Por Redacción Política
07 Abril 2004
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"En Tucumán hay 75.000 planes sociales, y entre el 30% y el 40% están mal dados". Así lo aseguró ayer el gobernador José Alperovich, cuando se refirió a las irregularidades que se están detectando en el otorgamiento de los programas sociales, especialmente en los que aparecen involucrados comisionados rurales y concejales del interior.
Esa cifra implicaría, según el cálculo del mandatario, que en la provincia hay casi 30.000 personas que gozan de un beneficio que no deberían haber obtenido del Estado.
Alperovich manifestó que las anormalidades que se observan no surgieron durante su administración, sino que vienen de gestiones anteriores. "Vengo denunciando esta injusticia desde que asumí; es una aberración; no sólo se trata de los comisionados rurales, sino que hay comerciantes que tienen planes y no los que realmente lo merecen", indicó. Sostuvo que hace cuatro meses le pidió a la Nación una auditoría en forma conjunta para terminar con "esta desigualdad". El planteo lo efectuó ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Indicó que esperará que actúe primero la Justicia ante las denuncias sobre planes mal otorgados, ya que la Provincia no puede dar de alta ni de baja a los planes y a que la responsabilidad sobre el manejo de la distribución de cupos es exclusiva del Gobierno nacional.
El titular del Poder Ejecutivo recalcó su indignación por los que tienen beneficios sociales sin reunir los requisitos. "Algunos no entendieron que hay que ser solidarios, que hay personas que realmente merecen un plan", destacó.
Reiteró que el Gobierno nacional debe intervenir para que haya una buena distribución de los programas. "De esta manera se logrará que la gente trabaje, ya que muchos no quieren prestar un servicio porque ven que les han dado los planes a comerciantes", apuntó.
Medida drástica
Por su lado, el secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, no descartó que se llegue a la intervención de las comunas donde se han constatado irregularidades. "Existe la voluntad política del gobernador", anunció. Sin embargo, dijo que el PE aguardará los resultados de la investigación judicial para adoptar alguna medida institucional.
El funcionario denunció que en Gastona se dieron 300 planes y que ningún beneficiario reside en esa localidad. "Desde el Gobierno veníamos advirtiendo esta inequidad y sabíamos que en algún momento iba a estallar", remarcó.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, dijo que el tema es muy grave y que la intervención es una medida extrema.
Justifican el veto del PE al Registro Unico
La secretaria general de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, justificó el veto del Poder Ejecutivo a la ley que establecía la creación de un Registro Unico de Beneficiarios de planes sociales y adelantó que el Gobierno está trabajando en una nueva norma.
Mirkin explicó que el PE viene trabajando en un registro de beneficiarios de planes sociales de la provincia y de potenciales beneficiarios desde octubre de 2003. En ese sentido, precisó que han relevado a 100.000 tucumanos -que hoy reciben asistencia alimentaria- y que están observando a familias de niños desnutridos para registrarlos.
Indicó que el legislador José Cano y los que aprobaron el registro único se equivocaron en cuestiones técnicas, por lo que el PE se vio en la obligación de derogar la ley. "Pero vamos a consensuar un nuevo proyecto con la Cámara, con puntos que debieron tenerse en cuenta", acotó.
Mapa de pobreza
¿El registro único servirá para fijar el mapa de la pobreza en Tucumán?, le consultó LA GACETA. "Sólo si se pudiera completar la información con la Nación, pero eso está cerrado a la provincia, porque no se nos permite ingresar a su base on line", señaló. Sin embargo, adelantó que en octubre se abrirían esos documentos para facilitar un cruzamiento de datos.
Su tarea era hacer campaña para un candidato a concejal
Los planes sociales servían para financiar la campaña electoral de sublemas del Frente Unión por Tucumán, la coalición partidaria que lideró el ahora diputado nacional Esteban Jerez.Antonio Alberto Ferrari (foto), un desocupado de 46 años, desesperado, enfermo y sin dinero, reveló que recibía un beneficio estatal, pero su labor no era comunitaria. "Cobré durante dos años, sin mayores problemas, los $ 150 del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, con el que comen mis cuatro hijos -precisó-. Trabajaba para el ex candidato a concejal Ricardo Roldán". El dirigente lideraba el sublema capitalino 5.244, "Unidos", acompañado por Silvia Griselda Utz y por Fabián Domingo Boggo.
