Analizan si Koltan incurrió en administración fraudulenta

Antes de fin de mes se resolvería la causa vinculada al subsidio otorgado por el Estado al empresario Oscar Macías. La etapa de instrucción está casi concluida. Ahora el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, evalúa si ordenará nuevas medidas para formar un criterio definitivo sobre la situación de los imputados, el principal de los cuales es el interventor del Subsidio de Salud, Mario Koltan.
Macías recibió $ 27.627, lo que le permitió trasladarse a la Capital Federal en un avión sanitario (padece problemas vasculares) e internarse en el Instituto Fleni. El empresario inmobiliario no es afiliado al Subsidio de Salud, pese a lo cual Koltan dispuso el desembolso del dinero. El funcionario sería el principal involucrado en la presunta irregularidad.
Gallo confirmó que, de haberse cometido un delito en el caso, este sería el de administración fraudulenta, y señaló que, en principio, no hace falta nada más. "La investigación está virtualmente terminada y habría una resolución en fecha cercana", afirmó. En el expediente constan todos los elementos y testimonios recabados.

Medidas ineficaces
El fiscal admitió que no impulsará ninguna de las medidas solicitadas por el legislador opositor Alejandro Sangenis para determinar la fortuna de Macías o si es afiliado a la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. "No sería útil, pertinente ni reviste interés judicial alguno averiguar lo que se pide. Conocer la situación patrimonial del beneficiario no es el objeto de esta Fiscalía. Lo determinante es que no es afiliado al Subsidio de Salud. De haber sido una persona pobre, no hubiese variado la situación", explicó.
"No queremos afectar a Macías, quien es conocido. Posiblemente se podría agravar la situación de la institución en caso de que a un afiliado se le haya negado un aporte económico alegando problemas de fondos", deslizó.
En forma paralela, avanza la investigación a cuatro empleados de la Caja Popular por la presunta presentación de comprobantes irregulares para justificar gastos por $ 209.000. Los imputados son Raúl Bulacio, Luis Quinteros, Adrián Chehuán y Héctor Monasterio. Gallo analizará la conducta de los funcionarios superiores que otorgaron los viáticos y los actos administrativos internos.