Los agentes económicos se cubren frente a la variación de precios

El dato de abril volvió a abrir signos de interrogación acerca de la debilitada pauta inflacionaria que la gestión del presidente Mauricio Macri adoptó a través del Banco Central: que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre el año en una banda de entre el 12% y el 17%. Por más que los funcionarios intenten sostenerla, la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha revelado, esta semana que pasó, que la inflación sigue siendo el estigma de la gestión, con un alza del 2,6% en abril y un acumulado en el cuatrimestre del 9,1%. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pronosticó que la inflación rondará “cerca del 1%” en el cuarto trimestre de este año, y sostuvo que para ello se debe “persistir en las políticas” que se vienen aplicando desde su cartera. “No se frena ni se cambia la política fiscal por las elecciones”, manifestó el funcionario nacional.

La economía argentina tomó nuevamente el rumbo de la indexación, alerta el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano en su último reporte. Salarios y jubilaciones que se ajustan en función de la inflación, préstamos bancarios cuyas cuotas varían siguiendo igual indicador, plazos fijos y Lebac ajustables de la misma forma, alquileres y deuda privada con cláusulas en función de la variación de precios son sólo algunos ejemplos, señala el informe.

“Ello implica que, en el horizonte cercano, los agentes de la economía, incluyendo al Estado, no vislumbran una rápida desaparición de la inflación. La alternativa es, entonces, convivir con ella, tratando de preservar el valor en términos reales de salarios, alquileres, deudas y contratos en general”, analiza Víctor Beker, director del CENE. “La dificultad que presenta la indexación es que se convierte en un mecanismo que perpetúa la inflación. Las distintas variables de la economía se ajustan en base a la inflación pasada. Por lo tanto, la inflación pasada se convierte en la inflación futura. La generalización de la indexación conspira contra el propósito de bajar la tasa de inflación”, asegura Beker.

“Todo plan anti-inflacionario requiere desmontar los mecanismos de indexación existentes en la economía. Así se hizo en el plan Austral de 1985, introduciendo el desagio, una tablita con una quita en las obligaciones futuras, estimando la inflación que llevaban implícitas. También en el plan de Convertibilidad, prohibiendo la indexación, lo que aún sigue legalmente vigente”, detalla. De lo contrario, completa el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, “si bien la indexación puede contribuir a bajar la conflictividad social en el corto plazo, asegurando que nadie quede demasiado rezagado en sus ingresos respecto de la inflación, se constituye también en un obstáculo para lograr su reducción”.