El costo de la política se mide en la Legislatura

El debate abierto sobre la reforma de la Constitución reinstaló en la agenda política la posibilidad de que la provincia retorne al sistema bicameral -con diputados y con senadores- para el funcionamiento del Poder Legislativo. La idea no forma parte de los planes reconocidos públicamente por el Gobierno, pero es uno de los puntos centrales de la propuesta que las autoridades del Partido Justicialista piensan poner a consideración de la sociedad ante una eventual elección de convencionales constituyentes.
El sistema unicameral fue adoptado por Tucumán en la Constitución de 1990. El proyecto, impulsado por Fuerza Republicana, sugirió la conformación de una sola legislatura integrada por 30 miembros. El líder de ese partido, Antonio Bussi, justificó la decisión en los problemas que originaba al Poder Ejecutivo, el hecho de tener que trabajar con diputados y con senadores.
"No tengo experiencia del sistema unicameral pero, en Tucumán, las dos cámaras fueron un fracaso", afirmó el ex gobernador de facto el 19 de marzo de 1990, cuando la Convención aprobó la iniciativa. Los bussistas, sin embargo, aceptaron la sugerencia de Pablo Calvetti (convencional de la Ucedé), quien propuso ampliar el número de legisladores a 40. El fuerte enfrentamiento político que se produjo como consecuencia de la Convención, cuando el Frejupo desconoció las decisiones adoptadas y cuestionó la nueva Carta Magna ante la Corte Suprema de Justicia, evitó el debate en profundidad sobre esta cuestión que ahora reaparece en la escena pública.

Menos legisladores
A mediados de la década del 90, comenzó a tomar forma la idea que sostiene que uno de los males de la Argentina era el denominado costo de la política. Entonces, la demanda de menos legisladores fue uno de los mayores reclamos de los sectores movilizados.
El cruce de intereses entre la dirigencia política y la sociedad, tuvo su dramática explosión en los hechos que sucedieron a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. El presidente radical prometió en la campaña electoral que reduciría los costos de la política, pero el tema quedó postergado por otras urgencias.
Durante la gestión de Eduardo Duhalde, la Nación firmó con las provincias un Acuerdo para la Reforma del Sistema Político, por el que ambas partes asumieron una serie de pautas destinadas a reducir el costo político y a mejorar el sistema electoral.
El pacto no contempló la obligación de las provincias para adoptar un sistema unicameral, pero si impuso una sensible reducción de estructuras y de gastos en las legislaturas y en todos los municipios. La mayoría de esos compromisos aún espera tratamiento.
En la doctrina jurídica se justifica la existencia de un régimen bicameral en el orden nacional. El sistema es propio de los países federales, donde los Estados provinciales están representados en una cámara -senadores- y el pueblo en otra - diputados-. La diferencia quedó desdibujada a partir de la reforma de la Constitución nacional de 1994, que impuso la elección directa de los senadores, pero se mantiene funcionando en la estructura del poder nacional sin grandes contradicciones.
En favor y en contra
Al margen de la cuestión federal, existe una vieja discusión sobre las bondades de uno y de otro sistema. Los partidarios del unicameralismo recuerdan su prestigio histórico -surgió en la Revolución Francesa- y aseguran que permite un trabajo más ágil del Parlamento. También se sostiene que es más económico para el Estado. Quienes defienden la necesidad de trabajar con dos cámaras, ven en esa modalidad una forma de contraponer intereses, garantizar mayor representatividad y de fortalecer los controles entre poderes.
En otro eje, la discusión se vincula con la eficiencia con la que funciona cualquiera de los sistemas en una sociedad donde la democracia aún no esta afianzada en todos sus sentidos. En este punto, el debate vuelve a vincularse al costo de la política. La pregunta a responder será entonces si las críticas contra la política no se incrementaron más por la incapacidad de los dirigentes para encontrar salidas a la crisis, que en cuánto ganan o gastan quienes conducen los destinos de la sociedad.

Punto de vista
"Mejorar el control al poder"
Por Santiago Rex Bliss, Docente UNT - Fac. Filosofía y Letras - Magister en Historia
El costo del funcionamiento de nuestro sistema político -que es muy elevado- tal vez no sea el principal problema, sino el ostensible fracaso de nuestras instituciones republicanas en ejercer la representación política de la sociedad.
Este fracaso reconoce múltiples causas; para resolverlo es imprescindible una profunda reforma política que asegure un mayor control de los ciudadanos sobre sus representantes. Debería comenzarse por retornar al elemental principio de que los candidatos más votados sean los efectivamente electos; para ello hay que derogar La ley de Lemas.
Por otra parte, resultaría fundamental modificar las jurisdicciones electorales: crear distritos mucho más pequeños y que cada uno de ellos elija a un representante, de manera que los ciudadanos puedan identificar perfectamente a quien es su representante y controlar cómo cumple sus funciones. Si la sociedad controlara mejor sus instituciones, cuando se asignen recursos la "corporación política" debería resignar parte de sus ingresos a favor de otras demandas sociales y el costo de funcionamiento del sistema disminuiría.
Naturalmente, una reforma de esta naturaleza requiere que la dirigencia política abandone su proverbial mirada "cortoplacista" y que por una vez diseñe una reforma política con la mirada en un horizonte más lejos que las próximas elecciones.

"Cambiar el sistema electoral"
Por José Bercoff - Docente UNT - Investigador - Facultad de Ciencias Económicas
Ya el famoso economista James Mill consideraba que si el poder era garantizado a un grupo de personas llamadas representantes, estas usarían su poder no para beneficio de la sociedad sino para el propio si pudieran. La cuestión era entonces cómo prevenir esa situación.
La temática planteada por Mill es más actual que nunca, si pensamos en que una nueva reforma constitucional está gestándose y que el diseño institucional es central a la hora de lograr los contrapesos necesarios en los actos de Gobierno. Por otra parte empiezan a alzarse voces acerca de la conveniencia de volver a un sistema bicameral con el argumento de que cuando Tucumán contaba con dos cámaras el nivel de gasto era menor que el actual.
Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos a la hora de esgrimir argumentos que pueden aparecer como razonables pero que no se sustentan en estudios serios.
En este sentido, la evidencia empírica que surge de un estudio realizado para los 24 distritos del país indica que existe una relación positiva entre el número de cámaras y el gasto legislativo como porcentaje del gasto total de cada provincia. Es decir que las provincias con sistemas bicamarales gastan más que las que tienen un sistema unicameral.
El problema de la representatividad y del llamado gasto político no descansa en el hecho de la unicameralidad del Poder Legislativo local; por el contrario, este hecho ha sido positivo para la provincia. El problema central radica en el nefasto sistema electoral que otorga poder a ciudadanos con poca o ninguna representatividad social y, en consecuencia -en palabras de Mill- actúan en beneficio propio y no de la sociedad.