70.000 expedientes ponen en riesgo un edificio histórico

Cerca de 300 toneladas de expedientes judiciales esperan su destino final en el Archivo Histórico de la provincia. Según las leyes vigentes, esa documentación debería ser quemada o incinerada luego de un engorroso trámite administrativo. Pero el Poder Ejecutivo quiere modificar el régimen para preservar el medio ambiente y los recursos naturales garantizando el reciclado de todo el material disponible.
La semana pasada, el Gobierno envió un proyecto a la Legislatura destinado a reglamentar el funcionamiento del archivo judicial y a facilitar la depuración de los documentos que permanecen guardados en el edificio de 24 de Septiembre 871. Se trata de 70.000 expedientes originados en los Tribunales entre 1902 y 1979, último año en que la Corte Suprema de Justicia giró documentación a la dependencia provincial.
La iniciativa prevé conservar los expedientes vinculados con sucesiones y con derechos reales, para garantizar la seguridad jurídica. También aquellos documentos que sean testimonios históricos, como las primeras resoluciones en las que la Justicia tucumana receptó figuras incorporadas por la legislación nacional. En la actualidad, los documentos casi no son consultados -salvo por unos pocos investigadores históricos- y se encuentran preservados sin responder a los estándares de limpieza, humedad e iluminación que se exige para este tipo de material.
Manuel Santiago Cainzo, director del archivo, explicó que la intención es preservar todos los elementos que sean testimonios de épocas pasadas, pero eliminar el material que pone en riesgo de colapso a la vieja casona que ocupa la repartición. Un informe técnico realizado en 2001, alertaba sobre el riesgo que corría el histórico edificio que mantiene su primer piso y parte de la planta baja ocupados con los viejos expedientes.
El proyecto impulsado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, plantea que la incineración del material podría afectar el medio ambiente. Por ello propone reemplazar el quemado de los documentos por un sistema, como el reciclado, que garantizará mantener los recursos naturales.
La propuesta también incluye a los documentos que se mantienen bajo custodia de la Corte Suprema, que han comenzado a generar problemas edilicios en los Tribunales. Al respecto, el Poder Ejecutivo establece nuevos plazos para proceder a la destrucción de expedientes e impulsa la creación de una comisión calificadora, conducida por el titular de la Corte, que determinará cuáles documentos se encuentran en condiciones de ser destruidos.
La comisión de Legislación General de la Legislatura tomará contacto con la iniciativa la semana próxima y podría emitir dictamen para su tratamiento durante el primer período de sesiones ordinarias de este año.