Pese al arresto domiciliario que cumple en la Capital Federal, el ex gobernador Antonio Bussi podrá visitar a su esposa, Josefina Bigoglio, mientras esté internada por un tratamiento en el Hospital Militar porteño.
El ex gobernador de esta capital pretendía acompañar a su esposa en todo momento, pero el juez federal tucumano, Jorge Parache, restringió la solicitud. En el mismo sentido se pronunció el fiscal federal Emilio Ferrer, quien remarcó que, como la ley penal no prevé el beneficio requerido por Bussi, no correspondía otorgárselo.
Por razones de salud, el titular de Fuerza Republicana (FR) cumple en el departamento de su hija Claudia la prisión preventiva que le impuso Parache. Al militar (r) se le imputan el secuestro y la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrido en 1976. Todo desplazamiento fuera del inmueble debe ser aprobado explícitamente por la Justicia Federal.
Ferrer aún no recibió los informes médicos actualizados sobre la salud del ex mandatario que fueron requeridos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es clave para determinar cómo está Bussi y si puede volver a la provincia para continuar bajo detención domiciliaria, pero en Tucumán. El regreso facilitaría las notificaciones y los trámites judiciales en las numerosas causas por violaciones a los derechos humanos durante la década del 70, en las que está imputado.
El fiscal federal planteó a los jueces federales que en todos los expedientes en trámite se obvie la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, en consonancia con recientes fallos judiciales nacionales.
En la causa de Vargas Aignasse también está detenido bajo arresto domiciliario -en Córdoba- el ex general Luciano Benjamín Menéndez, cuya defensa presentó dos recursos de apelación ante la Cámara Federal.
El ex gobernador de esta capital pretendía acompañar a su esposa en todo momento, pero el juez federal tucumano, Jorge Parache, restringió la solicitud. En el mismo sentido se pronunció el fiscal federal Emilio Ferrer, quien remarcó que, como la ley penal no prevé el beneficio requerido por Bussi, no correspondía otorgárselo.
Por razones de salud, el titular de Fuerza Republicana (FR) cumple en el departamento de su hija Claudia la prisión preventiva que le impuso Parache. Al militar (r) se le imputan el secuestro y la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrido en 1976. Todo desplazamiento fuera del inmueble debe ser aprobado explícitamente por la Justicia Federal.
Ferrer aún no recibió los informes médicos actualizados sobre la salud del ex mandatario que fueron requeridos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es clave para determinar cómo está Bussi y si puede volver a la provincia para continuar bajo detención domiciliaria, pero en Tucumán. El regreso facilitaría las notificaciones y los trámites judiciales en las numerosas causas por violaciones a los derechos humanos durante la década del 70, en las que está imputado.
El fiscal federal planteó a los jueces federales que en todos los expedientes en trámite se obvie la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, en consonancia con recientes fallos judiciales nacionales.
En la causa de Vargas Aignasse también está detenido bajo arresto domiciliario -en Córdoba- el ex general Luciano Benjamín Menéndez, cuya defensa presentó dos recursos de apelación ante la Cámara Federal.







