Investigan a otros dos ediles de Concepción

CONCEPCION.- A los casos de los concejales republicanos Edgardo Ibarra y Horacio Esterman, investigados porque sus esposas son beneficiarias de planes sociales, ahora se suma los de los ediles peronistas Carlos Alberto Chocobar y Jorge Olea.
Hace dos semanas estalló el escándalo en el Concejo Deliberante de Concepción, cuando el edil Ibarra admitió a LA GACETA que había distribuido 400 planes sociales, incluyendo a su propia esposa. También se supo que la mujer del concejal Esterman resultó beneficiada con el aporte mensual de $ 150.
A raíz de esa situación, el presidente del Concejo Deliberante, Julio Flores (PJ), pidió la destitución de Ibarra. Sin embargo, el cuerpo, en la última sesión (jueves 15 de este mes), prefirió conformar una comisión investigadora, para analizar la situación. El trabajo le fue encomendado a los concejales Raúl Albarracín (PJ), Beatriz Peluffo (UCR), Jorge Fiol (UCR) y Luis Flores (PJ).
Según trascendió, Chocobar está en la mira, a partir de datos que dan cuenta sobre la aparición de su esposa, Isabel Beatriz Pichotti, entre los beneficiarios del plan social. Olea también estaría en la misma situación, ya que su esposa, Gladys Analía Flores, habría recibido el aporte de la Nación para desocupados.
El agravante sería que Olea tenía trabajo, ya que durante la gestión anterior (1999-2003) fue empleado de bloque contratado por el entonces concejal Iván Llorens Dip. La reglamentación vigente impide que una persona sea beneficiaria de un plan social si su cónyuge tiene un empleo.

Bajo la lupa
Desde la comisión investigadora se reconoció que se estudia a todos los miembros del Concejo y a sus cónyuges. Aunque pusieron la lupa sobre Ibarra, Chocobar, Olea y Esterman, este último se mostró exultante ya que, según adelantó, habría reunido documentación que certificaría que, a partir de octubre, las firmas de pago que registra el Banco del Tucumán y que supuestamente corresponden a su esposa, son falsas. El mismo reconoció que había cobrado el beneficio por una necesidad económica.
La comisión tenía plazo hasta el martes pasado para pronunciarse sobre la situación de Ibarra y de Esterman y si les cabe alguna sanción. Pero a raíz de la aparición de dos nuevos casos y ante la demora de los informes requeridos a la Anses y al Banco del Tucumán, recién el miércoles podría surgir un pronunciamiento.
Peluffo mantuvo una reunión con el fiscal federal, Carlos Brito, quien inició una investigación de oficio a partir de la publicación de LA GACETA. El funcionario judicial informó que se está cruzando todos los datos disponibles para detectar si hubo anomalías en percepción o en la distribución de planes sociales. (C)