El 84% de los discapacitados no puede conseguir trabajo

El 84% de los discapacitados no puede conseguir trabajo

A pesar de que se avanzó mucho quedan cuestiones sin resolver. Proponen que los propios afectados sean protagonistas del debate.

ORGANIZADORES. María Paz Fourmantin, Viviana de Scarso, Olga Timo de Jamroz y Leandro Sánchez proponen plantear en serio la temática. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI.- ORGANIZADORES. María Paz Fourmantin, Viviana de Scarso, Olga Timo de Jamroz y Leandro Sánchez proponen plantear en serio la temática. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI.-
13 Julio 2017

A pesar del avance de las leyes en favor de las personas con discapacidad, los problemas no se resuelven. El 84% de esta población no consigue trabajo. Y si lo hace, pierde su pensión por discapacidad. Si renuncia a ella, corre riesgo de quedar sin sustento económico porque generalmente los contratos son por seis meses y no se renuevan. Las obras sociales no cumplen con las prestaciones básicas, ni siquiera las del Estado. Andar por la ciudad es casi imposible, los colectivos no tienen rampas y los taxistas se niegan a cargar las sillas de ruedas.

Este panorama plantearon cuatro instituciones dedicadas a la discapacidad. Entidades con larga trayectoria que decidieron celebrar sus aniversarios de manera especial: con una gran convención. Para contar la propuesta visitaron LA GACETA Olga Timo de Jamroz, presidenta de Frasim del NOA, que cumple 25 años; Viviana de Scarso, conductora de Proposiciones de radio Universidad, que celebra sus 21 años; Leandro Sánchez, editor de la revista Capacitados, 20 años, y María Paz Fourmantin, de la ONG Comunidad (lenguaje de señas), con dos décadas.

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Lo novedoso de la convocatoria es que estará a cargo de las personas con discapacidad. “Ellas tendrán la palabra. Por lo general son intermediadas por padres, profesionales o funcionarios; están acostumbrados a no tener voz”, dice Sánchez.

Los temas

“La problemática del sector va mucho más allá de la cuestión sobre las pensiones. Nuestro objetivo con la convocatoria a esta convención es que puedan se pueda debatir y tomar decisiones sobre grandes ejes como salud, educación, problemáticas legal, laboral, cultural y deportes”, añade el periodista.

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Olga (Poupé) Timo destaca que “las obras sociales no cumplen con las leyes”. “El Profe, que es una obra social del Estado, solamente da una prestación en módulo, es decir, que incluye servicios de psicólogo, médico, fonoaudiólogo y fisioterapia. Pero a veces la mamá no necesita todo esto para su hijo sino solamente un servicio, pero uno solo no lo cubre”, explica. Las obras sociales tampoco cubren las terapias alternativas porque no están nomencladas y a veces se debe llegar a una presentación judicial para que se autoricen acompañantes terapéuticos y maestras integradoras.

Timo de Jamroz reconoce que los profesionales médicos no saben cómo tratar a una persona con discapacidad adulta o de la tercera edad. “No tienen formación en la universidad, desconocen el tema. Y con el avance de la medicina y el envejecimiento de la población ahora muchas las personas con discapacidad mental, sobre todo, que superan los 50 años”, dice.

Las universidades tienen una deuda con los discapacitados en la formación de profesionales. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT el Diseño Universal es una cátedra optativa, que debería ser obligatoria. Tampoco hay abogados capacitados para defender a personas con disminución física o mental.

En el ámbito laboral, “a las empresas les falta concientización. Firman contratos por seis meses, que después no se renuevan. “La pensión por discapacidad no existe - aclara Sánchez-, sino por incapacidad laboral. Si conseguís un trabajo en blanco se suspende esa pensión. Por eso pedimos una pensión por la discapacidad, que no dependa de si la persona trabaja o no”, remarca de Scarso.

“Según el modelo social de la convención por los derechos de las personas con discapacidad una persona en silla de ruedas no es discapacitada porque está en esa condición sino porque no hay rampas. Es el Estado el que discapacita, no la enfermedad”, afirman. Concluyen que hace falta un cambio de paradigma: “Que se considere a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y no como objeto de asistencialidad. Para ello hace falta debate y educación”.

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