Las luces de alarma se encendieron en el Poder Judicial. De las 10 fiscalías de Instrucción de la capital, sólo seis están ocupadas. Los funcionarios que están a cargo de ellas deben multiplicarse para atender las causas propias y las de las cuatro restantes. Además, los cinco juzgados de Instrucción estaban ayer en manos de sólo dos jueces, por vacancias o licencias de los restantes.
El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, reconoció que están en crisis. Como responsable del funcionamiento de las fiscalías, reclamó personal y un marco legal que le posibilite atender las responsabilidades a su cargo. Entre las falencias, reconoció que no puede ejercer adecuadamente el control ni la supervisión sobre los funcionarios inferiores.
"En 2000, al Ministerio Público (MP) se le asignó que ejerza la superintendencia sobre las fiscalías, pero sin agregarle nada a la estructura anterior. No puedo nombrar, ascender o cesantear personal. Urge tener más empleados y un marco normativo, sea por reforma constitucional o por ley, que defina la naturaleza jurídica de esta oficina", se quejó.
De Mitri recordó que sólo dispone de seis personas para atender su despacho (tiene un secretario, un prosecretario, dos empleados y dos relatores encargados de los pronunciamientos en las causas que llegan). "Cuando se debe hacer una auditoría, se recurre a un fiscal de Cámara, distrayéndolo de sus funciones naturales. El MP debe ser autónomo, independiente y autárquico del Poder Judicial. En otras provincias, tiene una estructura de superintendencia y hasta una oficina de ayuda a las víctimas de delitos, con fiscales generales delegados. Acá no se prevé nada", lamentó.Con las idas de los fiscales Héctor Musi y Gustavo Estofán (el primero fue destituido y el segundo renunció antes de que se profundizara el juicio político en su contra), el funcionamiento del primer escalón del fuero penal quedó reducido en casi un 50%.
"El control que se debe realizar no es algo ordinario. No gira sobre si un empleado cumple bien o mal con su tarea, sino si el fiscal elegido constitucionalmente hace cumplir la ley, respetando su criterio. No se los puede sustituir con instrucciones, asfixiar o quitarles autonomía. No son peones para ser dirigidos", protestó.
Mucha demora
De Mitri solicitó a la Legislatura que apure la cobertura de dos fiscalías vacantes, ya que los pliegos de los candidatos son analizados por el Parlamento desde enero. "Hay mucha urgencia, más allá de la trascendencia de la selección de los magistrados y de la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie", dijo.
Al mismo tiempo, el ministro fiscal pidió a la sociedad que ejerza con responsabilidad el derecho de plantear pedidos de juicio político. "Se crea zozobra e inestabilidad emocional en quienes son acusados. Además, virtualmente se paraliza la actividad parlamentaria", concluyó el funcionario judicial.
El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, reconoció que están en crisis. Como responsable del funcionamiento de las fiscalías, reclamó personal y un marco legal que le posibilite atender las responsabilidades a su cargo. Entre las falencias, reconoció que no puede ejercer adecuadamente el control ni la supervisión sobre los funcionarios inferiores.
"En 2000, al Ministerio Público (MP) se le asignó que ejerza la superintendencia sobre las fiscalías, pero sin agregarle nada a la estructura anterior. No puedo nombrar, ascender o cesantear personal. Urge tener más empleados y un marco normativo, sea por reforma constitucional o por ley, que defina la naturaleza jurídica de esta oficina", se quejó.
De Mitri recordó que sólo dispone de seis personas para atender su despacho (tiene un secretario, un prosecretario, dos empleados y dos relatores encargados de los pronunciamientos en las causas que llegan). "Cuando se debe hacer una auditoría, se recurre a un fiscal de Cámara, distrayéndolo de sus funciones naturales. El MP debe ser autónomo, independiente y autárquico del Poder Judicial. En otras provincias, tiene una estructura de superintendencia y hasta una oficina de ayuda a las víctimas de delitos, con fiscales generales delegados. Acá no se prevé nada", lamentó.Con las idas de los fiscales Héctor Musi y Gustavo Estofán (el primero fue destituido y el segundo renunció antes de que se profundizara el juicio político en su contra), el funcionamiento del primer escalón del fuero penal quedó reducido en casi un 50%.
"El control que se debe realizar no es algo ordinario. No gira sobre si un empleado cumple bien o mal con su tarea, sino si el fiscal elegido constitucionalmente hace cumplir la ley, respetando su criterio. No se los puede sustituir con instrucciones, asfixiar o quitarles autonomía. No son peones para ser dirigidos", protestó.
Mucha demora
De Mitri solicitó a la Legislatura que apure la cobertura de dos fiscalías vacantes, ya que los pliegos de los candidatos son analizados por el Parlamento desde enero. "Hay mucha urgencia, más allá de la trascendencia de la selección de los magistrados y de la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie", dijo.
Al mismo tiempo, el ministro fiscal pidió a la sociedad que ejerza con responsabilidad el derecho de plantear pedidos de juicio político. "Se crea zozobra e inestabilidad emocional en quienes son acusados. Además, virtualmente se paraliza la actividad parlamentaria", concluyó el funcionario judicial.







