12 Abril 2004 Seguir en 
El director del Epret, Julio Figueroa, cuestionó a la asociación Defensa Usuarios de Abastecimientos y Servicios (Dudas), que preside Raúl Giménez Lazcano, entidad que había denunciado al órgano de control de emitir una resolución que favorece a EDET.
"Antes que denunciar parcialidad del Epret, Giménez Lazcano debería regularizar su asociación, Dudas, a la cual no podemos reconocer oficialmente como defensora de los usuarios ya que carece de personería jurídica, no sabemos por qué", remarcó Figueroa. "Por lo tanto, a Giménez Lazcano sólo lo podemos atender en su carácter de usuario, nada más", apuntó.
Aclaró que la Resolución 776/3 -cuestionada por Dudas- apunta a normalizar el control del fraude. "La anterior modalidad, en la que al usuario que cometía un fraude se le reinstalaba el servicio con sólo un fax al Epret, generó la reincidencia de muchos usuarios que abusaron de esta facilidad y generaron más de 4.000 expedientes que entorpecen las tareas de contralor que debe realizar el ente, actuando sobre concesionarias y sobre usuarios", destacó Figueroa. Subrayó que las facultades de cortar el servicio de electricidad no las da el Epret, sino la ley que rige el servicio y la concesión. "No se ha liberado del cumplimiento del mandato de proteger a los usuarios. Es más, EDET puede llegar hasta la denuncia penal", dijo el funcionario.
"Antes que denunciar parcialidad del Epret, Giménez Lazcano debería regularizar su asociación, Dudas, a la cual no podemos reconocer oficialmente como defensora de los usuarios ya que carece de personería jurídica, no sabemos por qué", remarcó Figueroa. "Por lo tanto, a Giménez Lazcano sólo lo podemos atender en su carácter de usuario, nada más", apuntó.
Aclaró que la Resolución 776/3 -cuestionada por Dudas- apunta a normalizar el control del fraude. "La anterior modalidad, en la que al usuario que cometía un fraude se le reinstalaba el servicio con sólo un fax al Epret, generó la reincidencia de muchos usuarios que abusaron de esta facilidad y generaron más de 4.000 expedientes que entorpecen las tareas de contralor que debe realizar el ente, actuando sobre concesionarias y sobre usuarios", destacó Figueroa. Subrayó que las facultades de cortar el servicio de electricidad no las da el Epret, sino la ley que rige el servicio y la concesión. "No se ha liberado del cumplimiento del mandato de proteger a los usuarios. Es más, EDET puede llegar hasta la denuncia penal", dijo el funcionario.







