Yerba Buena por un proyecto para ampliar las zonas habilitadas para la instalación de máquinas tragamonedas, reavivó el interés público por esta actividad. El debate está dividido en dos frentes. Por un lado, cuál es el aporte económico que este millonario negocio debe realizar al Estado; y por el otro, cuáles son los límites públicos que deben sostenerse para el funcionamiento de las casas de juego.
Las salas de máquinas electrónicas fueron concesionadas en 1997 por la Caja Popular de Ahorros. Entonces, como resultado de un complejo proceso de licitación, el negocio quedó reducido a 9 empresas por un período de 10 años. El contrato establece que las licenciatarias deben abonar $ 300 mensuales por cada máquina, con independencia de la recaudación que produzcan esos equipos.
El total de tragamonedas autorizadas en la provincia llega a 715, lo que genera a la Caja un ingreso anual cercano a los $ 2,2 millones. Según datos extraoficiales, la cifra es notoriamente desproporcionada con las ganancias que en el mismo período obtienen los concesionarios. En 2003, por ejemplo, las 9 firmas alcanzaron una ganancia cercana a los $ 23,5 millones.

Auditoría diaria
La intervención que encabeza Juan Carlos Veiga reconoció que uno de sus objetivos era mejorar los ingresos por las actividades vinculadas con los juegos de azar. Aunque públicamente se puso el acento en el Casino -el gobernador José Alperovich impulsa su privatización-, en el hipódromo y en el bingo, las tragamonedas también están en la mira.
La intención de las autoridades de la Caja es auditar cada uno de los equipos para reemplazar el canon fijo por uno variable, vinculado con los ingresos que se generen mensualmente. El proyecto choca con una imposibilidad tecnológica: sólo pueden interconectarse las máquinas de ruleta, pero no las de videopóquer. Aun así, se estima que podría incrementarse en un 55% la participación que recibe el Estado por esta actividad lucrativa.
La segunda dificultad para concretar el proyecto se relaciona con los compromisos legales asumidos por la Caja y por los licenciatarios. Al respecto, será necesario renegociar los contratos y revisar las normas actuales de explotación, un proceso que se anticipa como traumático por los intereses en juego. También, porque en el proceso necesariamente intervienen otros sectores como las municipalidades y sus vecinos que, como en Yerba Buena, tienen posición tomada.

Retribución para el Estado
New Star, de Guillermo Eduardo Curia, es la empresa que más aporta a la Caja Popular en concepto de canon (un estimado anual de $ 720.000). Lo siguen Novo Play, de Daniel Montanaro (cerca de los $ 430.000); Alfa Mercurio, de Juan Carlos y Sergio Diez del Valle ($ 360.000); Brotheting?s, de Roberto Sagra ($ 288.000) y Point Limits, de Adolfo Angel Ale ($ 270.000). La firma JP, del intendente de Tafí Viejo, Javier Pucharras, aporta a la entidad provincial una suma cercana a los $ 144.000 anuales.