Ferrari sostiene que Roldán es administrador de la Fundación Nuestra Señora de Fátima, con domicilio en Luis F. Nougués 1.079. "Tiene unos 2.000 planes ?Jefas y Jefes ? a su cargo. Para librarnos de la contraprestación, nos cobraba a cada uno $ 5. Yo tengo los recibos", denunció.
El vecino del pasaje Hipólito Vieytes al 1.268, a la altura de avenida Alem 1.450 de la capital, admitió que él mismo figura afectado al Programa de Huertas Comunitarias, que se lleva adelante en Malabia 2.280. "No lo conozco, no lo visité jamás y ni siquiera sé si existe -reveló-. Lo que sí sé es que hay muchos que figuran en roperos comunitarios que no existen".
El drama de Ferrari comenzó el 13 de octubre de 2003, a las 23.30, cuando intentaba bajar un cartel de unos 130 kilos, que decía "Alperovich gobernador; Juri, vice", en avenida Roca y Colón. "Roldán nos dijo que al cartel se lo había regalado el vicegobernador -puntualizó-. Y nos mostró una orden para retirarlo de una agencia de San Lorenzo 1.110 que no existe -sostuvo-. Retiramos seis avisos, en total".
Una soga se cortó y Ferrari terminó con la muñeca derecha quebrada en tres partes. Ya se operó una vez, y tiene turno para someterse a otra intervención hoy, en un hospital público, para lo que necesita clavos, tornillos y otros insumos, por valor de $ 238. Apela a la solidaridad de la gente para que lo ayuden.
Jerez reclamó que haya condenas
El diputado Esteban Jerez (Frente Cívico) reclamó que se investigue la denuncia de Antonio Alberto Ferrari y negó tener vinculación alguna con el desempleado y con el dirigente Ricardo Roldán, ex candidato a edil por el Frente Unión por Tucumán.
"Conocí a Roldán someramente, como a muchos otros candidatos. La coalición era una estructura muy amplia. Pero no tuve con él ninguna relación directa. Y a Ferrari, directamente, no lo conozco", subrayó.
Guantes blancos
"Las denuncias tienen que ser investigadas y hay que castigar a los culpables", sentenció el parlamentario nacional, en diálogo con LA GACETA. "Hay toda una sociedad reclamando que se incrementen las penas -indicó-. Pero el anhelo es que no sólo los que cometen ilícitos con armas vayan presos, sino también los que delinquen con guantes blancos".
"Si de lo que menciona Ferrari hay pruebas y tienen mérito, hay que encarcelar a los culpables", concluyó.
Esa cifra implicaría, según el cálculo del mandatario, que en la provincia hay casi 30.000 personas que gozan de un beneficio que no deberían haber obtenido del Estado.
Alperovich manifestó que las anormalidades que se observan no surgieron durante su administración, sino que vienen de gestiones anteriores. "Vengo denunciando esta injusticia desde que asumí; es una aberración; no sólo se trata de los comisionados rurales, sino que hay comerciantes que tienen planes y no los que realmente lo merecen", indicó. Sostuvo que hace cuatro meses le pidió a la Nación una auditoría en forma conjunta para terminar con "esta desigualdad". El planteo lo efectuó ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Indicó que esperará que actúe primero la Justicia ante las denuncias sobre planes mal otorgados, ya que la Provincia no puede dar de alta ni de baja a los planes y a que la responsabilidad sobre el manejo de la distribución de cupos es exclusiva del Gobierno nacional.
El titular del Poder Ejecutivo recalcó su indignación por los que tienen beneficios sociales sin reunir los requisitos. "Algunos no entendieron que hay que ser solidarios, que hay personas que realmente merecen un plan", destacó.
Reiteró que el Gobierno nacional debe intervenir para que haya una buena distribución de los programas. "De esta manera se logrará que la gente trabaje, ya que muchos no quieren prestar un servicio porque ven que les han dado los planes a comerciantes", apuntó.
Medida drástica
Por su lado, el secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, no descartó que se llegue a la intervención de las comunas donde se han constatado irregularidades. "Existe la voluntad política del gobernador", anunció. Sin embargo, dijo que el PE aguardará los resultados de la investigación judicial para adoptar alguna medida institucional.
El funcionario denunció que en Gastona se dieron 300 planes y que ningún beneficiario reside en esa localidad. "Desde el Gobierno veníamos advirtiendo esta inequidad y sabíamos que en algún momento iba a estallar", remarcó.
El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, dijo que el tema es muy grave y que la intervención es una medida extrema.
