La Corte se opuso a que les reduzcan las penas a los presos

La intención del gobierno de José Alperovich de reducir las condenas de los penados chocó con la oposición de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del Ejecutivo era anunciar la medida al comienzo de la Semana Santa.
El PE elaboró un listado que abarca a la mayoría de los condenados alojados en las unidades penitenciarias. Del pedido sólo quedaron excluidos los que tienen un pésimo concepto, por generar problemas. Se los distribuyó en tres categorías, según la situación de cada uno, y para cada grupo se propuso una quita del 1%, del 2% y del 3% de la pena. En total, en la provincia hay 890 internos, entre condenados y procesados (no pueden ser beneficiados al no tener aún un castigo firme).
El alto tribunal reiteró su tradicional oposición a que se beneficie a los reos. Los vocales ni siquiera se detuvieron a estudiar la voluminosa carpeta remitida por el Ministerio de Gobierno y Justicia, en la que figuraba la lista de los condenados que podrían estar menos tiempo tras las rejas, el motivo del delito, el castigo y sus condiciones personales actuales.
A fines del año pasado, el Gobierno no dispuso ninguna merma en las penas porque acababan de asumir. Sin embargo, ya en ese momento, trascendió que la fecha elegida para hacerlo sería en Pascuas. El tema cobró actualidad en medio del reclamo de importantes sectores para que se endurezcan las penas, las condiciones de detención y los requisitos para la concesión del beneficio de la libertad condicional.

Manos libres
Los vocales de la Corte, René Goane, Alfredo Dato, Héctor Area Maidana y Alberto Brito (está de licencia el titular, Antonio Gandur) calificaron de inoportuna e inconveniente la medida. "Sin perjuicio de que se ejercite aquella facultad de la forma que se considere que corresponda", aclaró el tribunal al dejar libres las manos al Gobierno para que siga adelante, cosa que probablemente sucederá. Altas fuentes del PE minimizaron la oposición de la Corte, por entender que es lógico que así actúe el poder que colocó las penas.
Los vocales fueron terminantes al analizar la nota del ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. "Los fallos deben ser inexorablemente cumplidos. La gravísima situación socioeconómica causó un desmesurado aumento de la delincuencia, intranquilidad y el descreimiento generalizado de la sociedad en sus instituciones", concluyeron en la acordada.

Buscan limitar el uso de armas de fuego
En todo el país, sobre todo a partir del asesinato del joven Axel Blumberg, se multiplicaron los pedidos para que se incrementen las condiciones de seguridad, así como las penas para quienes delinquen. Los ecos del debate nacional llegaron al gobierno de José Alperovich. Este prepara cambios en el Código Procesal Penal de la provincia (CPPT), para que no puedan gozar del beneficio de la eximición de prisión aquellos que hayan cometido delitos con armas de fuego.
La primera modificación en la que trabaja el Ministerio de Gobierno se centra en el artículo 283, que establece los casos en que procede la eximición de prisión. En la norma se aclararía que esta posibilidad no se aplicará ni en la tenencia ni portación de armas de fuego, ni en los actos ilícitos cometidos con la ayuda de ellas.
El segundo cambio apunta a llamarles la atención a los padres de los menores que delinquen y que, para su cometido, usan armas de fuego.
El artículo 418 del CPPT autoriza a que, en los casos de menores no punibles (menos de 16 años), el juez pueda ponerlos bajo el cuidado de los padres, de personas que ofrezcan garantías morales suficientes o de la Dirección de Familia, Minoridad y Ancianos. La modificación apunta a que, cuando se haya utilizado armas de fuego, los magistrados puedan disponer la suspensión del ejercicio de la patria potestad, de la tutela o de la curatela, o incluso ordenar la internación del menor.
La medida busca que los padres o responsables de los menores ejerzan un mayor control sobre ellos para que no delincan y para que no se los tengan que alojar en establecimientos especiales. Estos, en tanto, deberían ser mejorados y reforzados.
Los equipos técnicos del Ministerio de Gobierno, que encabeza Edmundo Jiménez, ya tienen listo el proyecto de ley. En los próximos días lo girarían al gobernador, quien, a su vez, lo enviaría a la Legislatura.