07 Marzo 2017
Mientras 10 personas siguen encadenadas frente a la Casa de Gobierno, la Provincia y la Nación se desligan sobre la responsabilidad de los ex trabajadores.
Según Roberto Palina, secretario de Trabajo provincial, en esa área no se produjo ningún despido. “En realidad nunca fue un despido sino una no renovación de contrato”, dijo el ex legislador; y argumentó que los fondos que envía la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación no eran suficientes para renovar todos los contratos. “La Superintendencia tenía una deuda acumulada con nosotros, que liquidó en 2016 y con ese remanente les pagábamos a esta gente”, dijo.
En cambio, el macrista Alejandro Ávila Gallo, delegado de la Superintendencia, aseguró que “el vinculo laboral de los 10 desempleados era con la Provincia, no con la Nación”. También aseguró que el conflicto “tiene mucho que ver con la herencia”, en alusión a los nombramientos que se hicieron durante el ultimo año de gestión alperovichista. “Si se comen el presupuesto de la provincia más la partida que reciben de nosotros, no es un recorte de Nación, es una afectación que hace la Secretaría de Trabajo para las inspecciones de seguridad e higiene”, expresó Ávila Gallo. Indicó que el dinero que destina la Superintendencia al fortalecimiento de las inspecciones puede ser afectado según el criterio de la Secretaría.
“En Tucumán, el 98,5% de la partida está destinada al pago de honorarios profesionales. Esta gente (por los encadenados) debe depender de esa partida presupuestaria, que lejos de ser achicada, ha sido aumentada en un 35% en relación a 2015”, amplió Ávila Gallo.
Por su parte, Palina aseguró: “yo no puedo nombrar personas, no sé por qué yo tendría la obligación de tomarlos a ellos; fue una cuestión política que entraran y políticamente quizás lo puedan resolver, pero nunca estuvo contemplado en el presupuesto de la Secretaría el pago de sus salarios”. El secretario de Trabajo acusó a las autoridades que le antecedieron, Roberto Jiménez (secretario) y Julio Rocha (subsecretario), de “actuar irresponsablemente, tomando gente sin tener en cuenta las condiciones”.
“Para ocupar los cargos de inspectores tienen que ser profesionales y sólo tres tenían esas condiciones”, enfatizó Palina y señaló a Iván Rocha (hijo del Julio Rocha) de “no cumplir con las condiciones de trabajo” y “equivocar el proceso” de las contrataciones. “Hay un trasfondo político”, concluyó Palina.
Según Roberto Palina, secretario de Trabajo provincial, en esa área no se produjo ningún despido. “En realidad nunca fue un despido sino una no renovación de contrato”, dijo el ex legislador; y argumentó que los fondos que envía la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación no eran suficientes para renovar todos los contratos. “La Superintendencia tenía una deuda acumulada con nosotros, que liquidó en 2016 y con ese remanente les pagábamos a esta gente”, dijo.
En cambio, el macrista Alejandro Ávila Gallo, delegado de la Superintendencia, aseguró que “el vinculo laboral de los 10 desempleados era con la Provincia, no con la Nación”. También aseguró que el conflicto “tiene mucho que ver con la herencia”, en alusión a los nombramientos que se hicieron durante el ultimo año de gestión alperovichista. “Si se comen el presupuesto de la provincia más la partida que reciben de nosotros, no es un recorte de Nación, es una afectación que hace la Secretaría de Trabajo para las inspecciones de seguridad e higiene”, expresó Ávila Gallo. Indicó que el dinero que destina la Superintendencia al fortalecimiento de las inspecciones puede ser afectado según el criterio de la Secretaría.
“En Tucumán, el 98,5% de la partida está destinada al pago de honorarios profesionales. Esta gente (por los encadenados) debe depender de esa partida presupuestaria, que lejos de ser achicada, ha sido aumentada en un 35% en relación a 2015”, amplió Ávila Gallo.
Por su parte, Palina aseguró: “yo no puedo nombrar personas, no sé por qué yo tendría la obligación de tomarlos a ellos; fue una cuestión política que entraran y políticamente quizás lo puedan resolver, pero nunca estuvo contemplado en el presupuesto de la Secretaría el pago de sus salarios”. El secretario de Trabajo acusó a las autoridades que le antecedieron, Roberto Jiménez (secretario) y Julio Rocha (subsecretario), de “actuar irresponsablemente, tomando gente sin tener en cuenta las condiciones”.
“Para ocupar los cargos de inspectores tienen que ser profesionales y sólo tres tenían esas condiciones”, enfatizó Palina y señaló a Iván Rocha (hijo del Julio Rocha) de “no cumplir con las condiciones de trabajo” y “equivocar el proceso” de las contrataciones. “Hay un trasfondo político”, concluyó Palina.
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