La comisionada rural de San Andrés, Carla Martín, está involucrada en otro episodio que podría tener derivaciones judiciales. Se trata de una obra hídrica para los pobladores de los barrios San Antonio y Los Porceles que no se estaría realizando según el proyecto elaborado por un centro comunitario y aprobado por la Nación.
El proyecto prevé la instalación de una serie de obras que no se están haciendo, según los vecinos. Se indicó que en el proyecto se fijó un gasto de $ 60.000, cifra que no se estaría invirtiendo. Los barrios afectados padecen serios problemas de suministro de agua potable, por lo que los integrantes del centro comunitario pidieron explicaciones a la comisionada rural y al interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, Adrián Cúneo Vergés. Dijeron que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta.
Está prevista la construcción de un canal de 800 metros conformado por caños de PVC de 75 milímetros. Los integrantes del centro comunitario denuncian que los caños de PVC que se están instalando son de 63 milímetros. "Además, se está tapando la cañería sin hacerse la prueba hidráulica para la reparación de posibles pérdidas", según manifestó Manuel Sánchez, presidente de la agrupación vecinal.
Los pobladores exigen que se explique por qué las obras que se están realizando no coinciden con el proyecto. Por ello, denunciaron la situación ante la Gerencia de Empleo de la Nación, que está observando el caso.
La comisionada Martín también es cuestionada por el cobro del plan Jefes y Jefas de Hogar durante el ejercicio de la función pública. Su esposo, Matías Nanterne, también es beneficiario del plan social y ambos perciben los $ 150 desde que eran solteros y no tenían hijos a cargo.
El proyecto prevé la instalación de una serie de obras que no se están haciendo, según los vecinos. Se indicó que en el proyecto se fijó un gasto de $ 60.000, cifra que no se estaría invirtiendo. Los barrios afectados padecen serios problemas de suministro de agua potable, por lo que los integrantes del centro comunitario pidieron explicaciones a la comisionada rural y al interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, Adrián Cúneo Vergés. Dijeron que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta.
Está prevista la construcción de un canal de 800 metros conformado por caños de PVC de 75 milímetros. Los integrantes del centro comunitario denuncian que los caños de PVC que se están instalando son de 63 milímetros. "Además, se está tapando la cañería sin hacerse la prueba hidráulica para la reparación de posibles pérdidas", según manifestó Manuel Sánchez, presidente de la agrupación vecinal.
Los pobladores exigen que se explique por qué las obras que se están realizando no coinciden con el proyecto. Por ello, denunciaron la situación ante la Gerencia de Empleo de la Nación, que está observando el caso.
La comisionada Martín también es cuestionada por el cobro del plan Jefes y Jefas de Hogar durante el ejercicio de la función pública. Su esposo, Matías Nanterne, también es beneficiario del plan social y ambos perciben los $ 150 desde que eran solteros y no tenían hijos a cargo.