La secretaria general de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, justificó el veto del Poder Ejecutivo a la ley que establecía la creación de un Registro Unico de Beneficiarios de planes sociales y adelantó que el Gobierno está trabajando en una nueva norma.
Mirkin explicó que el PE viene trabajando en un registro de beneficiarios de planes sociales de la provincia y de potenciales beneficiarios desde octubre de 2003. En ese sentido, precisó que han relevado a 100.000 tucumanos -que hoy reciben asistencia alimentaria- y que están observando a familias de niños desnutridos para registrarlos.
Indicó que el legislador José Cano y los que aprobaron el registro único se equivocaron en cuestiones técnicas, por lo que el PE se vio en la obligación de derogar la ley. "Pero vamos a consensuar un nuevo proyecto con la Cámara, con puntos que debieron tenerse en cuenta", acotó.
Mapa de pobreza
¿El registro único servirá para fijar el mapa de la pobreza en Tucumán?, le consultó LA GACETA. "Sólo si se pudiera completar la información con la Nación, pero eso está cerrado a la provincia, porque no se nos permite ingresar a su base on line", señaló. Sin embargo, adelantó que en octubre se abrirían esos documentos para facilitar un cruzamiento de datos.
Los planes sociales servían para financiar la campaña electoral de sublemas del Frente Unión por Tucumán, la coalición partidaria que lideró el ahora diputado nacional Esteban Jerez.Antonio Alberto Ferrari (foto), un desocupado de 46 años, desesperado, enfermo y sin dinero, reveló que recibía un beneficio estatal, pero su labor no era comunitaria. "Cobré durante dos años, sin mayores problemas, los $ 150 del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, con el que comen mis cuatro hijos -precisó-. Trabajaba para el ex candidato a concejal Ricardo Roldán". El dirigente lideraba el sublema capitalino 5.244, "Unidos", acompañado por Silvia Griselda Utz y por Fabián Domingo Boggo.
Ferrari sostiene que Roldán es administrador de la Fundación Nuestra Señora de Fátima, con domicilio en Luis F. Nougués 1.079. "Tiene unos 2.000 planes ?Jefas y Jefes ? a su cargo. Para librarnos de la contraprestación, nos cobraba a cada uno $ 5. Yo tengo los recibos", denunció.
El vecino del pasaje Hipólito Vieytes al 1.268, a la altura de avenida Alem 1.450 de la capital, admitió que él mismo figura afectado al Programa de Huertas Comunitarias, que se lleva adelante en Malabia 2.280. "No lo conozco, no lo visité jamás y ni siquiera sé si existe -reveló-. Lo que sí sé es que hay muchos que figuran en roperos comunitarios que no existen".
El drama de Ferrari comenzó el 13 de octubre de 2003, a las 23.30, cuando intentaba bajar un cartel de unos 130 kilos, que decía "Alperovich gobernador; Juri, vice", en avenida Roca y Colón. "Roldán nos dijo que al cartel se lo había regalado el vicegobernador -puntualizó-. Y nos mostró una orden para retirarlo de una agencia de San Lorenzo 1.110 que no existe -sostuvo-. Retiramos seis avisos, en total".
Una soga se cortó y Ferrari terminó con la muñeca derecha quebrada en tres partes. Ya se operó una vez, y tiene turno para someterse a otra intervención hoy, en un hospital público, para lo que necesita clavos, tornillos y otros insumos, por valor de $ 238. Apela a la solidaridad de la gente para que lo ayuden.
El diputado Esteban Jerez (Frente Cívico) reclamó que se investigue la denuncia de Antonio Alberto Ferrari y negó tener vinculación alguna con el desempleado y con el dirigente Ricardo Roldán, ex candidato a edil por el Frente Unión por Tucumán.
"Conocí a Roldán someramente, como a muchos otros candidatos. La coalición era una estructura muy amplia. Pero no tuve con él ninguna relación directa. Y a Ferrari, directamente, no lo conozco", subrayó.
Guantes blancos
"Las denuncias tienen que ser investigadas y hay que castigar a los culpables", sentenció el parlamentario nacional, en diálogo con LA GACETA. "Hay toda una sociedad reclamando que se incrementen las penas -indicó-. Pero el anhelo es que no sólo los que cometen ilícitos con armas vayan presos, sino también los que delinquen con guantes blancos".
"Si de lo que menciona Ferrari hay pruebas y tienen mérito, hay que encarcelar a los culpables", concluyó.
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