El cambio de la ley de canje de activos divide al oficialismo en la Legislatura

La comisión de Hacienda de la Legislatura no pudo sesionar ayer por falta de quórum. Esta se debió a las disidencias internas en el justicialismo sobre la ley de Activo por Activo, una de las normas más esperadas por la Casa de Gobierno. El tema iba a ser incluido en la sesión de Cámara, pensada para el martes o el jueves venidero.
La norma propuesta desde el Poder Ejecutivo es una reforma de la ley sancionada durante la gestión de Julio Miranda, cuando José Alperovich era su ministro de Economía. En su momento, se aprobó la posibilidad de entregar inmuebles del Estado valiosos, sin uso o que no tienen un aprovechamiento integral, y recibir otro bien de igual valor o recursos que permitan constituir un fondo fiduciario para atender emergencias.
Ahora el PE impulsa una serie de cambios profundos, que generan resistencia. La principal reforma consistiría en que el Gobierno quedaría facultado también a disponer de bienes muebles y hasta los recursos en efectivo que sean excedentes del erario luego del movimiento habitual de los fondos y la cancelación de los gastos corrientes. La justificación oficial es que se tratan de evitar, de este modo, los embargos judiciales. Desde la oposición se advirtió que esta medida sería insuficiente.

Más inmuebles
El PE quiere incluir en el listado de un centenar de inmuebles, a otras propiedades de alta cotización en el mercado por su ubicación, como el Registro Civil y el Instituto de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Además, impulsa la creación de dos fondos fiduciarios, uno destinado al crecimiento y otro como anticrisis.
Este es otro foco de tensión, ya que esos fondos serían administrados por la Caja Popular de Ahorros (una entidad políticamente dependiente del PE), y quedarían abarcados por la Ley de Entidades Financieras, en vez de la ley provincial de Administración Financiera.
El contrato de administración de los fondos fiduciarios deberían ser simplemente comunicados a la Legislatura para tener vigencia. Hasta ahora, esos convenios requieren la aprobación parlamentaria.

Desafectar la Caja
Hacienda tiene también para resolver la desafectación del aporte de la Caja Popular de Ahorros al programa Copa de Leche, respondiendo a un pedido del interventor de la entidad financiera, Juan Carlos Veiga, para aliviar sus finanzas.
La iniciativa es que los tres millones de pesos anuales que se destinan al complemento alimentario sean aportados ahora por la Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de Joaquín Ferré, la que tendrá un incremento presupuestario de $ 250.000 por mes. También se amplía el plazo entre la entrega de la leche y su distribución a los beneficiarios, para que se cumplan las pautas sanitarias del Mercosur.