Piden un juicio oral por el desvío de fondos de comedores

El fiscal anticorrupción Pedro Gallo solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que investigó el desvío de fondos destinados a comedores escolares ocurrido en 2001. El funcionario fundó su petición en la convicción de que cometieron delito el ex director de Asistencia Social Educativa, Juan César Suedan; la auxiliar administrativa en el Ministerio de Educación, Lidia Moreno de Galup; y su esposo Julio César Galup (quien no era funcionario, ni empleado público).
En su pedido de elevación, Gallo afirmó que Suedan incurrió en peculado reiterado en 81 oportunidades, con la percepción dolosa de más de $ 36.000 del erario. De algunas de esas maniobras habría participado también el matrimonio Moreno-Galup (once veces en el caso de la mujer, y cinco en el del esposo), correspondiéndole la calificación de participación criminal en el delito de peculado reiterado.

Argumentos descalificados
Gallo se pronunció por el sobreseimiento de los otros mencionados en la causa, Carlos Isa Assán (actual concejal del PJ en la capital), Pablo Consentino y Walter Enrique Masmut, quienes proveyeron de mercadería a comedores de distintas escuelas.
Suedan estuvo detenido en esta causa. Siempre afirmó que era inocente y negó que se haya apropiado de recursos destinados a escuelas, pese a que admitió haber cobrado órdenes de pago emitidas en Bocade. Afirmó que esos fondos fueron entregados por él a los comedores ("tenía un fin altruista", dijo). Los cheques salían con el nombre del establecimiento beneficiario más la cláusula "y/o" y el nombre de Suedan, Moreno de Galup o Galup, lo que permitió la maniobra.
Los argumentos de la defensa fueron desacreditados en la investigación. Gallo citó a las directoras de las escuelas damnificadas y a varios funcionarios públicos, quienes descalificaron las declaraciones de los imputados, lo que le permitió concluir que estos procedieron al cobro de fondos escolares sin el respaldo legal correspondiente y sin haber acreditado cuál fue el destino final de los fondos sustraídos. "Definitivamente falta a la verdad Suedan cuando justifica su proceder en la necesidad de redistribuir las partidas no percibidas por las escuelas luego de 15 días", sostuvo el fiscal.
La causa penal fue iniciada por una denuncia de la Unión de Docentes Tucumanos, y fue abierta durante la gestión del actual diputado nacional Esteban Jerez como fiscal anticorrupción.